El domingo terminó la primera semana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida en esta edición como COP27. Durante estas instancias anuales tienen lugar negociaciones que definen parte del rumbo de nuestro planeta –para bien o para mal– y entenderlas no es tarea sencilla. Siguiendo la premisa de que la unión hace la fuerza, los países que forman parte del compromiso se suman a grupos para defender sus intereses en conjunto, basándose en distintas afinidades como pueden ser las geográficas o ideológicas. A su vez, una misma nación puede pertenecer a más de uno. En el caso de Uruguay, integra el G77 junto con más de 100 países del sur global, y ABU, una alianza con Argentina y Brasil.
El panorama de los grupos de negociaciones es más complejo si lo observamos desde una óptica latinoamericana. Hasta el momento, si bien existen posturas comunes en parte de los temas y un número significativo integra el G77, los países de la región negocian de forma dividida y no en bloque, como sucede en el caso de África. Por ejemplo, está la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), conformada por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. También la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que reúne a países como Cuba, Bolivia y Venezuela. Otro grupo que ha cobrado especial protagonismo en las reuniones debido a su alta vulnerabilidad frente al aumento del nivel del mar es la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aoasis), que reúne a pequeñas islas de todo el mundo. De nuestra región forman parte Cuba, Santa Lucía, Bahamas, Barbados y Haití, entre otras.
Paola Visca es asesora técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático y se encuentra en Sharm El Sheikh, balneario egipcio que es la sede de la COP este año, como parte de la delegación uruguaya. Entre el caos característico de las conferencias, se tomó el tiempo de conversar con la diaria sobre cuáles son los puntos que están siendo protagonistas en las negociaciones. Desde allí nos hace un pequeño adelanto y aclaración: “Desde el lado multilateral tiene muchos beneficios participar en un ámbito que, por más que vaya lento, es el único que tenemos para hacer avances en materia de cambio climático a nivel global. Es la herramienta que tenemos; capaz que no es perfecta, pero es la que tenemos”.
Llegó el momento de asumir la responsabilidad
En 2009, durante la decimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los países desarrollados se comprometieron a destinar 100.000 millones de dólares por año para 2020 con el objetivo de que los países en desarrollo puedan tomar acciones de mitigación y adaptación. La mitigación consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura planetaria, y la adaptación es cómo nos preparamos para los impactos del cambio climático. Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países desarrollados destinaron en 2020 apenas 83.000 millones, siendo la cifra más alta desde el acuerdo, por lo que incumplieron su promesa. Además, la mayor parte del dinero se dirigió a mitigación y sólo un tercio del total fue para la adaptación de los países más vulnerables. Por esta razón, los países en desarrollo definieron que antes de 2025 se debe alcanzar la suma previamente comprometida.
¿Por qué tienen el deber de otorgar este monto? Visca lo explica: “Se relaciona con un principio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tiene que ver con las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Todos tenemos algo para hacer, por eso se llama responsabilidades comunes, pero son diferenciadas porque los países desarrollados son los causantes del cambio climático. Nosotros no generamos todas las emisiones de gases de efecto invernadero desde hace 150 años, lo hicieron ellos. Esto pesa mucho y es transversal a todos los temas de la convención. Los países en desarrollo tenemos menos capacidades de hacer frente tanto a la mitigación como a la adaptación del cambio climático. Entonces, hay obligación por parte de los países desarrollados de apoyar”.
La asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático cuenta que está en debate una nueva meta más alta que los 100.000 millones anuales para comenzar a aplicar después de 2025. “Hay una discusión grande entre los países en desarrollo y los desarrollados acerca de qué es lo que se va a incluir, cuáles van a ser las fuentes. Los países en desarrollo insistimos con que los fondos deberían venir en su totalidad de los países desarrollados, como dice la convención. Los países desarrollados dicen que todos tenemos que hacer el esfuerzo, que los países en desarrollo tienen que considerar el sector privado... Esa es la discusión”, resalta.
Además, desde los países más vulnerables al cambio climático se pide sumar una perspectiva distinta para que, cuando “los recursos lleguen a los países en desarrollo, no se profundice su vulnerabilidad”. “Si al estar ‘ayudando’ les ponés una carga adicional a los países que aumenta su deuda externa e impide que otras cuestiones de desarrollo se puedan implementar, los estás asfixiando con la deuda”, describe. Se están manejando diferentes caminos para impedir esta situación: una manera sería mediante “fondos sin intereses, con modalidad de donación” y otra forma consiste en “buscar caminos para que determinados proyectos se puedan hacer como canje de deuda externa y se aliviane la carga”.
