En contra de la “privatización” del pórtland, el mantenimiento de los puestos del trabajo en el sector y en reclamo de medidas para los trabajadores despedidos por Acodike y Riogas, la Coordinadora de Sindicatos de Ancap realizó un paro y una concentración frente a la Torre Ejecutiva. La movilización comenzó este martes a las 10.00 en la carpa del sindicato Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (Alfas), ubicada en la planta de envasado de Acodike, en La Tablada; y llegó cerca de las 12.00 a la Plaza Independencia, donde se realizó una oratoria.
El primero en tomar la palabra fue el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Richard Ferreira, que pidió “un cambio de timón” con respecto a una serie de políticas que está llevando a cabo el gobierno que, a su entender, son “negativas para los intereses del país”. En ese sentido, criticó la “privatización” y el “achicamiento del Estado” impulsados por la actual administración.
“El gobierno insiste con la privatización del agua”, apuntó, y añadió que se hizo lo mismo con la subasta del 5G, en la que se favoreció “la actividad privada de las multinacionales”. “La situación del pórtland no es ajena a esta iniciativa, está enmarcada dentro de un plan de gobierno que intenta generar una condición favorable para el interés privado, en contra de los intereses del país”, aseguró.
Por eso, “más allá de que el tema es sensible” y pidió “seguir generando las condiciones” para que el proceso licitatorio del pórtland no deje gente sin trabajo, llamó a reflexionar sobre la situación específica del recurso: “La industria del pórtland tiene que ser rentable y para eso es necesario inversión pública. Más allá de las propuestas que hemos realizado, que nunca tuvimos respuesta, lo que hoy estamos señalando es que está privatización no puede ser una decisión tomada por mayoría de tres en un directorio de Ancap”, planteó.
Señaló que, de acuerdo al pliego licitatorio, la iniciativa de que Ancap se asocie con un privado “deja al estado en condiciones minoritarias, en el mejor de los casos, con un 30 %, pero también está la posibilidad de que el Estado quede con un 10%. Obviamente en una condición muy desfavorable frente al interés privado”, sostuvo.
Ante ese escenario, propuso que se frene el proceso de asociación que está llevando a cabo el ente público y que sea el Parlamento el que “tome cartas en el asunto”. En esa línea, reclamó que se convoque al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, para ser interpelado por este tema y que haya una discusión en la que se analice las consecuencias del proceso de privatización.
“Instamos al poder político a analizar otras alternativas que tengan como principal objetivo potenciar a la industria del pórtland y que, a partir de la industria pública, que haya una mejor distribución de la riqueza, a partir de las ganancias de las empresas, que son del pueblo uruguayo”, insistió.
La siguiente en tomar la palabra fue la presidenta de la Federación Ancap (Fancap), Natalia Belo, quien recordó el rol de “la clase obrera” para evitar que se entreguen los entes del Estado a privados: “El rol de los entes del Estado es que la riqueza sea para el pueblo y no que un privado se lo lleve para afuera”, afirmó.
Con referencia a la situación del pórtland, apuntó que “está en disputa una riqueza natural de todo el pueblo uruguayo, que se la quieren entregar con un moño a los privados a cambio de nada”. Por eso, valoró que “lo más grave” serán las consecuencias a futuro para “nuestras gurisas y gurises”, que podrían terminar con “un Estado pequeño, sin fuentes de trabajo y dos o tres capitalistas dueños de toda la industria”.
Específicamente sobre el contenido del pliego licitatorio, señaló que se viola una normativa de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe “ponerle precio a cada cabeza de trabajador”: “Mercantilizan al trabajador. Entre gallos y medias tintas, tres señores de un directorio [de Ancap] resolvieron un pliego en el que cada trabajador es una mercancía para negociar con privados. No podemos permitir más retrocesos para la clase trabajadora”, indicó. Como respuesta, aseguró que los trabajadores organizados “van a resistir” llevando adelante “todas las medidas que tengamos a nuestro alcance”.
