La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) evaluó que la pauta que presentó el gobierno para el sector público “consagra una pérdida” de salario real en el período y que se trató de una decisión “unilateral” de las autoridades. Ahora apuesta a negociar para mantener los beneficios extrasalariales del convenio vigente, que vence a fin de año.
En la mañana del lunes, en el Consejo Superior del Sector Público, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentaron a los trabajadores la pauta salarial para el período 2021-2024. La fórmula contempla ajustes salariales en enero de cada año. En 2021 se plantea un ajuste de los salarios públicos que corresponderá a la inflación de 2020 “menos el centro del rango meta”, que es 5% . Esto asegura una pérdida de salario real de 5% en el primer año. En los siguientes años el ajuste se realizará en función de la inflación prevista en la ley de Presupuesto —se corregirá si la inflación es mayor al siguiente ajuste—, contemplando una recuperación de 45% de lo perdido el primer año en 2024. A su vez, en 2023 podría haber una recuperación de 25% si no hay necesidad de un retroactivo por la inflación pasada.
“El Poder Ejecutivo establece un mecanismo de pauta salarial para todo el quinquenio que no asegura la posibilidad de una recuperación del salario de los trabajadores públicos. Se consagra una pérdida de alrededor de 5% en el período y es difícil de asimilar eso”, dijo a la diaria el secretario general de COFE, Joselo López.
El gremialista explicó que, previo a la instancia del lunes, el sindicato y el gobierno venían discutiendo las condiciones del próximo convenio colectivo sobre la base de la necesidad transmitida por las autoridades “de generar un equilibrio en las finanzas públicas”. En COFE había voluntad “de hacer un esfuerzo”, buscando algún mecanismo “que permitiera tener una pérdida salarial pero asegurar una recuperación dentro del período”.
Sin embargo, López lamentó que con la presentación en el Consejo Superior del Sector Público “el gobierno cerró la negociación y unilateralmente impuso una pauta” que se incluirá en la próxima Ley de Presupuesto.
Ahora cada rama dentro de los funcionarios públicos está evaluando los pasos a seguir, porque hay particularidades en los distintos convenios. En el caso de COFE, se acordó con las autoridades que el convenio vigente no caiga por el momento y pueda negociarse hasta 60 días antes del vencimiento —que es el 31 de diciembre— por los beneficios extrasalariales, que se pretende mantener.
Es que, con las condiciones vigentes, el gobierno podía “denunciar” el convenio y dejar que caigan todos los beneficios extrasalariales con 120 días de antelación a la finalización del acuerdo. “Ese era un problema grave, hubo una negociación que no fue fácil y llegamos a bajarlo a 60 días. Ahora COFE, más allá de la pauta salarial, podrá negociar” los demás beneficios, detalló López.
En función de estos últimos acontecimientos, este martes COFE llevará a cabo una asamblea nacional de delegados en la que definirá si mantiene el paro general de 24 horas votado para el jueves o se unifica la medida con el paro general del PIT-CNT previsto para el 17 de setiembre.