“La nueva meta de financiamiento es un tema importante. No se va a definir en esta COP, sino en 2024. Para nosotros es muy importante que en esta COP haya una decisión que sea sustantiva y no solamente una decisión procedimental. Debe ser una decisión que reconozca la adaptación, la mitigación y los daños y pérdidas. Los países en desarrollo que tienen la mayoría de la responsabilidad están un poco reacios, pero para nosotros debería ser así y tenemos la posición de que tiene que haber una decisión sustantiva al respecto”, sentenció Visca. La temática de financiamiento es uno de los puntos en que hay acuerdo entre los distintos grupos de negociación de América Latina. Casi de forma desapercibida, en la declaración de la delegada uruguaya se sumó un punto crucial de la COP de este año: el financiamiento para las pérdidas y los daños ocasionados por el cambio climático.
Una especie de reparación
“Las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación”, dice el artículo 9 del Acuerdo de París. No se menciona que se deba otorgar financiamiento para reparar las pérdidas y los daños que en la actualidad están sufriendo los países en desarrollo a causa del cambio climático. Es decir, para sobrellevar el aumento del nivel del mar, sequías, olas de calor, eventos climáticos extremos y un largo etcétera. Por ejemplo, en nuestro país, pescadores artesanales de Rocha que se dedicaban a comercializar la almeja amarilla ven disminuidos sus ingresos porque el cambio climático es responsable, entre otros factores, de la disminución en las poblaciones de esa especie en nuestras costas.
Visca apunta que “en la práctica, pueden llegar recursos [destinados a este punto] a los países más pobres, pero casi siempre salen de la adaptación”. “Una de las demandas de los países en desarrollo es que haya más financiamiento para la adaptación, porque el dinero tiende a dirigirse a proyectos de mitigación, que es lo que les interesa a los países desarrollados. Entonces, para parques eólicos puede ser que te den algo de plata, para biodigestores también, pero para adaptarte es muy difícil y es la prioridad de Uruguay: sólo emitimos 0,03% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. Es muy poquito. Si bien tenemos muchas medidas de mitigación y hemos hecho muchos esfuerzos para cambiar la matriz eléctrica, nuestra prioridad es la adaptación. La mayor parte de nuestra economía está basada en recursos naturales o del clima, como puede ser el caso del turismo y del sector agropecuario”, resalta.
Según relata la asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático, Uruguay apoya la idea de que existan “fondos específicos y adicionales, volcados por los países desarrollados” para enfrentar las pérdidas y los daños. Es decir, que el presupuesto “no salga de los fondos para la adaptación, que ya son pocos”. “Esta es la demanda y lo que está en discusión ahora es cómo se organizará el fondo. Los países desarrollados le dan largas al asunto, quieren hacer un programa para ver cómo hacerlo, cuando en realidad lo que se necesita es plata. Otra demanda de los países en desarrollo es que de tanta burocracia nos estamos ahogando. Estamos llenos de eventos extremos, problemas de adaptación, de impactos del cambio climático que nos están afectando y, por otro lado, los procesos de financiamiento demoran años. No es compatible, no es eficaz. Con procesos tan largos no estás atendiendo las necesidades actuales y reales que tienen los países en desarrollo”, sentenció.
Por esta razón, si te interesa tu futuro, las negociaciones climáticas también. Aunque el apuro por hacer frente a las consecuencias del cambio climático no debe dejar de lado la responsabilidad de los países que reciben el financiamiento. Debemos continuar preguntándonos: ¿para qué se destinan los fondos?, ¿quiénes se ven beneficiados?, ¿las medidas que se aplican están generando nuevos impactos negativos en nuestros territorios?
¿Un guiño a la unidad latinoamericana?
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) emitió un comunicado en el que los países destacan “la importancia de la unidad y colaboración para abordar la crisis climática e impulsar un desarrollo integral y sostenible en un marco de transición justa en la región”. A su vez, reafirman “la importancia de reforzar la coordinación en los diversos foros multilaterales”, en particular en el marco de las COP, para “fortalecer las sinergias y articulación en las negociaciones climáticas, que aborden las necesidades concretas y diferenciadas de nuestra vasta y diversa región”.
Se menciona que en el marco de la crisis planetaria se requiere “una gran movilización de recursos financieros por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, lo que podría impactar en la sostenibilidad de la deuda y el reducido espacio fiscal de diversos países de la región”. También manifestaron su preocupación por los “deficientes resultados en la movilización y sobre todo en la provisión de financiamiento climático robusto y coherente”. Exigen que se cumpla a “la brevedad” la meta de 100.000 millones de dólares establecida “para alcanzar un total de 600.000 millones de dólares para 2024”. Asimismo, buscan fortalecer el rol del Grupo Regional de América Latina y el Caribe –un grupo de diálogo presente en instancias multilaterales, pero que no ha tenido protagonismo en las negociaciones climáticas– para fomentar “la articulación de prioridades y necesidades comunes, y considerando la vulnerabilidad de los países de la región”.
Natalie Pareja, directora de Cambio Climático de Uruguay, posteó en su cuenta de Twitter la presentación de la declaración conjunta en la COP 27.
Presentación de la Declaración conjunta de autoridades de #cambioclimático de la #CELAC @MAmbienteuy https://t.co/nNxRY9euhY pic.twitter.com/GJWPUSUcec
— Natalie Pareja (@NatiParejja) November 10, 2022