Desde hace 31 años, exestibadores de los puertos de Montevideo, Fray Bentos y Nueva Palmira reclaman al Estado una compensación económica que nunca les pagó por el cierre de la bolsa de trabajo de los estibadores, gestionada por la Administración Nacional de Servicios de Estiba (ANSE). El cierre se produjo en el marco del proceso de privatización del puerto en 1992. Desde ese momento los trabajadores han pasado numerosas veces por el Parlamento en distintos períodos de gobierno y han pedido y mantenido reuniones con distintos jerarcas del Poder Ejecutivo, pero no recibieron la indemnización.

En diálogo con la diaria, Ernesto Coimbra, uno de los exestibadores reclamantes, dijo que la disolución de la bolsa cambió la vida a todos los exestibadores y sus familias: “Los que debíamos crédito no lo pudimos pagar, los que alquilaban no podían seguir alquilando, y la familia cambió el tema. Nos creó un sistema de vida miserable. Eso fue lo que hizo aquel gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Queremos que entiendan que nosotros no fuimos los causantes de buscar esa privatización del puerto, lo buscó el Estado por alguna conveniencia que a nosotros nunca nos explicó”, aseguró.

“Estamos reclamando lo justo. Nosotros tenemos nuestros años, tenemos compañeros que han fallecido indigentes, que están viviendo en casas del Ministerio de Desarrollo Social, que han perdido su familia y su casa”, dijo a la diaria Wilton Barboza, también exestibador. Coimbra contó que “cuando se empezó a gestar la disolución de las oficinas de ANSE, se llegó a un acuerdo” para indemnizar a los trabajadores, que eran jornaleros, por el cierre de la bolsa de trabajo. Los trabajadores que contaran con causal jubilatoria, recibirían 12 sueldos, mientras que los que no tuvieran serían compensados con 24 sueldos.

La estiba del puerto de Montevideo estaba compuesta por varios registros, entre ellos, el A, el B, el C, el 5.000 y Herramientas. Según explicaron los estibadores, el registro A era “el registro madre” y estaba integrado por “capataces, guincheros y estibadores”, “el B era de cabotaje y el C de carga general”. El registro 5.000 cumplía la función de cubrir plazas en cualquiera de los tres registros, a excepción de los capataces. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 16.246 -la ley de puertos-, los trabajadores que accederían a este beneficio serían “integrantes de los registros A, B y C y de Estiba”. Por lo tanto, los estibadores que no fueron indemnizados consideran que se encuentran en ese grupo, ya que al hablar de estiba en general, se los incluye.

Como todos los trabajadores eran jornaleros, “no se podía hablar de sueldo”, explicó a la diaria Manuel Soroa, que oficiaba como herramentero en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, ANSE y el sindicato del puerto -“que no estaba afiliado al PIT-CNT y era amarillo, tomaba las decisiones en la comisión”, recordó- acordaron redondear los 24 sueldos en 20.000 dólares y los 12, en 10.000 dólares. Sin embargo, al momento de pagar no les pagaron a los integrantes de los registros 5.000 y Herramientas ni a los del Registro de los puertos de Fray Bentos y Nueva Palmira. En total, eran más de 500 trabajadores.

Respuestas contradictorias

Desde que les anunciaron que no les pagarían, un grupo de estibadores comenzó a reclamar por el pago, pero desde ANSE argumentaron que no estaban incluidos entre los beneficiarios. Barboza, extrabajador de la estiba, explicó a la diaria que las agencias (empresas que se encargaban de trabajos en el puerto, como carga y descarga) dependían del personal que le brindara ANSE por sus trabajos. Las agencias le pagaban a ANSE, y ANSE a los trabajadores; los estibadores comentaron que para el pago de la indemnización por el cierre de la bolsa el acuerdo fue que, para los casos de 20.000 dólares, las agencias pusieran 12.000 y ANSE 8.000.

