Continúa el conflicto por los atrasos en el pago de salarios de trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), definieron este miércoles la adopción de nuevas medidas de lucha.
En diálogo con la diaria, el secretario de Trabajadores Tercerizados del Sutiga, Diego Andrada, dijo que las medidas, votadas en asamblea, tienen por objetivo “aumentar el nivel de conflictividad” ante la falta de respuestas del Mides. “Ni siquiera nos están llamando, hemos pedido reuniones y no nos las están dando”, denunció al respecto.
Andrada recordó que los trabajadores de diferentes dispositivos ya habían adoptado un protocolo de medidas a tomar en caso de que se constataran atrasos, pero la situación llegó a un punto en el que ni las organizaciones ni el Mides son capaces de asegurar el pago en fecha de salarios. También cargó contra los contratos precarios a los que están sujetos los trabajadores: “Nunca sabemos si los compañeros van a renovar o no, y si esos contratos las organizaciones los usan incluso para echar compañeros afiliados, persiguiendo sindicalmente”, acusó.
El dirigente subrayó la necesidad de adoptar un fideicomiso que permita solventar los atrasos, algo que recordó que es una propuesta que el sindicato presentó al gobierno. “No podemos quedar rehenes de esta tercerización”, aseveró, para catalogarla como “un fracaso absoluto hace años”. “Necesitamos una respuesta, porque el ministerio no tiene otra alternativa. Vamos un año y cuatro meses de conflicto y seguimos con compañeros que no saben si mañana van a comer o van a pagar el alquiler”, resumió la situación.
Es así que dijo que, de no haber una respuesta para el lunes 17, el sindicato prevé instalar una carpa frente a la Torre Ejecutiva, y no descartó otras medidas como parte de ello: “Estamos evaluando incluso hasta una huelga de hambre”, afirmó. A esto sumó que los trabajadores definieron que todos los núcleos, sin importar la condición del pago de sus salarios, adoptarán una medida “solidaria y permanente” hasta obtener alguna respuesta, en tanto la concreción del proyecto de fideicomiso “sería la salida del conflicto”.
Además de los atrasos salariales, Andrada denunció que las demoras en el pago de transferencias por parte del Mides a las organizaciones también derivan en el incumplimiento de lo acordado en consejo de salarios con respecto al pago de años de antigüedad. “No estaría la voluntad política de este ministerio, y te diría que de este gobierno, para poder afrontar lo que legalmente tienen que pagar. Es un convenio por consejo de salarios, es gravísima la situación”, sostuvo. También se resolvió la retirada de una mesa de diálogo de políticas públicas instalada por el Mides. “A nosotros nos parecía un lugar importante, pero bueno, también por un tema ético y por un tema de lógica, no podemos estar participando en algo cuando ni siquiera nos están pagando”, se lamentó el dirigente sindical. De la misma forma, los trabajadores sindicalizados pretenden concurrir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de manera de asesorarse sobre situaciones que transitan tanto los trabajadores como los usuarios de los servicios en los que se desempeñan.
Consultado sobre si entiende que, a más de un año desde el inicio del conflicto, están dadas las condiciones para llegar a una solución desde el sistema político, Andrada recordó que al Sutiga lo “pasearon de izquierda a derecha” durante el año pasado. “Está claro lo que está pasando, todo el mundo estaba de acuerdo con que esto no puede pasar. Ahora, estamos casi llegando a la mitad del año y seguimos con el mismo problema. Entonces ya el sindicato no entiende si hay una voluntad política sincera de terminar con este tema del atraso”, cuestionó el dirigente.
“Nosotros esperamos que prime el sentido común: no podemos seguir un año más en conflicto, porque tampoco los compañeros lo están pudiendo sostener. Ni siquiera están pudiendo sostener su cotidianidad: necesitamos una respuesta del gobierno clara, del [ministro de Desarrollo Social, Gonzalo] Civila clara, de qué va a hacer con los trabajadores tercerizados en sus políticas públicas”, concluyó.
