“No se vende, el agua se defiende”, coreaba el público durante la audiencia pública del proyecto Neptuno-Arazatí. Integrantes de organizaciones socioambientales, vecinos, científicos, productores rurales, representantes del Consorcio Aguas de Montevideo, OSE y el Ministerio de Ambiente dialogaron durante más de cinco horas -la instancia que culminó en la madrugada del viernes- en el Club Social y Deportivo San Rafael, ubicado en la localidad de Rafael Perazza, en el departamento de San José. Los diálogos en varios momentos se transformaron en fuertes discusiones sobre las que volveremos más adelante.
Luego del primer tramo de la audiencia, en la que los empresarios presentaron el proyecto y se dio espacio a las primeras ponencias de las organizaciones, la gerenta de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, Rosario Lucas, tomó la palabra para hacer una serie de precisiones. La jerarca dijo que a la cartera no le corresponde, dentro del trámite de evaluación, ponderar “alternativas al proyecto”. “Tuvimos bajo trámite de autorización la represa de Casupá, que de alguna manera quedó interrumpida, después se verá… Puede haber dos trámites, tres trámites de proyectos distintos, nosotros evaluamos el proyecto específico que se presenta. Quiero dejar claro que nosotros no vamos a hacer una evaluación de si este proyecto es mejor que otro, vamos a evaluar este proyecto y los impactos derivados”, apuntó. En este contexto, expresó que el Ministerio de Ambiente recibió 558 comentarios y 36 documentos técnicos durante la puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen.
Eugenio Lorenzo, director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del Ministerio de Ambiente -que va a tener bajo su órbita la realización del informe técnico del proyecto Neptuno-Arazatí-, también planteó que “la audiencia es absolutamente independiente de las solicitudes de información complementarias, de la puesta de manifiesto e incluso de las respuestas que puedan estar pendientes”. “Desde el punto de vista formal, la audiencia se puede realizar cuando se desee. Nosotros elegimos realizar la audiencia pública cuando entendimos que se estaba en condiciones”, sumó. Según consta en el Observatorio Ambiental Nacional, la cartera le solicitó al Consorcio Aguas de Montevideo un total de diez pedidos de información complementaria. El último se realizó el 27 de setiembre y versa sobre “las condiciones del agua subterránea en la zona de influencia de la reserva de agua bruta y monorrelleno”.
Cabe resaltar que la posible afectación del acuífero Raigón debido a la reserva de agua dulce estuvo presente en varias ocasiones durante la noche del jueves. Guillermo Popelka, licenciado en Geología con especialización en aguas subterráneas, afirmó que, de construirse tal como lo planteó el consorcio de empresas privadas, se va a terminar contaminando. Pedro Bonino, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, respaldó en su presentación al científico, y manifestó: “Lo digo con el mejor sentido constructivo para la discusión, no se puede ignorar la presencia de otras opiniones técnicas tan calificadas como las que han desarrollado, por lo menos las tenemos que tener en pie de igualdad”.
Foto: Mara Quintero
Chim pum fuera
“Quedó claro en la respuesta que nos está dando el ministerio que no hay una evaluación estratégica ni se trabaja buscando las mejores opciones de suministro de agua. Lo que sí se está haciendo es estudiar en forma aislada la propuesta de una empresa. Lamentablemente, en esta audiencia no podemos discutir por qué OSE no tiene ningún estudio, no lo pudieron presentar ante una solicitud de acceso a la información pública. Se ha abrazado esta iniciativa privada; iniciativa privada en la que se repiten los nombres de las mismas personas que participaron en la privatización del agua en Maldonado en 1993. Son las mismas personas, sí, pero atentos: son los mismos de los dos lados, tanto de OSE como en las empresas”, relató Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).
A su vez, destacó que se debería “discutir cómo se llega a esta etapa de la audiencia pública cuando los proponentes todavía no han terminado de contestar las solicitudes de información” del Ministerio de Ambiente. “Se nos dijo acá que se puede hacer en cualquier momento, pero lo lógico sería hacerla cuando ya se dispone de toda la información. Se está apurando el tranco”, planteó. Enseguida sumó que desde Movus consideran que “debiera esperarse a que la empresa termine todos los estudios y presente un proyecto definitivo para hacer la audiencia pública”. “Entendemos que no se ha cumplido con los requerimientos legales [...] esta audiencia debería ser declarada nula y esperarse por una nueva”, finalizó. ¿O no?
“¡Le quiero contestar al señor! ¡Déjenme hablar! ¡Le quiero contestar al señor porque miente! ¡Miente el señor! ¡Miente el señor! Miente porque él dice que OSE no ha hecho ningún estudio y eso no es verdad”, vociferó Arturo Castagnino, gerente general de OSE. El público explotó.
