La Agrupación de Censistas (AC), que depende de la Asociación de Empleados de Estadística y Censo (Aseec) y está bajo la órbita de Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) –por contrato y laudo–, se presentó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para hacer el reclamo por el incumplimiento de contrato acordado con el Intituto Nacional de Estadística (INE) para realizar la tarea del censo nacional 2023.
Jacobo Calvo, integrante de la AC, dijo a la diaria que el miércoles 18 habrá una instancia en el MTSS, en la que estarán presentes representantes de la Dirección Nacional de Trabajo, trabajadores e integrantes de Fuecys y el INE. En caso de que este instituto no se haga presente, su ausencia sería pasible de la aplicación de una multa. Calvo indicó que hubo inclumplimiento en los pagos con unas 4.500 personas en todo el país.
Agregó que al trabajar para el Estado en un contrato privado “hay muchas trabas” y que los trabajadores se sienten en “tierra de nadie”. “Tuvimos que golpear muchas puertas. Tal es así que quien nos terminó dando asesoramiento legal fue un abogado del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos”, recordó.
El contrato que tenían los trabajadores es privado, en una triangulación con el INE y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Según el acuerdo con los trabajadores, por cada persona que sea censada, en una entrevista de menos de 15 minutos, se tenía que abonar 91 pesos, por una entrevista de entre 15 y 30 minutos, la suma de 150 pesos y por una de 30 a 45 minutos corresponden 202 pesos. “Esas cantidades nosotros nunca las vimos. Y en una entrevista en una casa a cinco o seis personas, había una diferencia de unos cuantos pesos”, dijo Calvo.
En cuanto a qué pago recibían, dijo que a cada censista se le pagaba diez pesos por vivienda, y 15 pesos por persona encuestada. “Era un promedio de entre dos y tres personas por domicilio, que aproximadamente terminaba siendo un promedio aproximado de 60 pesos por cada hogar”, detalló.
Señaló que “lo que no hay en el contrato es una especificación de eso ni como se contabiliza el tiempo”, y agregó que el vínculo de las personas para realizar el censo no era con el INE, por lo cual no eran ni son funcionarios públicos. Calvo explicó, además, que fueron “a llevar una carta por estos temas a la CND, y nos dijeron que en ese organismo el dinero llega desde el INE, se liquida y vuelve para atrás. Esto provoca que todo sea lento, incluso hay compañeros que todavía no cobraron la liquidación de su trabajo”.
Consultado por las denuncias efectuadas tiempo atrás por agresiones, robos y rapiñas a algunos censistas en la zona metropolitana, respondió que sobre ese tema “no se sabe nada”, ni qué avances hubo en ese asunto. “En eso hay silencio absoluto. Sentimos que no se quiere tocar ese tema”, sostuvo.
Afiliados a la AC asistirán este viernes a la sede del INE para entregar la citación para el miércoles 18, confirmó el vocero, que meses atrás realizó la tarea de censista en Montevideo.