Fin de semana Explicadores

Manifestación frente al Capitolio de Estados Unidos en reclamo de una moratoria nacional sobre centros de datos de IA, el 17 de noviembre.

Foto: Anna Moneymaker, AFP

¿Cinco estados de Estados Unidos prohibieron los centros de datos por su consumo energético?

Si bien varios estados impulsaron moratorias y restricciones, los antecedentes muestran que no todos aprobaron medidas de ese tipo y que las disposiciones tienen alcances diferentes.

Contenido exclusivo con tu suscripción de pago
Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta Ingresá
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que en Estados Unidos ya hay cinco estados que tienen “moratorias para que no se construyan más data centers”. La declaración fue realizada en una entrevista con la diaria Radio a mediados de octubre, en el marco de la discusión sobre la instalación de centros de datos en Uruguay y las críticas que despertó el proyecto de la empresa española Solaria, que prevé inversiones por 5.700 millones de dólares.

Sin embargo, las medidas adoptadas en Estados Unidos muestran un escenario más complejo que la prohibición e incluye iniciativas legislativas para suspender nuevas autorizaciones, restricciones a las conexiones eléctricas, exigencias ambientales y algunas prohibiciones locales, pero no todas esas disposiciones constituyen moratorias estatales vigentes.

Uno de los antecedentes más relevantes es el del estado de Nueva York. En julio pasado, la gobernadora Kathy Hochul dispuso una moratoria de un año para la construcción de grandes centros de datos, de 50 megavatios o más. La medida suspendió la emisión de nuevos permisos ambientales discrecionales mientras el estado elabora estándares para evaluar los impactos de estas instalaciones.

La decisión convirtió a Nueva York en el primer estado estadounidense en establecer una moratoria de alcance estatal para este tipo de emprendimientos. Entre los motivos señalados figuran el aumento de la demanda eléctrica, la presión sobre los recursos hídricos y el riesgo de que los costos de las nuevas infraestructuras terminen trasladándose en el costo de la energía pagado por los hogares.

Un caso diferente es el de Texas, donde su gobernador, Greg Abbott, dispuso una pausa en la aprobación de nuevos proyectos de centros de datos a través del procedimiento de conexión a la red eléctrica. La decisión respondió a las preocupaciones sobre la capacidad del sistema para atender el crecimiento de la demanda. Además, estableció que los desarrolladores deberán proporcionar información más detallada sobre sus necesidades energéticas, consumo de agua, estructura de propiedad e incentivos fiscales. Los datacenters fueron un eje clave del debate durante las elecciones de noviembre en dicho estado, e incluso la gobernadora electa Gina Hinojosa ya anticipó su vocación de combatir la instalación de nuevos centros de datos.

En Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro dispuso que estas instalaciones dejaran de integrar el programa de autorización acelerada de proyectos, y estableció requisi tos de transparencia y participación de las comunidades locales.

Otro ejemplo es el de Maine, donde se discutió una suspensión de 18 meses para nuevos centros de datos con una demanda superior a los 20 megavatios. El proyecto recibió respaldo legislativo, pero fue vetado por la gobernadora demócrata Janet Mills. La mandataria manifestó su apoyo a una moratoria en términos generales, aunque objetó que el texto no contemplara una excepción para un proyecto específico en la localidad de Jay.

Un relevamiento de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos (NCSL), identificó iniciativas de moratoria en 16 estados hasta el momento. Sin embargo, varias de ellas no habían prosperado, estaban en discusión o habían sido vetadas. Entre los proyectos que no avanzaron figuran los de Maryland, Minnesota, New Hampshire, Oklahoma y Dakota del Sur.

A su vez, un análisis del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley sobre políticas de localización de centros de datos señaló que, hasta octubre pasado, ningún estado había aprobado una moratoria mediante una ley estatal, ya que Nueva York había dispuesto una suspensión de permisos por orden ejecutiva.

La presión sobre la infraestructura eléctrica

El debate estadounidense no es aislado, debido a que la expansión de los centros de datos, impulsada especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, abrió una discusión internacional sobre la capacidad de los sistemas eléctricos para atender una demanda cada vez más creciente.

