El miércoles 3, la comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes recibió a una delegación de la Federación Ancap (Fancap), que reafirmó su rechazo a la iniciativa de asociación con privados aprobada por el directorio del ente en el sector del pórtland. Durante la sesión, los sindicalistas argumentaron que, de concretarse la asociación, hay riesgo de que se pierdan puestos de trabajo, y cuestionaron que Ancap decida desprenderse de un recurso de valor como las canteras de piedra caliza.

De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, la presidenta de Fancap, Natalia Belo, reiteró que la posición del sindicato es que la propuesta del directorio de Ancap es una privatización. Por eso, entienden que “el privado por competencia ‑porque de hecho lo está haciendo‑, puede tender a bajar los precios para quedarse con el mercado”.

En ese marco, señaló que desde el sindicato no dudan “de que en caso de establecerse esta asociación que se plantea en mayoría hacia el privado, eso conlleve a un monopolio privado”. “Nosotros entendemos que es muy peligroso para un país de nuestras dimensiones, para una economía como la nuestra”, manifestó.

Una de las preguntas que le hicieron los legisladores a los representantes de Fancap fue sobre la situación actual del pliego de la licitación para la asociación con los privados, que estaba previsto que Ancap presentara luego de la Semana de Turismo. Sobre este tema, Manuel Colina, secretario general de Fancap, comentó que “el directorio de Ancap no tiene diálogo con los trabajadores ni con la organización sindical” y que la información la obtienen “por la prensa o en algún corrillo”.

Por eso, afirmó que no se sabe la fecha de salida del pliego y que “nadie lo ha visto”: “Sabemos, incluso, que hay directores de Ancap que no tienen acceso al armado del pliego”, añadió. En diálogo con la diaria, Colina confirmó que desde el sindicato aún no saben cuándo se presentará el pliego e indicó que “Ancap está atrasado por lo menos un mes y medio”.

Debido a la importancia del tema, desde Fancap señalaron a la comisión que el asunto debería ser tratado por el Parlamento y no sólo por el directorio de Ancap: “No puede quedar a la voluntad de un presidente designado por un gobierno ni un comité de cinco directores que incluso no tienen las mismas opiniones sobre el tema”, señaló Colina.

Por eso, afirmó que el sindicato considera que la cuestión tiene que ser discutida “por la sociedad en su conjunto” y en el Parlamento están “los representantes de la sociedad democráticamente electos”. Según supo la diaria por fuentes parlamentarias, en los próximos días se fijará una fecha para recibir al directorio de Ancap o a su presidente y sus asesores en la comisión.

“Vulnerabilidad” en los puestos de trabajo

Otro de los temas que se trataron durante la comisión fue la preocupación del sindicato por los efectos que puede tener la iniciativa en los puestos de trabajo. Colina contó que la industria cementera tiene una cifra cercana a 550 trabajadores, “repartidos en partes iguales” entre trabajadores públicos y tercerizados. En relación a eso, apuntó que existe “vulnerabilidad sobre las fuentes laborales” y destacó que los puestos de trabajo “de los compañeros tercerizados no están garantizados”.

Según él, eso genera una “incertidumbre permanente en los trabajadores” sobre si mantendrán sus puestos de trabajo, en el caso de los tercerizados, o “al desarraigo, a tener que dejar de contribuir a la economía local de sus departamentos”, en el caso de los públicos, que “mantendrán sus salarios, [pero] no sus puestos de trabajo”.

Sobre este tema también expuso en la sesión Germán Pastorino, integrante del sector Fancap de Minas, que recordó que cuando empezó el proceso de asociación con empresas privadas, el directorio de Ancap “decía que se iban a garantizar todos los puestos de trabajo”.

Sin embargo, apuntó que “hoy ya se está hablando de no poder garantizarlos y de discutir incentivos para retiro”. Sobre eso, indicó que desde el sindicato tienen experiencias con respecto a retiros incentivados que fueron “nefastas: nos tientan con dinero, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Todos los casos que conocemos de esos compañeros que accedieron al retiro incentivado, al poco tiempo estaban sin trabajo y la plata se había ido”.

“No se está pensando en llevar adelante una gestión para optimizar recursos”

Colina también cuestionó que se señale que la industria cementera es insostenible en manos del Estado y lo calificó como “un argumento muy débil, porque la industria cementera no es sólo el cemento; la industria cementera es la piedra caliza”. Explicó que ese tipo de roca es “uno de los elementos más requeridos en el mundo” y, “sin embargo, ante esa potencialidad tremenda, Ancap decide desprenderse de ella”.

Agregó que la piedra caliza “no sólo se utiliza para cemento, sino también para enriquecimiento de tierras”. En ese sentido, valoró que hay un “mercado hermoso para explorar en el sur de Brasil” y aseguró que “todo eso podría ser gestionado por el Estado y generar divisas y empleo genuino en lugares en los que la desocupación arrasa, como por ejemplo en Paysandú y Lavalleja”.

Según Pastorino, “no se está pensando en llevar adelante una gestión para optimizar recursos, para optimizar la producción”. Apuntó que como no se cubren vacantes, hay tareas en las que falta personal desde “aproximadamente seis años” y eso lleva a que el trabajo sea más ineficiente. Por esa misma línea, dijo que no tienen repuestos y que eso les genera dificultades cuando se les rompen los equipos, lo que ha llevado a que sean ineficientes.

“Después se sale a decir que no se puede aguantar la industria cementera, cuando tiene 19.000.000 dólares de pérdida en un año. ¿Cómo no va a tener 19.000.000 dólares de pérdida si no hacemos una gestión para que eso no suceda? Hay equipos que no están a la orden porque no tenemos gente que los arregle y tampoco contamos con el dinero”, subrayó.

Durante la sesión también intervino el diputado colorado Martín Melazzi, que planteó que “el tema del cemento pórtland a nivel mundial es un problema” ya que la oferta “está muy por encima de la demanda real que hubo desde el año 2011 a la fecha”. “Si mal no recuerdo, la oferta instalada ronda aproximadamente en 7.000.000.000 de toneladas a nivel mundial, y la demanda es 4.000”, agregó.

En ese aspecto, planteó que “políticamente capaz que a este gobierno no le interesa hacerse cargo de la producción de cemento cuando viene en caída libre y hay más ofertas que demanda. Son definiciones políticas que se pueden discutir”. Además, para el diputado, la cuestión es: “¿los uruguayos quieren hacer una planta nueva, competitiva y que, de alguna manera, se asegure la colocación de la producción?”. “Creo que esa es la pregunta para poner sobre la mesa para que los uruguayos la discutan, mostrándoles que hoy la oferta instalada está por encima de la producción, de la demanda”, planteó.