En 1992 tuvo lugar una Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Allí se estableció la creación del Día Internacional del Agua; meses más tarde se definiría la fecha, el 22 de marzo. En aquel entonces ya era clara la necesidad de concientizar sobre la crisis por la que estaba y pasando la disponibilidad del líquido más esencial para la vida, y que continúa hasta hoy. También era clara la necesidad de ahondar en un camino más allá de las palabras bonitas y de implementar políticas públicas para su protección. Y para ayudar a definir políticas es necesario tener evidencia.
El laboratorio de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, se encuentra repleto de tubos con muestras de agua, y de túnicas blancas. En los corredores se respira olor a café, mucho café. Guillermo Chalar es uno de los científicos de la sección. Fuimos a buscarlo para conversar sobre las principales causas de contaminación en nuestro país.
A gran escala
Chalar explica que las problemáticas a gran escala están vinculadas al “cambio en el uso de la tierra, el aporte de nutrientes a través de fertilizantes y/o erosión del suelo”. “Las tierras productivas han ocupado lugares que antiguamente no ocupaban. Al trasladarse de determinados suelos que eran más aptos para la agricultura a otros no tan aptos, tienen que usar insumos como fertilizantes y pesticidas, un paquete agrotecnológico”, apunta. Para retratar las consecuencias muestra un video de cómo estaba el río Negro una semana atrás. En las imágenes el río está teñido de tonalidades verdosas. “¡Parece pasto!”, exclama Chalar. Pero no es pasto. “Son todo cianobacterias. Y de las tóxicas, porque hemos hecho análisis de toxicidad”, agrega.
La eutrofización de los cursos de agua, un proceso causado por el exceso de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, provoca las floraciones de cianobacterias y otros organismos. Chalar afirma que es la principal problemática en la calidad del agua del río Negro. Para peor, afirma que este verano se dio una “explosión en los tres embalses”. Probablemente todas y todos recordamos el enero de 2019, donde las costas de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha tuvieron como protagonistas a las cianobacterias. Al haber afectado la temporada turística, la magnitud del fenómeno sirvió para abrir los ojos de muchos y alertar sobre la situación. Pero que este verano las cianobacterias no hayan hecho de las suyas en los balnearios de agua salada no debería tranquilizarnos. “Uno en Montevideo no se entera porque no ha habido grandes precipitaciones que hagan que todas esas cianobacterias bajen por el río Uruguay y lleguen al Río de la Plata”, señala Chalar.
“El manejo de los embalses tiene un efecto concreto en la producción de hidroelectricidad, pero también tiene consecuencias en las floraciones”, sostiene. “Por ejemplo, si llueve y toda esa lluvia aporta nutrientes por escorrentía, si no se deja pasar el agua porque se retiene en los embalses, los nutrientes quedan atrapados, se impide el recambio del agua y se facilita el crecimiento de las algas. Con todos esos nutrientes que llegan, más el tiempo de residencia del agua adecuado y las temperaturas adecuadas, se produce una explosión”, desarrolla.
Estas floraciones exponen a la población, ya que distintas zonas del río Negro se utilizan para actividades recreativas, pesca e incluso abastecimiento de agua potable. Si bien Chalar tomó como ejemplo la situación del río Negro, menciona que es una cuestión “generalizada” en gran parte del país, porque “en donde no hay este tipo de agricultura más de soja, sorgo, maíz, cultivos no irrigados de verano, tenemos el arroz”.
En el país también hay grandes extensiones forestadas. ¿Cómo afecta eso al agua? Chalar señala que los principales efectos están vinculados al consumo de agua de esas plantaciones. “Bajan los pozos de agua, disminuye la disponibilidad de agua en los cursos de agua, sobre todo en los momentos en que más se necesita, que son los de sequía. Ahí los árboles se llevan el agua y no está disponible para los ecosistemas o para el consumo humano. Ese es un impacto concreto en la cantidad”, sostiene. Pero no es el único. “En la calidad lo que se ha visto es que la forestación puede producir acidificación. Al consumir determinados iones de calcio y magnesio, impide que el agua de lluvia sea neutralizada por esos iones que están en el suelo, entonces aumenta la acidez de los cursos de agua”, explica.
