El coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Álvaro Martínez, informó este jueves en la Comisión de Presupuesto del Senado que peligra la continuidad de 166 contratos laborales que están próximos a vencerse, uno de los cuales es el suyo. Martínez hizo estas declaraciones al ser consultado por el reclamo de los trabajadores del PMB, que este jueves se declararon en conflicto por la “incertidumbre” sobre la continuidad de los contratos que vencen en diciembre.
La comisión que estudia el proyecto de ley de presupuesto recibió este jueves a una delegación del MVOT encabezada por la ministra de Vivienda, Irene Moreira, quien debió retirarse de la sala antes de finalizar la sesión para asistir a una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Luego de su marcha, la delegación se encargó de responder las preguntas que elaboraron los senadores, y Martínez habló tras la consulta de la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, que, enterada de la situación de los trabajadores del PMB, transmitió su inquietud a las autoridades.
“En parte, la información sobre la preocupación que tiene la señora senadora se la puedo proporcionar yo, porque mi contrato está en esas condiciones”, respondió Martínez. El jerarca reconoció estar “preocupado” por la situación, “no sólo por ser el coordinador, sino por ser el responsable de toda la gente y del contenido del programa en sí”, y sostuvo que, ante este escenario, sus expectativas están puestas en una prórroga del crédito presupuestal que rige hasta el 31 de diciembre (Contrato de Préstamo 3097 del Banco Interamericano de Desarrollo), que ya solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero hasta el momento no obtuvo respuesta. “Para continuar con el programa siempre se contó con esta prórroga”, aseguró Martínez, ya que permite “paliar o mitigar el fin de un crédito presupuestal y el inicio de otro que entra en vigencia a partir del 1º de enero”.
“Si la prórroga no prospera, el 31 de diciembre el programa tendría que parar con los riesgos que aquí se han manifestado, como las obras en curso”. Álvaro Martínez, coordinador del Plan de Mejoramiento de Barrios.
Los tiempos apremian, explicó Martínez, dado que “para empezar a operar con el crédito presupuestal nuevo se va a demorar más o menos seis meses”. “Si la prórroga no prospera, el 31 de diciembre el programa tendría que parar con los riesgos que aquí se han manifestado, como las obras en curso”, admitió. El coordinador del PMB señaló que “históricamente, el programa funcionó con un crédito presupuestal y una prórroga de dos años” y que ahora se está “evaluando la posibilidad de que sea de uno, pero eso surgió recién esta semana”.
“Si prospera la prórroga, eso estaría saneado”, apuntó Martínez, pero señaló que al pasar a un contrato de crédito presupuestal nuevo se debe solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que paga los honorarios, la realización de un nuevo convenio, para lo cual hay plazo hasta el 10 de diciembre. Consultado nuevamente por Della Ventura sobre la posibilidad de llegar a los plazos necesarios para dar continuidad al programa en sus condiciones actuales, Martínez manifestó que se están “manejando los tiempos administrativos del Estado”, por lo que admitió que “hay riesgos latentes donde hay compromisos con subejecutores o con empresas constructoras para su continuidad”.
Por su parte, el director general de Secretaría, Gabriel Albornoz, sostuvo que el ministerio ha cumplido con “minimizar el tema de no recontratar gente”, ayudado por la reducción del abatimiento presupuestal, que para el caso del MVOT fue de 15% en lugar de 40%, pero afirmó que de los “casi 900 contratos” que tiene actualmente la cartera “evidentemente se consideró que había mucha gente que no era necesario recontratar”.
“Cuando comenzamos la transición con el MVOT, se nos informó por escrito que teníamos 131 contratos, de los cuales la mayoría eran primeras experiencias laborales y los otros eran contratos de trabajo y de otro tipo. Cuando llegamos al ministerio empezamos a desglosar todos los contratos y, en pocos meses, vimos que teníamos 875, o sea que no eran 131”, apuntó Albornoz. El coronel retirado señaló que “hoy por hoy, esos 875 contratos variaron, llegaron a un pico mayor y, como ahora no se está recontratando, disminuyeron”. “Quizás exista ese temor, pero hasta ahora hemos cumplido y a todas las personas que realmente eran necesarias se les renovó el contrato sin importar del pelo que fueran”, aseveró.
Peligra la continuidad de 166 contratos laborales que están próximos a vencerse.
Ultimátum
Trabajadores del PMB se declararon este jueves en conflicto y prevén movilizarse frente al edificio ministerial el 3 de noviembre si no obtienen ninguna respuesta en el corto plazo. Los 35 contratos que vencen en diciembre corresponden a los trabajadores del PMB que se desempeñan en la Intendencia de Montevideo (IM), en el marco de lo que anteriormente se conocía como Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.
Se trata de contratos a término por un año que “por la vía de los hechos” se han venido renovando año a año, comentó a la diaria una trabajadora del PMB que prefirió reservar su nombre. Explicó que lo que desconcierta a los funcionarios es que en años anteriores no se produjo “este ida y vuelta de que va a haber recortes” en el programa, y que a fines de setiembre normalmente se están firmando los términos de referencia, que son el paso previo a la renovación del contrato, que se firma antes de diciembre.
El Decreto 90/020 publicado en marzo encendió las alarmas en los trabajadores, que en mayo se organizaron en un colectivo. “Luego empezaron a haber distintas instancias de recortes que se empezaban a informar de forma muy informal, verbal, directamente a las empresas constructoras y no a los trabajadores, hasta que a principios de setiembre el programa envió una nota a la IM comunicando el recorte y la reprogramación de los proyectos”, relató la trabajadora. Fue entonces cuando se solicitó una reunión a Martínez, que hasta el momento no fue concedida, y luego a Moreira, que tampoco ha accedido.
“Estamos entrando a noviembre y, en caso de que no exista recontratación, nosotros tenemos que empezar a tomarnos las licencias del contrato que estamos terminando, entonces van a empezar a quedar vacíos los proyectos, sin una preparación para ese vacío o una transferencia de información a otros compañeros”, advirtió la trabajadora, y aseguró que el “nivel de incertidumbre” entre los trabajadores se está tornando “bastante insostenible”, teniendo en cuenta “que de acá a dos meses puede haber muchos que nos estemos quedando sin trabajo”.