Investigadores de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) evaluaron las condiciones de trabajo en cinco plataformas digitales de reparto y transporte de pasajeros –Uber, Cabify, PedidosYa, Rappi y Soydelivery–, enmarcados en el proyecto Fairwork, una iniciativa presente en 41 países dirigida por el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford y el Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Es la segunda vez que el estudio se aplica en Uruguay. La calificación se basa en cinco dimensiones —pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa— y combina investigación documental con entrevistas a trabajadores, líderes sindicales y representantes de las propias plataformas.
Los resultados son contundentes: cuatro de las cinco plataformas —Uber, Cabify, PedidosYa y Rappi— no obtuvieron ningún punto sobre 10 posibles, es decir que no pudieron demostrar el cumplimiento de “estándares mínimos de trabajo justo” en ninguno de los principios evaluados. Únicamente Soydelivery alcanzó una calificación de 8 sobre 10 puntos, lo cual, según los autores, demuestra que las malas condiciones laborales responden a decisiones asociadas al modelo de negocio y, en esa medida, son evitables.
Consultado por la diaria sobre las puntuaciones obtenidas, uno de los autores del informe, Federico Rosenbaum, advirtió que los puntajes deben leerse con matices, dado que una plataforma que obtiene 0, no necesariamente incumple en todo: el sistema solo otorga puntuación cuando existe información suficiente de cumplimiento de los requisitos del punto. “Hay márgenes grises en cada punto que la simple foto no detecta”, señaló. En comparación con la aplicación anterior del estudio en 2023, afirmó que “hubo un empeoramiento de los puntajes”, principalmente en Cabify y Rappi, aunque aclaró que ello no necesariamente supone un empeoramiento de las condiciones laborales. Este descenso en los puntajes se explica por la Ley 20.396 que regula el trabajo en plataformas, aprobada en febrero de 2025, la cual prohibió explícitamente las cláusulas abusivas y la exoneración de responsabilidad en los contratos, requisito que el estudio incorporó como criterio de evaluación. Los términos y condiciones de Cabify y Rappi no fueron modificados, sino que siempre incluyeron ese tipo de cláusulas, sin embargo en 2023 no existía legislación que lo prohibiera explícitamente; allí se explica la caída del puntaje.
La ilusión de autonomía
Los relatos de trabajadoras incluidos en el informe ilustran que el modelo de plataformas se sostiene de manera desproporcionada en población migrante y particularmente en el caso de las mujeres. Para Rosenbaum, esto se explica por las bajas barreras de entrada como un aspecto medular del modelo, dado que en algunos casos las plataformas ni siquiera exigen cédula de identidad y en consecuencia facilitan el acceso inmediato al trabajo para personas en situación de vulnerabilidad. El caso más visible es el de los migrantes que necesitan ingresos para subsistir y enviar dinero a sus familias, quienes además se ven atraídos por los pagos semanales y la posibilidad de adelantos de sueldo que el mercado formal no ofrece.
Asimismo, de acuerdo con Rosenbaum, “la teoría de la autonomía que se vende al principio, cuando se ejecuta en la práctica, dista mucho de ser la realidad”. En el informe se documentan algunas de las estrategias de supervivencia a las que recurren algunos trabajadores, como es el caso del alquiler de cuentas para no perder acceso a pedidos o mantener niveles de rendimiento, práctica que refleja el nivel de presión que ejerce el sistema de ranking sobre sus ingresos y su permanencia en la plataforma. A esto se le suma que una vez dentro del modelo, el mercado formal tampoco ofrece alternativas mejores para salir.
Juicios, represalias antisindicales y denegación de justicia
En el informe se identifica un cambio de tendencia en los juicios contra plataformas, que hasta 2023 se concentraban exclusivamente contra Uber, pero comenzaron a extenderse hacia PedidosYa. Rosenbaum atribuye este cambio a la “tasa de victoria” de los choferes, que animó a los repartidores a recurrir a la justicia. A su vez, advirtió que para el caso de los trabajadores de reparto que son mayormente migrantes, ese camino tiene barreras estructurales: “No se pueden dar el lujo de perder un trabajo haciendo un juicio”, señaló. Dentro del nuevo material judicial disponible, el investigador destaca una sentencia del Tribunal de Apelaciones que concluyó que PedidosYa desactivó la cuenta de un repartidor como represalia por su actividad sindical y ordenó su reinstalación. Según Rosenbaum, dicho caso evidenció que los algoritmos son capaces de funcionar como mecanismos de discriminación encubierta, algo que el equipo venía documentando a partir de relatos de trabajadores pero que en este caso fue comprobado por la investigación judicial.
