La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP), integrante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), vuelve a denunciar, esta vez ante el Senado, las dificultades que tienen los trabajadores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para cumplir con los cometidos de esa cartera, en especial teniendo en cuenta la Rendición de Cuentas que se está discutiendo en el Parlamento.
“Desde hace varios años las leyes de Presupuesto, las Rendiciones de Cuentas y recientemente con el Decreto Nº 90/020 vienen reduciendo los recursos para funcionamiento e inversiones, y se reduce la cantidad de trabajadores no llenando vacantes”, señala el documento que el sindicato presentará ante los senadores.
Carolina Alcuri, secretaria general de AFGAP, dijo a la diaria que en lo que va de este período no se ha cumplido ni siquiera con lo que dice el decreto (que sólo se ocupe un tercio de las vacantes generadas). “De las 111 bajas por jubilación (98), fallecimiento (seis), renuncia (seis) y destitución (uno), ninguno de dichos cargos fue provisto”, especifica el documento difundido por el sindicato.
Sobre la Rendición de Cuentas, Alcuri comentó que les preocupan en especial dos artículos: el 126, por el que se agregarían nuevas funciones a las establecidas para la Dirección General de Servicios Ganaderos, específicamente en la División Laboratorios Veterinarios, “tal como el contralor de medios digitales (plataformas digitales, aplicaciones digitales y sitios web) con el fin de comercializar productos veterinarios, o el secuestro administrativo o confiscación de mercaderías”. En este caso los funcionarios se preguntan: “¿Cómo será posible realizar este tipo de tareas cuando las plantillas de funcionarios del laboratorio vienen descendiendo continuamente y sin reposición? ¿Cómo es posible que sigan aumentando las funciones que realizan los funcionarios cuando estamos al borde del incumplimiento de los cometidos sustantivos por falta de personal?”.
La dirigente sindical dijo que de los 1.600 funcionarios del MGAP la mitad tiene causal jubilatoria, y la pandemia generada por la covid-19 “ha apresurado que los compañeros se acojan a ese benéfico. Hoy por hoy los funcionarios son escasos para los cometidos que tienen y en este artículo se les agregan nuevas funciones”.
También aseguró que les preocupa lo que pasa con las barreras sanitarias en los pasos de frontera: “Tenemos menos de 70 funcionarios y 30 de ellos se jubilan. Las propias autoridades del Ministerio hace pocas semanas informaron de la presencia en la región de dos enfermedades altamente transmisibles, como la peste porcina africana y HLB [Huanglongbing, más conocida como enverdecimiento de los cítricos] que podría afectar a toda la citricultura porque es mortal y no tiene cura”.
El otro artículo que inquieta a los funcionarios es el 128, que “autoriza a la Dirección General Servicios Ganaderos a habilitar, registrar y controlar a privados para cumplir actividades de apoyo al control higiénico sanitario y tecnológico de la carne, productos, subproductos y derivados reconociendo la competencia a la División Industria Animal”.
En este caso Alcuri explicó: “Hoy en día todos los establecimientos habilitados para la exportación o abastecer el mercado interno en la industria cárnica son fiscalizados por el servicio oficial del MGAP, por los funcionarios y funcionarias. Lo que cambia con este artículo es que para las plantas que realizan exportaciones les vamos a seguir brindando el servicio oficial, son 20% de las plantas habilitadas, mientras que 80% son las que abastecen al mercado interno; ellas, a su costo, van a tener que contratar veterinarios privados para que sean los que fiscalicen la inocuidad del alimento”.
Para la secretaria general de AFGAP hay una transferencia de roles del Estado al privado y “una conjunción de intereses entre el fiscalizado y el fiscalizador. Hay una gran duda en esa relación de dependencia. Hoy en día, al ser el servicio oficial el que hace ese control, da las garantías a la población de que los alimentos están en buenas condiciones”. De aprobarse el artículo “habrá un control doble, uno para la carne que exportamos, que va a ser de excelente calidad y garantida por el servicio oficial, y otra para el consumo de las y los uruguayos”.
Al ser consultada sobre si esta no sería una manera de alivianar la carga de los funcionarios, dijo que no, ya que en el MGAP hay más de 700 vacantes, entre llamados de ascensos e ingresos, por lo que no se necesita más presupuesto del que tiene. Sin embargo, no hay personal de recursos humanos para llevar adelante los concursos. Alcuri comentó que se necesitarían diez personas para que integren los tribunales y se dediquen sólo a esa tarea.
Por esto, los funcionarios del MGAP rechazan los artículos de esta Rendición de Cuentas, “por improcedente y omisa”. “Improcedente, porque privatiza el Estado, retirándose de su rol de control y fiscalización oficial. Omisa porque una vez más, pierde la oportunidad de crear cargos para paliar la crítica situación de los servicios y poder cumplir con nuestras tareas”.