Este martes, más de 70 organizaciones nacionales e internacionales compartieron una misiva enviada a Presidencia, el Ministerio de Ambiente y parlamentarios en la que solicitan sancionar a UPM2 con “parada de planta total hasta que se hayan determinado las causas” del derrame de soda cáustica que acabó con la vida del arroyo Sauce y también dañó el río Negro.
Piden que la medida se extienda hasta que el problema se solucione y estén las garantías de no repetición. Asimismo, exigen que, mientras dure la sanción, la multinacional debe “hacerse cargo del salario completo de las y los trabajadores y de los pagos a proveedores de insumos comprometidos”.
Por otra parte, solicitan instalar una “comisión de seguimiento mensual, abierta a la participación, gestión y control de toda la ciudadanía”, en “las tres plantas de celulosa (UPM, UPM2 y Montes del Plata)”. Para este último reclamo se amparan en el artículo 47 de la Constitución y en la ley que reglamentó la política nacional de aguas.
En la carta definieron la situación como “el mayor derrame químico de la historia de Uruguay” y, por ende, como un “desastre ambiental”. También esgrimen que “la empresa y el gobierno sabían que desde el mes de junio había pérdidas en la pileta de decantación que recibía soda cáustica”, lo que demuestra “la inoperancia de los sistemas de control de UPM y la falta de responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y del Ministerio de Ambiente”.
“Lo que es aún peor, UPM pretendió minimizar el hecho a nivel de la prensa y el Ministerio de Ambiente demoró 40 días en dar la noticia y ha anunciado una posible irrisoria multa a UPM de 1.000 UR (aproximadamente 42.000 dólares), siendo que sólo UPM1 tiene una ganancia neta de 650.000 dólares por día”, plantean.
Las organizaciones sociales, ambientales y sindicales firmantes afirman que desde hace décadas denuncian “los atropellos de las multinacionales forestales y sus plantas de celulosa, basadas en monocultivos que destruyen nuestra tierra fértil, expulsan a los pequeños productores, acaparan el uso del agua y afectan gravemente la biodiversidad”.
Por esta razón, destacan que el derrame “no es un mero accidente”, sino que “es parte del modelo productivo extractivista y altamente contaminante”. Recuerdan que en 2022 un vivero de UPM ubicado en Guichón fue denunciado por contaminar un arroyo y se detectó que utilizaba agrotóxicos que no estaban autorizados para su uso en el sector, y “días después el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca los autorizó favoreciendo a la empresa y minimizando el desastre que causó en el curso de agua”. Asimismo, resaltan que UPM2 recibió 11 sanciones durante la construcción y tres más durante los cuatro meses de funcionamiento. La carta finaliza diciendo: “¡El agua, la tierra y la vida se cuidan y se defienden, basta de extractivismo depredador impune!”.
Algunas de las organizaciones nacionales e internacionales firmantes son: Ecofeminismo Río Negro, No al Tren de UPM, Movimiento por la Tierra, Coordinadora de Pescadores Artesanales, la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Consejo de la Nación Charrúa, Coordinación por el Agua, Redes-Amigos de la Tierra, Movimiento por un Uruguay Sustentable, Elokapina (Extinction Rebellion, Finlandia), Global Justice Ecology Project, Amigos de la Tierra Finlandia e Internacional, entre otras.