Con la aprobación del proyecto de Ley Integral de Empleo en el Parlamento, madres, padres o tutores de menores de 15 años con discapacidad quedaron incluidos entre los colectivos beneficiados por la norma. En la ley de empleo anterior estos adultos no estaban contemplados. Además, para esos casos, en el artículo 3 de la norma recientemente aprobada se prevén condiciones especiales de trabajo, de forma de adecuarlas al cuidado de los menores en esa situación.
Aidemar González, presidente de la Asociación Uruguaya de Enfermedades Raras (Auder), dijo a la diaria que “es un paso muy importante”. Con respecto a la ley, sostuvo que “genera incentivos para que las empresas en el sector privado contraten a padres, madres o tutores” de menores de 15 años con discapacidad y establece que, en caso de que esos adultos estén desempleados desde hace más de seis meses, el Estado subsidia a la empresa que los contrate con 33% del sueldo si la empleada es una mujer y 25% del sueldo si es un hombre.
González agregó que esos porcentajes son para personas que pertenecen a hogares con vulnerabilidad, mientras que que para los comprendidos en el Plan de Equidad o que estén por debajo de la línea de pobreza el beneficio del subsidio es de 66% del sueldo durante los 12 primeros meses cuando se contrata a una mujer y de 50% cuando se contrata a un hombre. Por otra parte, en empresas que tengan menos de 19 trabajadores este subsidio puede extenderse hasta 18 meses.
Destacó que, según un relevamiento realizado por Unicef en 2024, 67% de las familias con niñas, niños o adolescentes con discapacidad declaran que no llegan a fin de mes, respecto del 57% de las familias que no los tienen.
Comentó que la precarización del empleo en las familias con niñas, niños o adolescentes con discapacidad es 30% superior al resto de los hogares, y que el nivel de endeudamiento de estas familias también es 30% superior respecto de los hogares que no tienen menores con discapacidad.
Acerca de estos datos, González precisó que “hay un problema vinculado al contexto socioeconómico identificado en este grupo de personas, donde los padres, madres o tutores a veces tienen que renunciar a sus trabajos, acoplarse a tareas de cuidado, y además tienen dificultades de ingresos en una estructura del empleo que es rígida y que mantiene horarios que suelen ir en dirección contraria a los tiempos de los cuidados familiares”.
“Para la asociación es importante, porque además se prevé específicamente que tiene que acoplarse el trabajo con la tarea de cuidados en el marco, por ejemplo, del trabajo a distancia, el teletrabajo o un acuerdo de horario con el empleador”, agregó.
Ahora la Auder está en proceso de intercambiar información e ideas con la Confederación Uruguaya de Cámaras Empresariales, con la red de empresas inclusivas y con el PIT-CNT, para “informar de que se incluyó este grupo dentro de la ley, para que estén en conocimiento, y que al momento de hacer las contrataciones o postulaciones a puestos de trabajo, las empresas y las familias lo sepan”.
González comentó que, según datos del Banco de Previsión Social, se abonan unos 65.000 subsidios por invalidez en el país, pero no hay datos precisos sobre qué cantidad corresponde a menores de 15 años. También dijo que 6% de la población mundial tiene enfermedades raras y que en Uruguay ese porcentaje corresponde aproximadamente a unas 200.000 personas. Sobre esto, manifestó que “muchas de esas personas con enfermedades raras tienen discapacidad e invalidez. Para diversos casos se brinda atención en el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras [Crenadecer], que actualmente atiende a unos 6.000 pacientes”.
