En el marco del conflicto entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo por la concreción de un nuevo convenio colectivo, la diaria accedió a la propuesta de acercamiento que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) remitió a las partes el miércoles, tal como lo había anunciado su titular, Juan Castillo, en rueda de prensa tras una reunión tripartita.
Las medidas adoptadas por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) se han venido intensificando en los últimos tiempos y se desarrolló un paro nacional portuario el lunes que afectó la operativa del transporte de carga, a pesar de los servicios mínimos que el gobierno resolvió garantizar.
El MTSS plantea que, aunque las partes acudieron a múltiples instancias en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), “aún persisten algunas diferencias” y las medidas sindicales aplicadas “han traído consecuencias para el comercio, la producción, la economía y, obviamente, para los propios involucrados”. El comunicado posiciona el conflicto como “un tema de especial preocupación para el gobierno” y enumera las instancias de negociación tripartitas y bilaterales que fueron promovidas desde el Poder Ejecutivo, en un proceso durante el cual “tanto la empresa como el sindicato han realizado concesiones”.
Según el MTSS, persisten dos diferencias: “La primera está vinculada al contenido del convenio y refiere a una de las franjas de jornales asegurados. La segunda es de carácter económico y comprende dos aspectos: por un lado, las condiciones económicas para la firma del acuerdo, particularmente el monto de una partida fija de carácter general; y, por otro, el pago de una compensación por tareas efectivamente realizadas por determinados sectores”.
De esta manera, la iniciativa “no pretende innovar”, sino “recoger las posiciones” que ambas partes manifestaron a lo largo de la negociación. Primero, propone que a partir de mayo de 2027 “los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados pasarán a tener 21”. Por otra parte, plantea que el monto de la partida extraordinaria a pagar al momento de la firma “se establezca en el punto medio entre las posiciones planteadas por ambas partes formales e informales”, mientras que también impulsan el establecimiento de una “partida diferencial excepcional, de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo”.
Como adelantó la diaria, el Supra fijó para este jueves asambleas simultáneas en Montevideo y Nueva Palmira desde las 10.00, lo que a su vez implicó el cese de actividades desde las 8.00.
Asociación de Abogados Laboralistas: no existe un “régimen jurídico” que contemple los servicios mínimos
Este jueves, el presidente de la Asociación Uruguaya de Abogados y Abogadas Laboralistas (AULA), Daniel Parrilla, dijo a La mañana de la diaria que en la noche del miércoles realizaron una asamblea para analizar la resolución del gobierno para garantizar servicios mínimos en TCP, en la que surgieron “visiones muy críticas” al respecto, vinculadas a “cuestiones de forma y cuestiones de fondo”, además de reparar en que representa “una novedad” en las relaciones laborales del país porque “no registra antecedentes” y tampoco existe “un régimen jurídico que lo disponga”, aunque sí responde a criterios en la “jurisprudencia de los organismos de control” de la OIT.
Ahora, conformaron una comisión que elaborará un informe a partir del cual expresarán su posición. Aunque los trabajadores transmitieron que “tuvo como efecto una limitación importante al derecho de huelga” y “desnaturalizó un derecho humano fundamental”, desde AULA realizaron un análisis “estrictamente jurídico” y entienden que, si se examina la jurisprudencia de la OIT, “no hay una actividad respecto a la cual no se pueda restringir el derecho de huelga” y es preciso “partir de ahí”.
“Si hablamos de la huelga como un derecho humano fundamental porque es una extensión de la libertad sindical, y de ese instituto dependen bienes fundamentales como el carácter alimentario, por ejemplo, del salario, es un derecho humano fundamental. Bueno, vamos a ver cómo aterrizamos esos criterios de la OIT”, afirmó. Sobre la legislación nacional, señaló que “hay todo un régimen” sobre los servicios esenciales, pero “no contempla a este nuevo jugador en el sistema de relaciones laborales que es el régimen de servicios mínimos” y “no hay una norma que lo prevea”.
Por otro lado, aun en caso de que su aplicación resulte válida, “no se cumplen tampoco los criterios que el propio Comité de Libertad Sindical indica” para ponerlos en práctica. Entre ellos, mencionó que deben “limitarse a operaciones estrictamente necesarias pero sin afectar el derecho de huelga”, o que “deben participar los trabajadores en la determinación de los mismos”, y, en caso de que no haya acuerdo, “debe resolver un organismo imparcial”.
Con relación al marco normativo que el gobierno citó en la resolución, Parrilla preguntó: “¿Cómo se juega este partido, en qué cancha estamos jugando? Porque, desde el punto de vista jurídico, yo analizo la Ley 13.720 [que regula los servicios esenciales] y no entra ahí. Entonces, ¿dónde estamos jugando, en terreno jurídico o en un terreno diferente regido por presiones, por intereses?”. Con todo, entienden que “no se debería haber emitido una resolución de este tipo” y que lo pertinente era que el MTSS “hubiera continuado ese rol mediador y de acercamiento de las partes”, aunque es “casi contradictorio” que se establezcan servicios mínimos mientras al mismo tiempo se desarrolla un proceso de negociación con participación del gobierno, “porque eso puede llevar a pensar que acá lo que hubo fue una situación de injerencia o de presión”.
