El martes se realizó la primera de tres instancias del diálogo llamadas Uruguay: hacia sistemas alimentarios más saludables, sostenibles e inclusivos. La actividad fue organizada por el Parlamento y es preparatoria de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que tendrá lugar este año.
Adrián Peña, ministro de Ambiente, recordó que el sector agropecuario es causante de 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero remarcó que no cree “en los enfrentamientos entre los sistemas productivos y el cuidado del medioambiente”. “Por el contrario, creemos en su complementación”, resaltó.
El jerarca anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que, a partir de la próxima Rendición de Cuentas, se exonerará de impuestos la “producción de compost” y su “distribución en el país”. Asimismo, adelantó que están próximos a firmar un acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para incorporar “la evaluación de riesgo ambiental por plaguicidas” y “actualizar” el registro actual de los productos.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, manifestó que los sistemas alimentarios se vinculan a “la realidad de todos”. “Nos llevan a reflexionar sobre la manera en que producimos, consumimos y cuál es el futuro que queremos”, agregó, y resaltó la necesidad de incorporar un enfoque de género a las temáticas ambientales.
Cambio climático y el rol de la ganadería
“Uruguay aporta un mínimo porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, pero somos vulnerables a los efectos adversos de esas emisiones”, expresó Natalie Pareja, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (MA). En su presentación planteó que la economía del país está “fuertemente” basada en la producción agroindustrial, los servicios y el turismo, que “se vuelca especialmente a la costa”. Debido a estos factores, indicó que la prioridad política debe ser la “adaptación” al cambio climático. Sumó que la población “más vulnerable” es la que “sufre” los efectos y que los eventos extremos son cada vez más “frecuentes” e “intensos”.
Pareja dijo que está en proceso de elaboración una estrategia climática “de largo plazo”. Abarcará el período 2020-2050 y apuntará a la baja de las emisiones de gases de efecto invernadero y a “aumentar” la resiliencia y la adaptación al clima. Declaró que estos procesos deben hacerse de una forma que “no amenace la producción de alimentos”.
Laura Astigarraga, profesora en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República e integrante del Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y a la Variabilidad Climática, centró su exposición en el papel de la ganadería en Uruguay. Recordó que el sector es causante de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país.
Desde su visión, es fundamental incentivar prácticas para regenerar la calidad de los ecosistemas, teniendo como base las prácticas agroecológicas. Sostuvo que “los sistemas de producción animal no sólo deben producir alimentos saludables a un precio accesible, también deberían contribuir a eliminar pérdidas, reciclar biomasa de la agricultura y ayudar a mantener la calidad de los ecosistemas, el almacenamiento de carbono en los suelos y la preservación de la biodiversidad”.
Astigarraga señaló que es necesario articular “mejor” el vínculo entre la ciencia y la política. De esta forma se consigue una “ciencia al servicio del país” y puede contribuir a que se tomen “mejores decisiones” a nivel de política pública. “Es parte de la devolución de la academia hacia la sociedad”, finalizó.
La biodiversidad amenazada
Gerardo Evia, director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MA, destacó que la biodiversidad está amenazada a nivel global y que el país “no escapa” a esa realidad. También apuntó a la pérdida de ecosistemas naturales. Entre 1988 y 2007 “más de un millón y medio de hectáreas” de ecosistemas naturales se habrían visto afectadas y en las últimas décadas el proceso se habría “acelerado”, según el jerarca.
“Es necesario replantear el enfoque frente a la conversión de ecosistemas y la intensificación en el uso de agroquímicos y su potencial efecto negativo para la biodiversidad”, manifestó. Evia propuso tres líneas de acción. La primera es la “identificación” y la “valoración” de los servicios ecosistémicos. La segunda es la determinación de estándares nacionales mínimos y regulaciones genéricas para la protección de “ecosistemas prioritarios”. La última recomendación apunta a la “mejora continua” en el manejo de los ecosistemas.
¿Un poco de esperanza?
En la convocatoria participó Alba Plácido, una de las integrantes de Juntas por Más. Ella es productora agroecológica y junto con otras 13 mujeres rurales conformaron la organización. “Las mujeres rurales cuidamos la tierra, la familia y la salud aprovechando los recursos naturales”, manifestó. Enfatizó que su trabajo requiere un gran esfuerzo físico, a lo que se suma ser las encargadas de las tareas de la casa. Buscan que cada una pueda tener independencia económica, el reconocimiento del trabajo de la mujer rural para que sea remunerado, y la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones.
“Cuando recibimos políticas de apoyo, las exigencias burocráticas y los trámites nos resultan abrumadores, no sólo por el tiempo; muchas mujeres rurales no tenemos estudios y se nos dificulta aprender algunos requisitos”, explicó Alba, y agregó que igual están “al firme para seguir y seguir”.