Lo que previamente estaba planificado como un intercambio de ideas y posturas sobre los ejes centrales de la ley de empleo integral presentada por el gobierno, terminó en un cruce entre representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU).
La Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas organizó este miércoles la actividad “Presentación de los principales lineamientos del proyecto de Ley Integral de Empleo”, a la que fueron invitados representantes del gobierno, empresarios y trabajadores.
Tras una exposición de 45 minutos por parte de Federico Araya, director Nacional de Empleo, en la que explicó los puntos centrales y el alcance de la ley, el debate e intercambio se dio solo con Diego Yarza, gerente jurídico de la CCSU. El abogado no escatimó en críticas al contenido del proyecto, y recordó que “aún no es ley”, porque está por ser tratado en el Parlamento. Además, afirmó que “no hubo diálogo social”, en el entendido de que no se consideró a los empresarios para la elaboración y discusión de la normativa.
En ese sentido, afirmó: “La ley de empleo juvenil o de promoción de empleo es lo que se ha caracterizado en Uruguay y no importa si es novedoso o no. Desde 1998 hasta ahora es la tumba de los cracks. No me meto en quién tiene razón y quién no a nivel político. Lo que digo es que hay que ver si este instrumento es algo que termine con las causas que se sufren en materia de desempleo juvenil, que es lo que le interesa básicamente el sector privado. Ahí se tiene un problema estructural en Uruguay respecto al sector empleo juvenil”.
Yarza dijo en su intervención que “no es una crítica solo a este gobierno. No me pregunten por qué, pero en el gobierno anterior sucedió lo mismo. Se tiende a realizar este tipos de proyectos consultando a una cantidad de organizaciones relacionadas con lo público, cuando están regulando cuestiones del sector privado. A las cámaras empresariales no las tuvieron en cuenta, entonces, ahí no hay un diálogo social efectivo, evidentemente”.
El abogado también señaló que cuando ve “en una normativa que el desempleo juvenil está atado a lo que ya teníamos antes, y veo una normativa que contempla mayores beneficios para ciertos colectivos que son la minoría de la minoría, no a los jóvenes uruguayos, se me enerva la sangre. Porque ahí están los aportes para el futuro, y ahí están todos los problemas que hay en materia de seguridad social y en la jubilación. Se sabe que el país tiene una población bastante envejecida”.
Ante eso, agregó que “si no hacemos cosas para que los jóvenes puedan tener un acceso real al empleo, con subsidios reales y acciones que incentiven a las empresas, a las contrataciones, sin tener creación de empleo genuino, y nos centramos en colectivos minoritarios, estamos viendo la pirámide invertida. No digo que no se tengan que hacer cosas con esos colectivos, pero la prioridad la tienen que tener los jóvenes, que son los que estructuran la base de la pirámide de la sociedad”.
Además, cuestionó la cantidad de trámites que hay que realizar por parte de empresarios y beneficiarios para ejecutar la ley. En una clara crítica al gobierno, Yarza sostuvo que “estamos con una situación del empleo totalmente estancada. Tenemos lo peor, ya que hay proyectos dando vueltas y no se sabe en qué consisten. Las cámaras empresariales hasta ahora no saben en qué consiste el proyecto para que las empresas realicen un preaviso. No fue compartido”, destacó. “Tampoco se sabe en materia de reducción de la jornada laboral si hay algún tema nuevo, si se maneja por parte del gobierno algo distinto a lo ya presentado a nivel parlamentario. Todas esas cuestiones hacen que lógicamente le sumemos complicaciones a un mercado de trabajo y a una economía del país que está sufriendo bastante”, agregó.
25 instancias en los comités departamentales de empleo y formación profesional
Ante estas manifestaciones, el moderador de la actividad, Fernando Carotta –codirector Ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas para Uruguay y Argentina–, cedió la palabra nuevamente a Araya, quien recordó que durante 2025 se celebraron 25 instancias en los comités departamentales de empleo y formación profesional, en las que participaron representantes de los trabajadores y los empresarios, y defendió que “sí hubo diálogo”, que las manifestaciones de Yarza no se ajustaban a la realidad y que “no corresponden”.
Acerca de “las complejidades en los trámites”, sobre la posibilidad de contratación y por qué las empresas no contratan, Araya sostuvo que surgió en 99% de los intercambios de las instancias de diálogo celebradas en todo el país, que “son las demoras y las exigencias que las empresas y las personas enfrentan al momento de realizar una contratación”; también anunció que se cambiará la plataforma Vía Trabajo para agilizar y mejorar el sistema.
“Creo que en la práctica los resultados estarán en base a mejoras en la desburocratización en el proceso de contratación. Creo que es donde nos jugamos gran parte del partido”, dijo Araya, quien defendió el proyecto, las mejoras realizadas a la normativa actual y ciertas diferencias que existen con la ley de empleo vigente.
Al finalizar la intervención de Araya, tomó nuevamente la palabra Yarza, quien le contestó al director de Empleo que “si bien hemos participado en información que se nos brindó en su momento, cuando nosotros hablamos de diálogo social, hablamos de un intercambio real, no de que te informen sobre algo que están planeando hacer, sino el querer escucharte, y que se pueda aportar comentarios desde el sector privado y así enriquecer un proyecto como este”.
“Lamentablemente no tuvimos esa oportunidad. Sí quizás se pueda tener en el Parlamento, pero hoy en día no se tuvo. Somos la organización de empleadores más representativa del sector comercio y servicios de Uruguay. Es el sector que más ocupa gente y no fue consultado”, cuestionó el abogado, con cierta molestia.