Supongamos que una mujer de 30 años, a la que vamos a llamar Paula, antes de la pandemia trabajaba como moza en un bar de los tantos que funcionaban en la Ciudad Vieja de Montevideo. En 2020, cuando se aplicaron las mayores restricciones sanitarias por la covid-19, la mandaron al seguro de desempleo, pero cuando se terminó el período de ese beneficio no la retomaron. En ese entonces, era muy difícil conseguir un nuevo empleo, por lo que decidió usar algunos ahorros para pagar las cuentas y comprar lo básico para vivir. Pasó el tiempo, las restricciones se redujeron y Paula se puso a buscar empleo, pero no la llamaban de ningún lado.
Decidió entonces anotarse en una agencia de colocación de personal. La página parecía seria y sabía de personas a las que les había dado resultado. Llenó todos los datos requeridos, subió su currículum y su foto, leyó los términos y todo le pareció correcto; en general, las condiciones se referían a la utilización de sus datos personales. Todo bien. En algo más de un mes y medio la llamaron por un empleo y comenzó a trabajar por lo que establece el laudo, pero no está en la planilla de su nuevo empleador, sino en la de la empresa que la colocó. Además, si es despedida no le corresponde indemnización; eso no lo sabía. Quiere denunciar su situación pero tiene miedo de ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) porque la agencia es el único lugar por el que ha logrado conseguir trabajo, los ahorros se le terminaron y tiene que subsistir.
Esta es una historia inventada, pero le podría estar pasando a cualquiera en este momento. Ante la gran penetración de empresas de colocación de personal, diputados del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley para regularlas.
Uno de los primeros problemas a solucionar es prohibir “la prestación de planilla con fines lucrativos para la empresa suministradora”, lo que “provoca una gran injusticia en cuanto a la forma en que algunas empresas obtienen una ganancia en su provecho, a costillas del trabajador, quien con su trabajo es la única fuente generadora de riqueza en esta relación de dependencia”, dice la exposición de motivos del proyecto, impulsado por Javier Radiccioni.
En el texto se especifica que lo que se quiere tener es una legislación para las empresas que no aportan otra cosa que “mano de obra de un tercero, en especial en la modalidad conocida internacionalmente como payrolling, en la cual ni siquiera es la empresa que agrega a la plantilla quien selecciona al trabajador”.
Según una de las empresas de colocación de personal más conocidas en Uruguay, el payroll es una “suite de soluciones”, entre las que se encuentran: liquidación de haberes mensuales de acuerdo con la normativa vigente; emisión de recibos de salarios del personal y apoyo en el pago de remuneraciones; realización de trámites y generación de reportes de acuerdo a las necesidades; administración de la documentación laboral obligatoria (planilla de trabajo, libro de registro laboral, entre otros); realización de trámites vinculados a las altas y bajas de personal; apoyo en trámites para la incorporación de personal extranjero; confección de asientos de sueldos y reportes de control contable; y asesoramiento legal y control de cumplimiento de normativa y de liquidaciones realizadas por la empresa.
“Queremos impedir aquella actividad que claramente es el ‘merchandising’ de la fuerza de trabajo humana, donde en pleno siglo XXI sigue existiendo esta forma de explotación, en la cual una empresa mediante artilugios legales factura por la fuerza de trabajo de una persona a quien no la provee de herramientas válidas para aplicar al trabajo; sino que intermedia con la fuerza laboral de esta en favor de obtener un lucro, tal lo acontecido en la esclavitud antigua”, dice la exposición de motivos.
El proyecto asegura que este tipo de empresas van en detrimento del salario del trabajador, porque las colocadoras de personal se quedan con parte del salario cuando ese dinero podría estar incrementado al salario directamente. “Además, debilita las relaciones laborales porque sólo dan seguridad jurídica a la empleadora en detrimento del trabajador”, agrega.
Según la argumentación, estas empresas lo que hacen es perjudicar al empleado a la hora de reclamar derechos laborales y “lo alejan de un sano diálogo con sus verdaderos empleadores”.