“Los compromisos de palabra son mentira”
No hubo sólo palabras sobre la situación del portland. Andrés Guichón, presidente de Alfas, dedicó su turno a visibilizar la situación de los trabajadores despedidos en el sector del supergás y recordó que el origen del conflicto se debe a los cambios en las licitaciones que hizo Ancap a las empresas del supergás. Por eso, apuntó que el gobierno también tiene responsabilidad sobre la situación.
Comentó que los más de 60 puestos de trabajo en Acodike y Riogas “no desaparecieron” con el despido masivo de los empleados y que las desvinculaciones se debieron a una política antisindical de las empresas. Además, destacó la situación de vulnerabilidad de los trabajadores del sector, que “están lesionados por el propio trabajo, pero no se mejoran sus condiciones”. En ese sentido, hizo especial énfasis en la situación de Riogas, donde “los trabajadores son descartables, los tiran para afuera, traen nuevos y a los tres meses los cambian de vuelta”.
“Eso genera en los trabajadores lesiones y la imposibilidad de insertarse en otros lugares de trabajo”, alertó y agregó que ambas empresas de envasado “precarizan el trabajo, pagan menos, contratan tercerizados y después los despiden”. Señaló también que Acodike, “de los 48 despidos, solo reconoce 14 porque los otros son tercerizados. Se ve que no son personas, no tienen familia, no son trabajadores”, ironizó.
Planteó que actualmente está comenzando la zafra del supergás y que eso significa “cada vez más trabajo y dinero para las empresas”. Además, indicó que durante la pandemia ambas firmas crecieron cerca de 10% y que “se siguen enriqueciendo cada vez más”. Sin embargo, indicó que “cada vez hay más tercerización, despidos y precarización del trabajo” y que hay un impacto en el servicio de los consumidores, que es “cada vez peor”.
Sobre la afectación del servicio, explicó que “los trabajadores están amordazados” porque si denuncian “situaciones irregulares que ponen en riesgo a la población, terminan suspendidos”. Puso como ejemplo el caso de un trabajador de Riogas, “que tuvo una sanción de 14 días por dejar en evidencia a la empresa de que estaban haciendo las cosas mal”.
Por otra parte, fue crítico con la actitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Poder Ejecutivo por no tomar medidas en contra de las empresas y sí hacerlo con los trabajadores. “El propio director nacional de Trabajo [Federico Daverede] reconoció en el Parlamento que la empresa sanciona trabajadores por tomar medidas sindicales”, planteó y comentó que el MTSS “no hace nada con eso”. Sin embargo, “son los primeros en llegar cuando nosotros hacemos una ocupación”, aseguró.
También hizo referencia a la licitación del pórtland y dijo que era similar a la del supergás: “Los compromisos de palabra son mentira, el presidente de Ancap [Alejandro Stipanicic] nos dijo que no podía hacer nada porque al momento de cerrarse la licitación, los trabajadores no fueron despedidos, entonces él cumplió con su palabra. No pasó ni un mes de estos nuevos contratos y despidieron a los trabajadores. La competitividad de Ancap sólo trajo la pérdida de puestos de trabajo”, sostuvo.
Por la misma línea fue Alejandro Acosta, presidente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, que afirmó que tanto Paganini como Stipanicic les dijeron en octubre que se quedaran tranquilos en los casos del pórtland y supergás porque “no iba a haber inconvenientes con los puestos de trabajo”. “Cuando pasamos raya son más de 60 trabajadores echados, aquellos que se decía que no iba a pasar pasó”, dijo.
Al final del acto, una delegación de la Coordinadora fue hasta las puertas de la Torre Ejecutiva y entregó una carta dirigida al presidente para que “se desmantele el proceso de privatización del pórtland”, contó Acosta. Según él, la iniciativa “viola el artículo 188 de la Constitución de la República, que establece que para cualquier incorporación de capital privado a un ente público es necesaria una ley específica con mayoría de 3/5 de votos de componente de cada cámara”. En ese sentido, valoró que como la privatización “va contra los intereses del pueblo, se prefiere hacer por la vía más antidemocrática”.
Cerca del cierre, se subió al escenario el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que “convocó a la sociedad uruguaya a que no se permita la injusticia de la persecución de los compañeros del supergás”, y llamó a defender un pórtland “gestionado por el Estado” y “generar una actividad industrial importante”.