“El empleo es la principal preocupación de todos los sectores de la sociedad en este momento, y en este sentido el movimiento sindical ha desplegado una serie de propuestas que apuntan a la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad y al sostén de los que pueden seguirse perdiendo en el corto plazo. Sin embargo, estamos convencidos de que tanto la salida de la crisis como la generación de puestos de trabajo debe hacerse desde la creación de empleos de calidad; y los ingresos por el trabajo –al igual que el registro a la seguridad social- son aspectos clave que hacen a un trabajo decente”, dice un documento del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT publicado en julio de este año, cuando el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Alfredo Antía, planteó la posibilidad de contratar trabajadores con salarios inferiores a los mínimos legales establecidos para las categorías.
Alejandra Picco, economista de ese instituto del PIT-CNT, comentó a la diaria que antes de que el Poder Ejecutivo (PE) presentara los lineamientos para esta novena ronda de los Consejos de Salarios se había comentado la posibilidad de que la CIU presentara formalmente esta propuesta, pero eso no sucedió.
Este miércoles El Observador publicó que la CIU y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) tienen preparado un proyecto de ley para que las empresas puedan contratar empleados con salarios equivalentes a 70% de lo que establecen los laudos vigentes. Antía explicó a la diaria que esto se enmarca dentro de un proyecto más amplio con distintas medidas que proponen las gremiales, que pasan por lo tributario, la negociación colectiva y otros aspectos de la legislación laboral.
El presidente de la CIU dijo que que estas propuestas surgen de la búsqueda de “que la negociación [colectiva] sea más eficiente dentro de las ramas”, porque hoy “se establecen las mismas obligaciones independientemente de las diferencias” y ese método “está condenado al fracaso”. Señaló que en este aspecto “Uruguay está atrasado con lo que ocurre en el mundo”. Antía se reunió el lunes con Lacalle Pou, y explicó que la CIU llevó “estas ideas y otros asuntos” al mandatario.
Aclaró que no existe una postura contraria a la negociación salarial, pero se entiende que la consecuencia de la diagramación actual del diálogo entre trabajadores y empresarios ha sido el cierre de empresas, su pasaje a la informalidad y la pérdida de puestos de trabajo.
La CIU tiene registro de 2.400 empresas que cerraron en el último quinquenio y una pérdida de 23.000 empleos en el sector. “Creemos que debe haber una maduración del sistema y hacer ver esas realidades: que son distintas las empresas de distinto tamaño”, expresó Antía. Dentro del combo de aspectos a considerar, mencionó la automatización del trabajo, la necesidad de generar empleo —más de 240.000 personas se anotaron para los jornales solidarios de las intendencias— y los niveles de tributación de las empresas.
En tanto, Picco aseguró a la diaria que en algunos grupos ya se han planteado propuestas similares, como por ejemplo incluir nuevas categorías con salarios por debajo del laudo. “Se han propuesto categorías de ingresos transitorias; es un poco lo mismo pero llevado a un terreno concreto. Lo plantearon en el Grupo 22, de ganadería, tambos y arroceras, que no es un sector al que se pueda decir que le va mal. La ARU [Asociación Rural del Uruguay] propuso la creación de una nueva categoría de ingreso, lo que en verdad ellos ya tienen, porque hay una categoría de aprendiz de peón. Ahora propusieron una más baja con un salario más bajo”, comentó, y aclaró que los trabajadores rechazaron esta posibilidad porque fue creada en su momento para la generación de empleo y no tiene sentido volver a hacerlo.
“Plantear que es el salario lo que pone un obstáculo al crecimiento del empleo es una propuesta al barrer y sin ningún diagnóstico”, sostuvo Picco. La economista aseguró que en muchos sectores ya hay laudos mínimos muy bajos con relación a la canasta básica, entonces se preguntó: “¿Cuál es el límite? Ya los ingresos de los hogares vienen muy golpeados con la caída de los salarios durante la ronda puente, pero también por la pérdida de horas y la cantidad de trabajadores que estuvieron en el seguro de desempleo, y eso afecta el ingreso de los hogares y el mercado interno. Hoy por hoy, no hay que mirar al empelo y al salario como cosas contradictorias”.
Desde el punto de vista de la central sindical mejorar el nivel de los salarios de los hogares es una forma de reactivar la actividad económica, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento de incertidumbre y no está claro lo que va a pasar, por ejemplo, con las inversiones y el turismo. Sobre este último caso, Picco señaló que se trata de “un servicio muy intensivo en mano de obra”, y más allá de la apertura de las fronteras uruguayas, “Brasil y Argentina están muy golpeados por la crisis”.
La economista considera que los problemas de algunos de los sectores de la industria no se deben a los salarios, porque “así como se saca esta propuesta después se puede decir que a los empresarios también les serviría para rebajar los costos que los trabajadores no hagan aportes a la seguridad social. Aun si eso fuera generador de empleo, está mal. ¿Queremos un país en el que los salarios sean cada vez más bajos para generar empleos? Estamos en el marco de una crisis, eso está claro, obviamente que la persona que perdió el trabajo está en la peor situación posible, pero las condiciones de empleo, que también incluyen un salario digno, hay que preservarlas”.
La propuesta de las cámaras
la diaria accedió al documento que contiene las propuestas para el “proyecto de ley de promoción de inversiones y creación de empleo” que presentarían las cámaras y que abarca a todos los sectores de actividad, independientemente de su situación actual, e incluiría exoneraciones de aportes patronales, y el pago de un salario equivalente al 70% del laudo de la categoría. Este contrato “de emergencia” generaría “todos los haberes salariales (aguinaldo, licencia, SV [salario vacacional] etc.) salvo los indemnizatorios (IPD-Indemnización por despido)”, según expresa el documento.
El texto señala que “el salario resultante no puede resultar menor al Salario Mínimo Nacional”, y que la contratación sería por un año con la posibilidad de extenderlo a dos. Además agrega: “No puede reducirse personal en la mínima categoría del contratado de emergencia durante el período de contratación, salvo por razones de notoria mala conducta, Si hay reducción de personal, se puede aplicar el mínimo del laudo”.
En el punto “Modernización laboral” propondrían: “promover 'bolsa de horas' para que jornadas de más de 8 horas se puedan compensar con días de menor actividad”, “posibilidad de corrimiento de horas de descanso en la jornada laboral”, “fraccionamiento de licencias en períodos más corto de mutuo acuerdo, y ajustar en este sentido los pagos del salario vacacional”, y “polifuncionalidad sobre todo en la mipymes, redefinición de categorías para ese segmento de empresas”.