Estas instalaciones alojan miles de servidores que procesan, almacenan y transmiten información, pero para funcionar necesitan un suministro eléctrico continuo y sistemas de refrigeración que eviten el sobrecalentamiento de los equipos. Por eso, además de la energía, su funcionamiento puede implicar un consumo significativo de agua.

Además, la concentración territorial de estas infraestructuras puede exigir nuevas líneas de transmisión, subestaciones y capacidad de generación. Cuando la red tiene limitaciones, la llegada de grandes consumidores puede generar disputas sobre quién accede primero a la energía disponible y quién asume los costos de las nuevas obras.

La discusión también involucra el impacto económico de estas inversiones. Mientras sus promotores destacan la atracción de capital, el desarrollo tecnológico y la infraestructura que requieren los servicios digitales, sus críticos cuestionan la cantidad de puestos de trabajo permanentes que generan en relación con el volumen de inversión y los posibles costos ambientales y energéticos.

En Uruguay, estas interrogantes cobraron relevancia tras el anuncio del acuerdo entre el gobierno y la empresa española Solaria, presentado el 14 de octubre por el presidente, Yamandú Orsi. La iniciativa tiene una inversión proyectada de 5.700 millones de dólares e incluye la construcción de centros de datos y parques fotovoltaicos. Asimismo, hay dudas sobre la cifra de 1.500 empleos, que se crearían una vez operativa la infraestructura, cantidad considerada como sobredimensionada si se la compara con iniciativas similares.

Qué hicieron otros países

Estados Unidos, en cuyas elecciones de medio término de noviembre se votaron (y aprobaron) 40 iniciativas locales mediante voto ciudadano directo para regular o condicionar la instalación de data centers, no es el único país que revisó sus políticas para la instalación de centros de datos. Singapur, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos adoptaron medidas restrictivas, aunque con diferencias importantes y sin que eso implique una prohibición general de esta actividad.

En Irlanda, la expansión de los centros de datos, especialmente en el área de Dublín, generó preocupación por la capacidad de la red eléctrica. En 2021, el regulador energético estableció criterios restrictivos para las nuevas conexiones, que en la práctica limitaron la incorporación de nuevos proyectos. La medida dejó de estar vigente en diciembre de 2025, cuando la Comisión de Regulación de Servicios Públicos aprobó una nueva política de conexiones.

El nuevo régimen no habilita indiscriminadamente cualquier instalación sino que, entre otras condiciones, exige que los nuevos centros de datos aporten capacidad de generación o almacenamiento equivalente a la demanda máxima que solicitan a la red y que cubran al menos 80% de su consumo anual con proyectos adicionales de energía renovable generada en ese país.

Singapur también suspendió temporalmente la incorporación de nueva capacidad para centros de datos. La moratoria comenzó en 2019 y se extendió hasta 2022, cuando el gobierno resolvió retomar el crecimiento del sector mediante un sistema de asignación selectiva de capacidad. La decisión estuvo vinculada a la necesidad de equilibrar el desarrollo de la economía digital con las limitaciones energéticas, hídricas y ambientales de un territorio de 736 km2, con recursos naturales escasos.

En octubre, el Ministerio de Energía, Ciencia y Tecnología de Singapur señaló que el crecimiento del sector continuaría bajo criterios de sostenibilidad, y entre las exigencias para nuevas instalaciones figura que al menos 50% de su capacidad sea abastecida con fuentes de energía verde.

Países Bajos adoptó restricciones tanto a escala municipal como nacional. En Ámsterdam se estableció una moratoria temporal en 2019 y, en abril de 2025, el municipio resolvió impedir nuevas instalaciones y ampliaciones de centros de datos hasta al menos 2030. A escala nacional, el gobierno limitó en 2022 la instalación de centros de datos de gran escala a dos ubicaciones designadas.

Dinamarca, por su parte, avanzó hacia un modelo de priorización del acceso a la red eléctrica, de acuerdo a lo informado por la agencia Reuters. Una normativa que entró en vigor en octubre estableció que los nuevos centros de datos tendrán la prioridad más baja para obtener conexiones, por detrás de los hogares, los servicios de salud, la industria, el transporte y los proyectos de energías renovables.

¿Te interesa la diaria Verifica?
None
Suscribite
¿Te interesa la diaria Verifica?
Recibí la newsletter de la diaria Verifica en tu email cada dos martes.
Recibir