A escala local
“Hay otras cuestiones más locales que afectan a la salud de la gente, como en el arroyito Malvín. La gente del barrio va, juega a la pelota, pero está contaminado con materia fecal que transmite enfermedades, parásitos”, cuenta Chalar. La falta de saneamiento es la principal causa. “Termina afectando a las personas, que muchas veces no saben a lo que están expuestas, porque no hay información adecuada”, suma.
En este sentido, se refirió al anuncio que hizo la Intendencia de Rocha en enero, cuando declaró “obligatoria” la utilización de microorganismos eficientes nativos (MEN) en “viviendas y establecimientos de Cabo Polonio y zonas de microcuenca costera de Punta del Diablo”. En el comunicado de prensa emitido por la comuna se admitió que era “prioritario iniciar un proceso tendiente a corregir la situación existente” debido a la falta de saneamiento. Se mencionó que el uso de MEN evita “la contaminación de cañadas, arroyos y el agua subterránea, mejorando la salud humana e impidiendo la proliferación de enfermedades causadas por aguas contaminadas”. La medida es importante porque Rocha no cuenta con una red de alcantarillado y 97% de la población utiliza “el sistema de fosa séptica y/o pozo negro”. En el escrito se suma que “entre las enfermedades típicas del verano, la gastroenterocolitis es una de las más comunes, incluyendo hepatitis E, asociada a la contaminación fecal del agua inclusive en zona de playas, incluyendo arenas y agua marina”.
Chalar opina que el uso de MEN es una forma de “mitigar” el problema y que efectivamente son “eficientes”. “Nosotros los probamos el año pasado en el arroyo Malvín, dentro del curso de Agua y Salud. Los que probamos funcionaron durante más o menos cinco días y después, a las dos semanas, ya había vuelto más o menos a como estaba inicialmente”, relata. “Tendríamos que tener una planta de producción de MEN permanente para que más o menos el arroyo esté en condiciones”, señala, por lo que apunta más alto: “La solución debe ser ir a la raíz del problema”.
Conflictos de interés
Además de su contribución académica, el limnólogo formó parte de la comisión de cuenca del río Santa Lucía desde su creación, en 2013, hasta 2019. Decidió abrirse del espacio porque estuvo casi dos años sin funcionar y para el momento en que se volvió a entablar diálogo, decidió centrar su tiempo en otro tipo de participación con la comunidad. “Venía siendo un instrumento muy lento, de poca discusión, con poca perspectiva de avances concretos y solución de problemas. Había buenas intenciones, pero difíciles de llevar a la práctica”, narra.
En 2009, la Ley de Política Nacional de Aguas le adjudicó a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) la función de promover la gestión sustentable y participativa de los recursos hídricos. Para lograrlo se crearon tres consejos regionales que trabajan en las tres cuencas transfronterizas del país: la del río Uruguay, la de la laguna Merín y la del Río de la Plata y su frente marítimo. La comisión del río Santa Lucía pertenece a este último consejo; está integrada por actores del gobierno, usuarios del agua y la sociedad civil. A su vez, se establece que la Dinagua debe convocar a reuniones al menos dos veces por año; sin embargo, desde octubre de 2019 hasta agosto de 2021 no lo hizo.
Chalar entiende que “objetivamente hay intereses contrapuestos” entre los diferentes participantes de la comisión. Desde su visión, la gestión tendría que ser desde un enfoque hidrosocial, en la que se tenga en cuenta “los conflictos de interés” para buscar “determinadas soluciones o acuerdos” y así “respetar los derechos que tenemos todos a utilizar los recursos”.
¿Hora de rever las categorías?
El Decreto 253/979, reglamentario del Código de Aguas, establece en el artículo 3 que “los cursos o cuerpos de agua del país se clasificarán según sus usos preponderantes actuales o potenciales en cuatro clases”.
La clase 1 está dirigida a “aguas destinadas o que puedan ser destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional”. La clase 2 apunta a “aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutícolas u otros cultivos destinados al consumo humano en su forma natural” y “aguas destinadas a recreación por contacto directo con el cuerpo humano”. La clase 3 contempla “aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyo producto no se consume en forma natural o en aquellos casos que siendo consumidos en forma natural se apliquen sistemas de riego que no provocan el mojado del producto”. Finalmente, la clase 4 corresponde a “cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas urbanas o suburbanas que deban mantener una armonía con el medio” o “aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son destinados al consumo humano en ninguna forma”.