Según Coimbra, desde el Centro de Navegación, que nuclea a varias agencias que trabajan en el puerto, dijeron que ellos le habían dado a ANSE el dinero “para pagarle a todo el mundo”. “Nosotros no podemos asegurar quién dio la plata y quién no pagó, es algo que no conocemos, no podemos decirle al Estado que el Centro de Navegación pagó”.

En ese sentido, afirmó que desde el Estado les dijeron que “no están incluidos” en los beneficiados por la ley. Sin embargo, los exestibadores llevaron su reclamo numerosas veces al Palacio Legislativo durante todos los períodos de gobierno desde que la administración del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera disolvió su bolsa de trabajo. Barboza planteó que en esas instancias “nunca nadie les dijo que no tuvieran razón”, y recordó que hubo iniciativas parlamentarias para que su reclamo se tratara en el Poder Ejecutivo.

En 2007 la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes aprobó de forma unánime una solicitud al Poder Ejecutivo para que “remita un proyecto de ley que ampare a los extrabajadores de la estiba”. Los exestibadores comentaron a la diaria que fueron recibidos por el expresidente Tabaré Vázquez durante su primer período de gobierno y les comunicó su intención de que el problema se resolviera.

Años más tarde, en la ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2010 y 2014, se creó “en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una comisión conformada por un delegado del MTSS y un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a los efectos de estudiar la situación de los extrabajadores de la estiba, Registro 5.000 y Herramientas del Puerto de Montevideo y Registro D de los puertos de Fray Bentos y de Nueva Palmira”.

Pese a que se aprobó la comisión, integrada por Andrés Masoller, integrante del MEF, y Roberto Baz, delegado del MTSS, no se avanzó en el reclamo de los estibadores. Barboza señaló que Baz los hacía ir al ministerio “y nunca los atendía”, mientras que Masoller “se iba de viaje y nunca se reunía”. “La comisión hizo caso omiso a sus obligaciones”, afirmó.

“No se puede seguir postergando”

De acuerdo con un acta taquigráfica de la sesión del 7 de agosto de 2016 de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Silva, trabajador del puerto, dijo que el argumento desde los ministerios para no pagarles fue que “no había nada que justificara que nosotros estábamos en la previsión social desde la década del 70”.

En esa sesión, en la que la comisión aprobó enviar el acta taquigráfica al MEF, el diputado frenteamplista Luis Puig dijo que durante el proceso de privatización del puerto, en 1992, “se llegó a determinado acuerdo para algunos trabajadores vinculados con los servicios de la estiba, mientras que otros quedan excluidos. Esto ha sido reconocido unánimemente por los diferentes gobiernos. Nadie ha podido probar que a los trabajadores no les asista el derecho”.

El legislador añadió que “se debe tomar la iniciativa para resolver este asunto” y que “no cabe duda de que es algo que no se puede seguir postergando” porque el reclamo tiene “una cantidad muy importante de años”. De todas formas, aclaró que “la capacidad de tomar la iniciativa -real y efectiva- de generar los mecanismos para que se pueda ejercer los derechos, está fuera del ámbito parlamentario”.

Pese al nuevo pedido del Parlamento, el Ejecutivo no resolvió la situación. Coimbra apuntó que “es muy clara la falta de voluntad que han tenido los gobiernos para hacer esto. Este es un reclamo de Estado, fue hecha una estafa por un gobierno y otros hicieron pata ancha”. Además, afirmó que la administración actual no recibió “ninguno de sus pedidos”.

Barboza comentó que le mandó dos veces una solicitud de reunión al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y a la responsable del MEF, Azucena Arbeleche, pero no tuvo respuesta. También se comunicó nuevamente con la Comisión de Legislación Laboral, pero les dijeron que la comisión no está trabajando, ya que se está estudiando el proyecto de reforma de la seguridad social.

Coimbra insistió en que consideran que “no fueron desplazados por la ley”, sino que fueron “estafados por una administración”. Los estibadores apuestan a lograr un diálogo con el gobierno antes de la próxima rendición de cuentas para que se vuelva a formar la comisión, integrada por el MTSS, el MEF y el Banco de Previsión Social, y estudiar su caso.