La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) emitió un comunicado en el que anunció que pedirá una nueva prórroga del plazo para entregar al Poder Ejecutivo un documento con recomendaciones para la reforma jubilatoria. El aplazamiento, que será el tercero, irá hasta el 30 de octubre. Si realmente terminara en esa fecha, en este mes y poco que le queda de trabajo a la comisión los representantes del gobierno y la coalición multicolor deberán ultimar los detalles del borrador que presentarán a los expertos que representan al Frente Amplio (FA), al PIT-CNT, a la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay y a las cámaras empresariales, que a su vez deberán debatir el texto internamente, y luego todas las partes trabajarán en conjunto para llegar a un documento final.
En el comunicado se informa que “se ha venido trabajando” en propuestas de la representante de los empresarios, Elvira Domínguez, y que “se acordó incorporar en la consideración tres iniciativas” de Hugo Bai, del PIT CNT.
Domínguez contó a la diaria que su propuesta va “en el sentido de crear un fondo de protección al trabajador autónomo y microempresario”. “Siempre entendimos que el empresario, sobre todo el micro y pequeño, es un trabajador más que debe estar amparado en derechos de seguridad social”, expresó, y agregó que se busca una cobertura similar “a la que tienen los trabajadores de la construcción con el Fondo de Cesantía y Retiro [Focer]”, un sistema de cuentas personales de ahorro al que aportan los empleados con parte de su salario y las empresas con otro porcentaje, para usar en épocas de desempleo.
Según dijo, la idea es “alcanzar con algún tipo de cobertura” a los microempresarios “para situaciones de emergencia”, ya que la ausencia de la cobertura “quedó en evidencia durante la pandemia”. No obstante, reconoció que no hay recursos suficientes para implementar un sistema así, por lo que es necesario buscar mecanismos de financiación.
Por su parte, Bai dijo a la diaria que las propuestas del PIT-CNT que analizará la CESS son las mismas que presentó días atrás ante el Senado el director del Banco de Previsión Social [BPS] en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, en el marco del estudio de la Rendición de Cuentas, y que consisten en “transparentar los números” de la asistencia financiera al BPS. En concreto, dijo que la asistencia que recibe este organismo “no es la que aparece en los balances”, sino que es “significativamente menor”.
En primer lugar, dijo que “las exoneraciones de aportes patronales, para los sectores que las tienen, representan aproximadamente 230 millones de dólares al año”. Aseguró que el PIT-CNT no las cuestiona con el fin de eliminarlas, sino que Rentas Generales “tendría que poner” ese monto “como ingreso genuino de la seguridad social”, es decir, que las exoneraciones “no repercutan negativamente en el balance” del BPS.
La segunda iniciativa “tiene que ver con el cobro de la comisión que DGI le hace al BPS por la recaudación de los impuestos”. Especificó que “uno de los ingresos de la seguridad social son siete puntos de IVA y el IASS, pero eso lo recauda la DGI”, que “cobra una comisión a BPS de 5%”, lo que “representa unos 90 millones de dólares”, por lo que propuso eliminarla. La última medida propuesta es la de “cobrar una comisión a las AFAP por el trabajo administrativo que hace el BPS”, o sea, “que no haya una especie de subsidio cruzado del BPS hacia las AFAP”, como en su opinión lo hay ahora.
Bai expresó que esas tres medidas “abatirían en buena medida gran parte de lo que hoy es la asistencia financiera” al BPS, “que está en el orden de algo más de 600 millones de dólares anuales”.
“Se desdibujó completamente”
El representante del PIT-CNT también manifestó que el trabajo en la comisión “se desdibujó completamente” en los últimos meses debido a la falta de participación de las organizaciones sociales y el FA en la elaboración del borrador del documento, el cual desconocen.
Bai consideró que la CESS funcionó “con un clima muy cordial y con mucha rigurosidad técnica en los planteos hasta fines de junio”, y luego de eso cambió la situación. “La discusión sobre el contenido de ese documento está estrictamente centrada en un intercambio entre los representantes de los partidos que integran la coalición más quienes la integran en representación del Poder Ejecutivo”, dijo.
A su vez, Jimena Pardo, del FA, coincidió en que “el trabajo en la comisión con los representantes del FA y representantes sociales estaba parado básicamente desde julio”. Dijo que “más allá de que se entiende perfecto la necesidad del gobierno de consensuar ciertos parámetros”, desde el FA hubieran “preferido que fuera en el marco de un diálogo” con todos los actores. “Ahora estamos a la espera del borrador y en base a eso se armará un plan de trabajo en donde esperamos poder incidir en algo”, expresó.
Mientras tanto, Domínguez, que también afirmó desconocer el borrador en el que trabaja el oficialismo, dijo que le hubiera gustado “poder estar en todo el proceso, pero hay que comprender que son muchas las partes interesadas y que hay que ir logrando los consensos de menos a más”. “Primero tiene que estar la coalición de gobierno de acuerdo con un texto para después poderlo consensuar con los actores sociales y con la oposición. Me parece una estrategia correcta”, apuntó.