En noviembre del año pasado, el limnólogo realizó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente para saber qué cuerpos de agua estaban clasificados y cómo. Según versa en la respuesta que compartió con la diaria, la Laguna del Sauce –ubicada en Maldonado– es “el único clasificado como Clase 1” y tiene su justificación en una resolución ministerial. Los demás cuerpos y cursos de agua “cuya cuenca tributaria sea mayor a diez kilómetros cuadrados se encuentran clasificados como Clase 3”, afirma. Este último punto se sostiene en una resolución del 2 de marzo de 2005 y se agrega que “no presenta justificación”.
“Las playas, por ejemplo las del Río de la Plata, donde se baña todo el mundo, son categoría 3. En realidad, no cumple con las categorías de agua para bañarse. La cuenca del Santa Lucía, que es para abastecimiento de agua potable, tendría que ser categoría 1 y es categoría 3”, sentencia Chalar. Enfatiza que “estamos en falta con la realidad”: “Si estamos sacando agua potable del Santa Lucía, clasifiquemos la cuenca del Santa Lucía como abastecimiento de agua potable”.
El limnólogo sostiene que la cuenca del río Santa Lucía tendría que estar dedicada a “la producción de agua de abastecimiento para la gente” y estar “libre de cultivos intensivos y de ganadería intensiva”. Es que este recurso hídrico brinda el agua para 60% de la población del país –ubicada en el área metropolitana– y actualmente presenta graves problemas de contaminación. Vinculado a este punto, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, manifestó que es un problema que la zona dependa únicamente de la planta de potabilización de Aguas Corrientes, porque “cualquier cosa que pase ahí nos complicaría muchísimo el abastecimiento para los montevideanos”. En este sentido, aseguró que el gobierno está en busca de una “fuente de agua alternativa” en Arazatí, San José.
Neptuno
Las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, bajo el Consorcio Aguas de Montevideo, presentaron al Poder Ejecutivo y OSE en octubre de 2020 el proyecto Neptuno, que tiene por objetivo instalar una nueva planta potabilizadora, una tubería de aducción de 80 kilómetros y una reserva de emergencia. Peña comentó que a fines de 2022 se hará un llamado a interés público, según publicó El Observador. Además, indicó que las empresas que presentaron el proyecto Neptuno tendrán “una ventaja que le da la administración, que va de 5% a 20% –aún no se definió–, y luego se llama a un proceso competitivo donde este consorcio tiene una ventaja, pero no le asegura ganar”. El privado que sea elegido se hará cargo de la nueva planta por un período de entre 25 y 30 años, y dentro de sus responsabilidades estará potabilizar el agua. Mientras tanto, OSE pagará por el servicio, la obra, y se encargará de la distribución del agua, según explicó el ministro al medio de prensa.
El proyecto Neptuno determina que la toma de agua bruta saldría del Río de la Plata, entre Arazatí y Bocas del Cufré. Chalar confirma que “hay episodios de floraciones que están documentados” en el lugar. Pero no es el único problema: además, allí se producen episodios de intrusión salina, lo que implicaría que habría que incluir un desalinizador en el proceso de potabilización. “Es una suma de cosas que van totalmente en contra de lo que pienso que tiene que ser la gestión del agua”, comenta Chalar, que además argumenta que la construcción de una nueva planta da la señal de “dar por perdido el Santa Lucía”.
La construcción de la represa Casupá –que tenía el informe ambiental aprobado– se dejó de lado por el nuevo proyecto. Sin embargo, el limnólogo no considera que esté mal la construcción del embalse para tener reservas, siempre que se prevean “los problemas que podemos tener” y “sacando las actividades que perjudican la cuenca”. “Somos todos conscientes de que agua tenemos que tomar, y tenemos que sacarla de algún lado”, expresa.
“Sin contaminación, ni extractivismo, ni extranjerización del agua”
El martes 29, más de 30 organizaciones sociales y colectivos nucleados en la Coordinación por el Agua convocan a un evento que se realizará en la plaza Libertad bajo la consigna “Sin contaminación, ni extractivismo, ni extranjerización del agua”. A las 17.00 se hará la apertura con la lectura de una proclama, pero a las 15.00 comienza la previa, en la que habrá presentaciones artísticas.