La Federación Ancap (Fancap) y la administración del ente público siguen en conflicto por la situación de las plantas de despacho de combustible de Ancap en Laguna del Sauce, ya que desde el gobierno hay intención de involucrar a privados en la gestión, algo que es rechazado por los trabajadores. En el marco de esas protestas, se tomaron medidas sindicales y, según denuncia Fancap, la administración aplicó sanciones económicas a los trabajadores.
Mediante un comunicado, los trabajadores sindicalizados sostienen que “durante todo el conflicto jamás se realizaron medidas que generen desabastecimiento a la población, así como tampoco se paró la refinación de petróleo”. Sin embargo, desde la administración aplicaron sanciones económicas a 85 trabajadores de la refinería de La Teja, “configurando una nueva acción de persecución sindical”, establecen.
Resaltan que desde Fancap se busca “mantener la operación continua de la refinería de La Teja”, ya que “es de una importancia estratégica y vital”, pero no por eso dejarán de tomar medidas sindicales; en el comunicado, además, marcan el rechazo a que “la administración actúe impunemente castigando y tratando de amedrentar y disciplinar a nuestros trabajadores y trabajadoras”.
Desde Fancap apelan a “la revisión por parte del directorio de Ancap de la decisión de aplicar estas sanciones, una decisión que vulnera la genuina voluntad de negociación y el respeto a los acuerdos allí alcanzados”.
Así las cosas, si para el 1º de marzo la sanción es efectivamente aplicada, se dispuso “un paro total de actividades” para el otro día, “sin la asignación de guardias gremiales”, al tiempo que resaltan que se hará “tal y cual lo establece el Protocolo de Parada de Procesos Continuos en Refinería y Hornos de Cemento Portland”.
“Es difícil negociar cuando hay sanciones en la mesa”
Las sanciones se enmarcan en el Decreto 401/008, que establece el descuento salarial ante la adopción de medidas gremiales; no obstante, desde Fancap entienden que el decreto sólo se aplica a funcionarios de la administración central y, en el caso de Ancap, es un ente autónomo. De no revisarse la decisión, en marzo, los 85 trabajadores sancionados tendrán un descuento de 15%.
Esta no es la única vez que sucede, ya que “se ha aplicado en otras situaciones a compañeras y compañeros en diferentes conflictos en administraciones anteriores”, explicó a la diaria la presidenta del sindicato, Natalia Belo, y se manifestó en contra “de este decreto que reprime a los trabajadores a la hora de llevar adelante una medida”, máxime cuando anteriormente, en el caso de las plantas de aerocombustible, hubo un acuerdo firmado con la administración el 18 de enero -en el que también participaron los ministerios de Trabajo e Industria- de “no innovar” durante “diez meses”.
“En menos de diez días la administración planteó sanciones”, señaló Belo; si bien estas fueron contra trabajadores de la refinería de La Teja que en el marco de paros decretados por el PIT-CNT no firmaron los permisos de trabajo -puesto que la definición de Fancap es no parar, sino adoptar otras medidas secundarias-, la presidenta del sindicato entendió que de todas formas es “atentar” contra lo acordado en el caso de las plantas de aerocombustible, puesto que “es difícil negociar cuando hay sanciones en la mesa”.
En caso de que “la administración no desista de esta medida”, llevarán a cabo el paro con el consecuente “protocolo de parada de refinería y de hornos de pórtland”, lo que ocasionará “una pérdida total con la consecuente detención tanto de la refinería como de las plantas de portland”.
La respuesta de Ancap
Ante el comunicado de Fancap, el directorio del ente respondió con otro texto, en el que justifica la decisión de aplicar el Decreto 401/008 “bajo la premisa de que la libertad en la acción sindical debe ser siempre respetada, pero el trabajo no realizado no tiene que ser remunerado por la empresa”.
En el comunicado, de todas formas, Ancap insiste en “su vocación de diálogo, el mayor respeto de la actividad sindical” y rechaza “el calificativo de ‘persecución’ esgrimido por el sindicato”, al tiempo que aduce que “los descuentos por tiempo no trabajado no son sanciones”.
“Al mismo tiempo, apela a la dirigencia sindical a reconsiderar no forzar a la detención de procesos continuos en la refinería y en las plantas de pórtland ya que, de ocurrir, podrían traer aparejadas consecuencias muy graves y desproporcionadas”, insisten desde el ente.
Según el comunicado, en el caso de la refinería, la decisión de no firmar los permisos de trabajo en el área de mantenimiento “supuso el incumplimiento parcial de las responsabilidades de la función de un conjunto de operadores e impidió ejecutar tareas planificadas” en este sentido, que “tenían que ver con la seguridad de los equipos”.
Asimismo, se explica que “en más de una oportunidad Ancap solicitó guardias de excepción para ejecutar tareas necesarias, lo cual fue rechazado por el sindicato”. A fines de diciembre, Ancap “resolvió un programa global de llenado de vacantes que no afecta el rol operativo de refinería observado en los últimos seis años y desestimó el reclamo de aumento salarial para cierto grupo de funcionarios por obvias razones de equidad interna y de limitación presupuestal”, reconoce el directorio en el texto.
Desde el ente reconocen, además, que respecto de las plantas de aerocombustibles, a raíz del acta firmada, la administración “reconsideró los descuentos decididos con respecto a funcionarios de Logística y Laboratorio y, en función de las negociaciones en curso, no se aplicarán”.