Según Radiccioni, lo que haría la ley sería mejorar la normativa existente dando un marco legal a lo que hasta ahora establece el Decreto 137/016. El diputado nacionalista dijo a la diaria que se trata de las agencias que todos conocen y que aparecen en las páginas de los diarios y en internet: “Hay varias, son muy conocidas y no cumplen con el decreto porque prestan mano de obra y muchas veces el contratante es el Estado”, dijo, y aseguró que hizo un pedido de informe al MTSS para saber cuántos empleos o gente en planilla de estas empresas hay en el ámbito público.
El nacionalista explicó que si bien las empresas cumplen con los laudos, “es claro que la empresa está dispuesta a pagar un plus más por el trabajo de esa persona, y ese plus no llega al trabajador sino que se lo queda esta empresa que intermedia con el único objeto de poner a disposición el trabajo de un tercero”.
El diputado agregó que no están teniendo en cuenta a las empresas de contratación de servicios, porque estas asumen una responsabilidad y la ejecutan por cuenta propia; tampoco se trata de las empresas que prestan a los trabajadores “bajo su responsabilidad, y a su vez aportan capital industrial o capital comercial”. “Estamos hablando de prestadoras de planilla, de las que cobran por gestionar y tener trabajadores que están sujetos a la subordinación de un tercero que es su empleador directo [real]”, explicó.
Para el diputado, lo que hacen las “agencias” disminuye los derechos del trabajador porque “si bien existe una ley de tercerización, eso en un juicio hay que probarlo. Además, no es lo mismo reclamar contra una empresa nacional que contra una multinacional que el día de mañana es la que te puede colocar en otro empleo. Lo que sucede es que pasan a ser monopólicas y las personas tienen miedo de ejercer sus derechos porque dependen de ese monopolio, que cada vez abarca más del mercado laboral”, aseguró.
Radiccioni dijo que está de acuerdo con que la empresa seleccione el personal, pero no con que se transforme en una subcontratación, “por eso establecemos en la ley un máximo de 25 jornales o un sueldo mensual para aquel que coloque a la persona. Queremos que sigan funcionando empresas que sustituyan a las que no pueden por sí mismas generar un departamento de selección de personal; lo que no queremos es que exista el payrolling”, dijo.
Con relación al proyecto, Radiccioni dijo que aún no entró en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados, pero espera presentarla en cuanto termine el receso. “En esto deberíamos estar todos de acuerdo en defensa del trabajador”, opinó el nacionalista sobre la discusión parlamentaria.
En tanto, el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero, vicepresidente de la comisión, dijo a la diaria que el proyecto de ley tiene mucho de lo que está contemplado en el Decreto 137/016.
En principio, Otero tiene una opinión favorable al proyecto porque “es regular y poner determinados énfasis en empresas que mal, bien o regular están en el mercado”. “En este momento, cuando se está tratando de recuperar los miles de empleos que se perdieron, tienen un papel importante y, además, están instaladas”, planteó.
De todas formas, una de las cosas que cree que hay que asegurar en la ley es que las personas que accedan a un trabajo a través de las colocadoras “no paguen peaje”, es decir que no se les quite parte del sueldo; “eso hay que transparentarlo muy bien, no es algo que pueda estar bien visto”.
Algo que para el frenteamplista hay que agregar es la seguridad del trabajador de poder sindicalizarse sin que eso lo perjudique o le valga represalias. “Que no exista un clearing del trabajador”, subrayó. “Eso me parece que le estaría faltando a la ley”, dijo, y agregó que se trata de un asunto delicado que “puede tentar mucho a las empresas que quieran llegar al personal a través de otras empresas. La ley tiene que ser explícita; si está previsto y escrito, mejor”, concluyó.
Comparaciones
Gabriel Otero redactó un documento en el que compara la ley propuesta por los nacionalistas con el decreto vigente. Entre las innovaciones respecto del decreto menciona los artículos 12, 13, 20 y 21. Estos indican cuánto puede cobrar la agencia, prohíben el payroll; determinan que si se aplica multa por denuncia del trabajador este se verá favorecido con 50% de esta; y se deroga el decreto.
Según el texto redactado por el frenteamplista, “el proyecto de ley es básicamente una copia del decreto, no sólo por decir lo mismo, sino por decirlo con las mismas palabras. En gran medida incluso manteniendo el orden –orden ‘lógico’– de las disposiciones. Y cuando se modifica no se hace para lograr otro resultado”. Sin embargo, señaló que es bueno discutir la ley porque tiene un alcance jurídico mayor que el decreto.