Entre los demás hallazgos documentados por el equipo, se destaca una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de mayo de 2025, que obligó a un conductor a resolver su conflicto laboral con Uber ante un tribunal arbitral en los Países Bajos, a partir de la aplicación de una cláusula que el trabajador no tuvo opción de negociar. El caso derivó en una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún pendiente de resolución. Para Rosenbaum lo ocurrido significó una denegación de justicia, debido a que acceder a ese tribunal arbitral implica un costo mínimo de 15.000 dólares, dado que supone litigar en otro idioma y contratar profesionales en el extranjero. “Eso es una denegación de justicia, no hay ningún tipo de duda”, afirmó. De todas maneras, el investigador subraya que la postura de la SCJ cambió a partir de la normativa aprobada el pasado año, donde se establece que los tribunales uruguayos son competentes para resolver estos conflictos. No obstante, la denuncia ante la CIDH se sostiene, y según Rosenbaum “el Estado uruguayo incumplió en su momento”.
La regulación del trabajo por plataformas “es como un matafuego”
Una de las principales tensiones identificadas en el estudio es la paradoja que se desprende de la Ley 20.396. Rosenbaum explica que allí se adopta un “modelo de mínimos”, es decir, que ante las deficiencias en las condiciones de trabajo se otorga un piso de protecciones básicas, sin alcanzar los beneficios plenos de un trabajador dependiente, como licencia, aguinaldo, salario vacacional y limitación de jornada. “Es como un matafuego: hay problemas de condiciones de trabajo, les damos algunos beneficios”, señala el investigador. Dado que la norma no define si los trabajadores de plataformas son dependientes o autónomos ni brinda criterios para la calificación del vínculo laboral, un trabajador obtiene más derechos de una sentencia judicial que reconoce su dependencia laboral, que de la regulación en sí. Consultado acerca de los incentivos que tienen las plataformas para adecuarse a la regulación, Rosenbaum puntualiza que no tienen ninguno, debido a las dificultades de la inspección de trabajo para controlar los mínimos que la propia ley establece. “Modelos de inspección de trabajo como el español, bien potentes y eficaces, son ejemplos que deberíamos imitar”, contrasta el investigador.
Por otro lado, la regulación a través de mecanismos de acción colectiva ha enfrentado dificultades históricas: los intentos de Uctradu [Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones de Uruguay] de afiliarse al PIT-CNT encontraron resistencia por parte de los sindicatos del transporte tradicional. Sin embargo, según se recoge en el informe, el panorama estaría cambiando. En las últimas asambleas del PIT-CNT y de Fuecys [Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios] el tema volvió a la mesa, y Rosenbaum ve posibilidades reales de un cambio de postura. “No es una postura tan cerrada como hace diez o hace cinco años”, señala.
“Los latinoamericanos somos los conejillos de india de todas estas corporaciones”
A su vez, los investigadores dedican un capítulo a analizar el problema de la soberanía tecnológica en la economía de plataformas, entendida como la capacidad del Estado, los trabajadores y sus organizaciones de influir en los algoritmos que organizan y condicionan su trabajo.
Los autores identifican un patrón centro-periferia donde la región produce datos con un valor estratégico que es aplicado por las corporaciones del Norte global. “Les entregamos los datos, con eso hacen pruebas y con esas pruebas toman decisiones en otros países, fuera de Latinoamérica, sin que nosotros podamos incidir de ninguna manera”, afirmó Rosenbaum.
Este es uno de los temas que más preocupa a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de cara a la eventual aprobación de una norma internacional sobre trabajo en plataformas a mediados de año. Consultado sobre si el marco regulatorio nacional estaría en condiciones de adaptarse a este convenio o recomendación, Rosenbaum se muestra escéptico dado que el último borrador difundido por la OIT se centra en resolver adecuadamente la calificación del vínculo jurídico entre trabajadores y plataformas, algo que precisamente la regulación uruguaya evita. “Me decanto más por empezar un modelo nuevo”, concluye.
Cambios urgentes y perspectivas regionales
Entre los aspectos que deberían cambiar estas plataformas para mejorar sus condiciones, Rosenbaum identifica dos prioridades concretas. La primera es el salario. Para el investigador, no alcanzar el mínimo sectorial es “bastante preocupante”, especialmente en el sector de reparto, donde los trabajadores están “muy lejos de ese umbral”. La segunda son los contratos; eliminar las cláusulas de exoneración de responsabilidad es técnicamente sencillo y bastaría para cumplir con el principio de contratos justos.
El proyecto Fairwork opera simultáneamente en nueve países de América Latina, y Rosenbaum explica una conclusión que atraviesa los resultados de toda la región: “En todos los países de Latinoamérica el trabajo en plataformas muestra graves condiciones en materia de trabajo justo. Estamos muy lejos del cumplimiento de los estándares”. Y en ese contexto regional, Soydelivery se destaca como una anomalía positiva: con 8 puntos sobre 10, es una de las empresas con mayor puntaje en toda la región. “Salvo los casos cooperativos, Soydelivery es la excepción absoluta”, afirmó Rosenbaum, subrayando que la regla en América Latina continúa siendo el escaso cumplimiento de las condiciones de trabajo justo en las plataformas.