La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se reunió en asamblea y se declaró en preconflicto porque se informó “desde la Dirección General de los Servicios Administrativos que a partir de noviembre, por decisión dividida” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), “se comenzará a aplicar el nuevo sistema de licencias médicas”.
Para el sindicato, la SCJ resolvió sin el voto a favor de Elena Martínez, presidenta del organismo, y de la ministra Doris Morales, que “en el Poder Judicial hay funcionarios de primera y de segunda”. AFJU explicó a través de un comunicado que tomó algunas resoluciones, entre ellas realizar en Montevideo asambleas para explicitar la problemática, y también un plenario de delegados el viernes 15 en el interior del país.
Sobre este tema, el secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, dijo a la diaria que “el sindicato ya hace un año presentó un recurso de inconstitucionalidad”. “En su momento, la SCJ se había excusado de dar una resolución, y se conformó una corte integrada con ministros de Tribunal de Apelaciones. Interpretamos que esto consagra una diferencia entre dos clases de funcionarios, porque la ley había excluido de la aplicación a defensores y magistrados”, afirmó.
Elizalde señaló que “el impacto económico alcanza a los sueldos más bajo del Poder Judicial. Considerábamos que ya había un recurso de inconstitucionalidad y que se había planteado en más de una ocasión que se esperara la aplicación de la ley. Entendemos que es inconstitucional e ilegal la aplicación de la norma. Recorta derechos, desconoce convenios internacionales y la legislación laboral uruguaya. Tan es así que por eso fuimos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conjuntamente con COFE, y presentamos un reclamo”.
El dirigente acotó que “en la OIT redoblaron la apuesta, y lo que hicieron fue enviar el reclamo también al Comité de Libertad Sindical del organismo, donde se cuestiona fuertemente al Estado uruguayo, porque esta ley se hizo sin negociación colectiva”.
Para Elizalde, “la Corte tendría que haber sido más empática con sus trabajadores, ya que trabajamos en situaciones complejas, donde se les va a descontar cuando estén enfermos a trabajadores que están permanentemente ante conflictos de problemáticas sociales graves”.
Por otro lado, el 21 de noviembre se cumple un año del suicido de un trabajador judicial que fue víctima de acoso laboral en la Dirección General de Servicios Administrativos (DGSA), y por esta razón AFJU convoca para esa jornada a un paro que se desarrollará desde las 14.00 y las 16.00, con concentración en la SCJ.
Comunicado de AFJU
En una declaración emitida por AFJU se expresa que “llama poderosamente la atención que precisamente en el momento en que se decide por parte de la OIT la admisión de la demanda presentada por AFJU, a través del PIT-CNT, anunciando que se examinarán los elementos relativos a incumplimientos de convenios ya suscritos por el Estado, como protección del salario, seguridad y salud de los trabajadores, negociación colectiva, servicios de salud en el trabajo, entre otros, se tome esta decisión intempestiva”.
Agrega que “con un criterio claramente selectivo y en perjuicio de los trabajadores con excepción de jueces y defensores, la SCJ resuelve aplicar la reglamentación de las licencias médicas, pero no crear una oficina de salud laboral en el organismo. Se pone en primer plano el descuento del salario y no la salud de los trabajadores”.
Otro fragmento del texto dice que “está en curso el juicio de inconstitucionalidad, que se encuentra cercano a su resolución, existe la decisión de la OIT, pero el Poder Judicial, excusándose en observaciones del Tribunal de Cuentas, decide en este momento comenzar a realizar los descuentos. Sabemos perfectamente que a pesar de las observaciones existe la posibilidad de reiterar el gasto, como se hace en innumerables ocasiones y esperar las resoluciones en curso”.
La nota señala que, “existiendo un camino alternativo, esta decisión conlleva una confrontación con los trabajadores judiciales. Lejos de atender las problemáticas ocasionadas por la organización de los procesos de trabajo, las materias sensibles que ocasionan altos niveles de estrés, locales inadecuados, etcétera, que afectan a los funcionarios, se elige el camino de la insensibilidad”.
“Exigimos la suspensión de la aplicación de la nueva reglamentación de licencias médicas hasta la resolución del juicio de inconstitucionalidad y la instancia tripartita dispuesta por la OIT”, concluye el comunicado.