El Ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) realizó un análisis de impacto regulatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en la Industria Nacional, concretamente en cuanto a las exigencias de moratoria y salvaguardas sobre los capítulos 15, 16, 17 y 19 respectivamente. La posición de la organización fue resuelta mientras el gobierno avanza en el proceso de adhesión al tratado antes mencionado.
De acuerdo a un resumen ejecutivo, al que accedió la diaria, la Confederación “manifiesta su profunda preocupación” ante el proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y reconoce que Uruguay se encuentra “en la etapa de negociación técnica activa para alinear su normativa nacional con los estándares del bloque”.
Desde la organización se sostiene que la adhesión “sin reservas a capítulos clave”, representa un “candado legal”, el cual “amenaza las herramientas de política industrial activa y el empleo calificado”. Además, la CSI exige que la delegación negociadora “condicione la firma del Protocolo de Adhesión a la incorporación de salvaguardas, y una moratoria regulatoria para los capítulos que comprometen la soberanía productiva y el rol del Estado”.
En lo concerniente a la fase de “alineamiento regulatorio”, para la CSI hay capítulos que son considerados como “sensibles”. Uno de ellos es el vinculado a las compras públicas (capítulo 15). Al respecto, se entiende que hay un “riesgo normativo”, y ante esto, se plantea que exista una “exigencia de trato nacional para proveedores extranjeros. Esto obliga al Estado a que los proveedores externos compitan en igualdad de condiciones en las compras públicas por encima de ciertos umbrales.
También se interpreta que el acuerdo puede provocar un impacto negativo, y que “la eliminación de los márgenes de preferencia amenaza la continuidad a cientos de PyMEs uruguayas, lo que podría resultar en la destrucción de capacidades industriales instaladas y pérdida de empleo calificado”.
Con relación a las empresas públicas (capítulo 17), el riesgo normativo que identifica el informe tiene que ver con un principio de “Neutralidad Competitiva”, y que empresas como ANCAP, UTE y ANTEL “deben operar bajo consideraciones comerciales”, limitando su capacidad para otorgar o recibir subsidios. Acerca del impacto negativo, se entiende que podría significar un “debilitamiento del rol programático. Esto entra en tensión con el rol histórico de fomento al desarrollo de estos entes autónomos, y su papel en la Estrategia Nacional de Desarrollo”.
Acerca del capítulo de Política de Competencia (capítulo 16), como requisito se exige a los miembros que adopten o mantengan leyes para prohibir actividades comerciales anticompetitivas. Cada Estado asume el compromiso de aplicar sus normas de competencia a todas las actividades en su territorio.
Al respecto, la posición de la CSI es que la Confederación monitoreará la implementación para evitar que este capítulo se utilice para cuestionar la acción de las empresas públicas o los regímenes de fomento industrial.
En tanto, sobre el mercado laboral (capítulo 19), a modo de requisito, se “requiere a los países firmantes la adopción y mantenimiento en su legislación de los derechos laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La posición de la CSI es que “el compromiso formal debe ser complementado con la aplicación estricta y efectiva de los mecanismos de cumplimiento, para garantizar que la apertura comercial no se traduzca en una competencia desleal basada en la violación de derechos laborales”.
Propuestas de la CSI
La CSI propone la adopción de medidas técnicas y políticas para defender la producción y el empleo nacional antes de la ratificación parlamentaria del tratado. En materia de una “moratoria regulatoria”, la idea es solicitar una moratoria de implementación de 36 a 60 meses para los capítulos 15 y 17, sobre compras públicas y empresas públicas.
En cuanto a un “blindaje de empresas públicas y compras nacionales”, el documento plantea que existan “excepciones específicas para las empresas públicas, e incluir reservas explícitas en el Protocolo de Adhesión para preservar el rol social y programático de ANCAP, UTE, ANTEL y demás empresas públicas”.
Además, acordar una “exclusión de infraestructura crítica, que significaría excluir explícitamente los servicios públicos esenciales y la infraestructura estratégica (datos, energía, etc.) de las obligaciones de neutralidad comercial absoluta”. En cuanto a reserva de mercado, la CSI propone exigir una reserva del 20% para pymes nacionales en compras públicas.
En la “defensa del empleo industrial”, el documento propone que existan plazos de desgravación extendidos, que permitan negociar canastas de desgravación arancelaria de entre 15 y 20 años para la manufactura. La Confederación aclara sí que “estas propuestas son colocadas como aportes, si se definen otras que busquen los mismos objetivos, serán válidas para la organización sindical”.
A modo de conclusión, el resumen señala que el ingreso al CPTPP “debe asegurar que la apertura comercial no signifique el desmantelamiento de la base productiva nacional ni la entrega de nuestras herramientas soberanas de desarrollo. Por este tema, una delegación de la Confederación mantendrá el viernes 22 una reunión con la vicecanciller de la República, Valeria Csukasi, a los efectos de intercambiar opiniones e información.