Extrabajadores de la estiba de los puertos de Montevideo, Fray Bentos y Nueva Palmira vienen reclamando desde hace 31 años al Estado una compensación económica que nunca cobraron por el cierre de la bolsa de trabajo de los estibadores, gestionada por la Administración Nacional de Servicios de Estiba (ANSE).
La bolsa de trabajo cerró en 1992, en el marco del proceso de privatización del puerto que ejecutó la administración del presidente Luis Alberto Lacalle. Desde ese año hasta el presente, los exestibadores han golpeado todas las puertas posibles, han hablado con gobiernos y legisladores de distintos partidos, han recurrido a los medios de comunicación, pero siguen esperando una solución a su situación.
Cuando empezó la disolución de las oficinas de ANSE, se llegó a un acuerdo para indemnizar a los trabajadores —que eran jornaleros— por el cierre de la bolsa de trabajo. Los trabajadores con causal jubilatoria, recibirían 12 sueldos, mientras que los que no tuvieran serían compensados con 24 sueldos. Pero eso nunca se concretó.
Meses atrás entregaron una carta dirigida al secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, en la que solicitan ser recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou para “presentarle” su “situación”, la cual han “estado abordando durante los últimos 31 años”.
En la nota, a la que accedió la diaria, los exestibadores cuentan que durante una gira del precandidato del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado por Ciudad del Plata (San José), tuvieron “el honor” de entregarle “la documentación pertinente” y que el exsecretario de Presidencia les “aseguró que dicha documentación sería puesta a disposición del señor presidente en Torre Ejecutiva”. “Considerando al ser usted el nuevo secretario de la Presidencia tenga conocimiento del tema”, agrega la carta a Ferrés. Tras la presentación de la carta, el 17 de abril dos referentes de los exestibadores, Ernesto Coimbra y Manuel Soroba, fueron recibidos por el asesor de Presidencia Luis Calabria y abogados, según infomó Coimbra a la diaria.
El exestibador contó que les dijeron que “iban a reparar el daño. Entendieron que era un daño, estuvieron con los abogados y quedaron de citarnos para darnos una respuesta y nunca se dio, hasta el momento está en el punto cero”. Los exestibadores creen que ya deberían haberlos citado porque entendieron que la idea era que se entervistaran con el ministro de Trabajo y Seguridad Social y que, a partir de esa instancia, se formaría una comisión para analizar la situación. “Creo firmemente que esto está en el punto cero, queremos que esto se vea antes de las elecciones generales, que esto tenga una respuesta, si no, veremos qué medidas tomaremos”, concluyó Coimbra.