El jueves 16 de marzo la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados recibió a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) y a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que argumentaron a favor de la aprobación del proyecto de ley que busca atraer profesionales extranjeros de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) para que se radiquen en Uruguay para trabajar. Según informó la diaria, en esa instancia se acordó que el proyecto se votará el 13 de abril; además, cuenta con el apoyo de legisladores de la coalición de gobierno y la oposición, que consideraron que el proyecto será aprobado por todos los partidos.
De acuerdo al acta taquigráfica de la sesión, la comisión recibió en primer lugar a una delegación de la CUTI, que estuvo integrada por su presidente, Carlo Acle, y su expresidente Leonardo Loureiro. En su exposición Acle abogó por la necesidad de aprobar el proyecto de ley, que a su criterio es una “herramienta” para resolver “temporalmente” los problemas de falta de mano de obra calificada que enfrenta el sector, que, según dijo, “tiene una faltante estimada en el entorno de los 3.000 puestos de trabajo”.
“Lo que siempre mencionamos es que hoy en día las empresas, tanto uruguayas como multinacionales, por esa falta de talento en el sector están creciendo en otros países de la región. Hoy empresas uruguayas, sobre todo por falta de gente, resuelven abrir operaciones y oficinas en países como Colombia, Perú, Chile, México y Costa Rica”, argumentó.
La consecuencia de eso es que Uruguay pierde ingresos, ya que los profesionales de ese rubro terminan tributando fuera del país y gastan en otro lugar. Por otro lado, Acle apuntó que la CUTI recibe semanalmente a empresas extranjeras y multinacionales interesadas en invertir en Uruguay: “Si uno tiene estas herramientas funcionando [en referencia al proyecto], puede dar una solución a un problema real, que es, por ejemplo, contratar 200 o 300 personas en un año”.
En ese sentido, señaló que la ley puede ayudar a que las propias empresas extranjeras atraigan gente de diferentes países y “abrir estos centros de operaciones de una manera mucho más rápida respecto de como lo pueden hacer hoy en día”. Acerca de ese último punto, consideró que la iniciativa puede potenciar a Uruguay como un polo tecnológico.
Acle insistió con que, de aprobarse la ley, no se resolverían los problemas del sector, pero indicó que esto ayudaría a mitigar la necesidad de gente con más experiencia mientras se sigue “empujando los procesos de formación”. “Eso lo queremos dejar bien claro, porque para nosotros es clave que los procesos de formación, los cupos y la capacidad de la UTEC [Universidad Tecnológica], la UTU y la Universidad de la República sigan creciendo en todo el país”, añadió.
Para Loureiro, que también expuso sobre el tema, el proyecto es “una herramienta más para seguir consolidando esta industria a nivel internacional”. Argumentó que la importancia de la llegada de personal extranjero enriquece al sector por el “intercambio multicultural” que se genera, lo que es “muy importante cuando se quiere ser una industria internacional”, en el marco de un sector que compite con “cualquier empresa de las grandes potencias”.
El expresidente de la CUTI insistió con que hay empresas que debieron instalarse en otros países para seguir creciendo, y añadió que hay firmas que tienen que contratar a “casi la mitad de su gente” fuera del país. “Todo eso implica salarios e impuestos que se pagan en los países donde nosotros estamos pagando esos salarios; no se está recaudando eso aquí, en el país, por intermedio de distintos impuestos o por el propio consumo”, reiteró.
Según él, el objetivo de la ley es que los extranjeros que lleguen se queden: “Si es gente joven, con seniority-antigüedad-, que consiga un esposo o esposa, que se enamore del país y de su gente y que establezca familia aquí; [así es] como se construyó Uruguay a principios de siglo [XX]”, recordó.
Acle concluyó que la CUTI considera que el texto del proyecto “es muy útil”. Además, apuntó que la cámara está trabajando junto con Uruguay XXI para facilitar el soft landing -aterrizaje suave- de los extranjeros que lleguen para que no tengan problemas. Al respecto explicó que no quieren que los profesionales extranjeros se vayan una vez que los convencen de trabajar en Uruguay, ya sea por “problemas al abrir una cuenta de banco” o “porque no tienen una garantía de alquiler”, por lo tanto, buscan solucionar estos posibles problemas que pueden presentarse.
Para trabajar y capacitar
La comisión también recibió a una delegación del MEF integrada por los contadores Julio López y Pablo Cabrera, integrantes de la Dirección de Asesoría Tributaria, la contadora Liliana Mella, directora de la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATYR) del Banco de Previsión Social (BPS), y el doctor Pablo Pazos, asesor de la ATYR.
El primero en hablar fue López, que recordó que el proyecto de ley se originó el año pasado, después de que la CUTI planteara al MEF la demanda insatisfecha de mano de obra que existe en el sector y la proyección de una mayor demanda en los próximos años. A eso se suma que en los próximos años los egresados vinculados a las TIC no van a ser suficientes para satisfacer las proyecciones de crecimiento que tiene previstas el sector. Por eso les comunicaron la necesidad de contar con “desarrolladores, programadores, administradores de bases de datos” con un nivel “senior”.
Para contextualizar mencionó que es un sector significativo en la economía y a la hora de generar puestos de trabajo, ya que abarca “más de 400 empresas, ocupa a más de 16.000 personas y alcanza a algo más de 3% del PIB”. Además, Uruguay es el mayor exportador per cápita de software de América del Sur.
Según él, la iniciativa no sólo tiene la intención de atraer extranjeros, también busca atraer con “determinados incentivos” a uruguayos radicados en el exterior para que vuelvan a trabajar al país. El objetivo, además de cubrir el déficit de mano de obra, es que el personal que llegue desde el extranjero “ayude a preparar al personal que está hoy dentro de las empresas”: “O sea, cumplen una doble función: la de trabajar, y la de capacitar a sus compañeros de trabajo”, subrayó.
Por otra parte, Cabrera explicó que la intención es que la personas que vengan del exterior tributen el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR), “es decir, que puedan optar por tributar IRNR sin beneficiarse del régimen de seguridad social en Uruguay”, ya que “si tributa IRNR, tiene que salir del régimen de la seguridad social”. Según dijo, esta es una opción que ya existe en Uruguay en zonas francas. Mella añadió que está previsto que la elección de tributar el IRNR o la seguridad social uruguaya se haga mediante una declaración jurada.
De acuerdo a Cabrera, los extranjeros que lleguen adquirirán la residencia en Uruguay, ya que estarán más de 183 días en el país, y especificó que deben obtener exclusivamente “rentas vinculadas a las actividades de “desarrollo de soportes lógicos, software o actividades de servicios vinculados a estos, pero, básicamente, son desarrolladores”.
Otra de las particularidades del proyecto es que tiene límite de tiempo de aplicación, específicamente, el 28 de febrero de 2025. La intención de esto es que luego de pasada esa fecha se haga una evaluación. “Se revisará cuáles son las hipótesis de fondo, por ejemplo, si sigue existiendo falta de personal, si las personas que están en Uruguay han podido capacitarse o no, si ha sido beneficioso, si realmente las empresas lo pudieron usar. A partir de entonces, la administración siguiente resolverá si lo renueva o simplemente fue un beneficio temporal para salir de una situación particular”, apuntó.