“En 2013 hubo un estudio [para el] que contrató OSE a la sociedad anónima Agua Sur. En ese estudio se estudiaron seis alternativas. La solución Casupá -le quiero aclarar que yo siempre he recomendado al directorio que se tienen que construir los dos proyectos junto con Arazatí-, otra alternativa era parecida a Casupá, pero con un entubamiento de agua desde Paso Severino a Aguas Corrientes. La tercera alternativa era tomar agua bruta del Río de la Plata directamente y llevarla a Aguas Corrientes. La cuarta era la equivalente a Arazatí: tomar agua del Río de la Plata; lo único que era una planta más grande que la actual, de casi 450.000 metros cúbicos por día. Después, había una opción de tomar agua del Río de la Plata en la zona de Montevideo y construir una desalinizadora. Había una represa en el río San José. Las seis alternativas se consideraron por OSE en 2013”, relató. Aclaró que ese estudio tuvo un “error de enfoque” al estudiar el abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano porque “consideró que a la Usina de Aguas Corrientes nunca le iba a pasar nada” y “como consecuencia salió seleccionada Casupá”. “Jamás podría haber sido Casupá la solución”, consideró.
En paralelo, el público intentaba retrucar los argumentos del jerarca. “¡Después te dejo hablar a vos, dejame explicarte! ¡Para arreglar los caños se necesitan 400 millones de dólares”, respondió Castagnino, en referencia al grito que puso sobre la mesa que en el sistema de distribución del área metropolitana se pierde un porcentaje estimado en el orden de casi 50% del agua elevada.
Viñas relató que se aproximó a donde estaba Castagnino, en el frente de la sala, para pedir el micrófono y poder debatir. Sin embargo, la discusión se tornó fuerte. “Fue una situación lamentable. El gerente de OSE expresó que yo era un mentiroso, pero yo no me había referido a él directamente para nada. La mentira, según el ingeniero, era que yo dije, lo respaldo, que OSE no tenía ningún estudio previo propio sobre abastecimiento de agua a Montevideo. Lo dije en base a la resolución que el propio Castagnino firmó, por la cual, mediante acceso a la información pública, se me informó que el único estudio disponible era el de la empresa Consorcio Aguas de Montevideo y se me envió adjunto a la resolución como único estudio”, relató Viñas a la diaria.
Afirmó que los estudios realizados por Agua Sur “no aparecen en ningún lado, nunca fueron publicados”. “Yo fui al frente a solicitar el micrófono; cuando pensé que me lo venía a entregar, me increpó. Coloqué las manos por detrás del cuerpo, indicando que no intentaba hacer nada y tuvimos una conversación donde le expliqué que él me había dado esa información. Dijo no recordarlo”, agregó el integrante de Movus. Finalizó diciendo que en los próximos días le va a enviar “el número de expediente a su secretaria para que pueda recordar que él firmó eso y entonces veremos quién sería el mentiroso”. Luego del incidente, se hizo una pausa. Castagnino no se volvió a ver en el frente de la sala con las autoridades.
Arturo Castagnino y Raúl Viñas.
Foto: Mara Quintero
Un mal ejemplo
Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, fue uno de los tantos científicos que realizaron presentaciones durante la audiencia pública. “Es un ejemplo de cómo no se debe hacer un estudio de impacto ambiental y un informe ambiental resumen. Tienen una serie de problemas que hoy vimos que se repetían nuevamente aquí [...] Un estudio de impacto ambiental tiene que tener una correcta caracterización del ambiente receptor. En esas miles de páginas solamente hay descripciones de elementos y en ningún momento se presenta el funcionamiento y comportamiento del sistema ambiental que va a ser receptor”, describió.
Más adelante, sumó: “Solamente para poner un ejemplo: el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en su sexto informe publicado en 2022, nos presenta como escenario para los próximos 50 años que para la región las precipitaciones aumentan entre 5% y 9%, el nivel del mar aumenta entre 0,5 y 0,7 metros, la temperatura va a aumentar entre 2 y 4 grados y los vientos del este y sureste aumentan en la zona costera. Toda esta información no fue considerada para evaluar los eventos de salinidad”. El investigador resaltó que se presenta “un listado de impactos ambientales caprichoso, que se centra en detalles”, mientras que “los principales impactos ambientales no son trabajados en profundidad”.
Calle cerrada
“Yo soy la cuarta generación de Rafael Perazza. ¿Alguno de ellos se bañó alguna vez en Arazatí? Los recuerdos que tenemos acá… a Arazatí la vamos a defender siempre, ministro. Mire, nos acostamos y no dejamos pasar una máquina. ¿Usted pensó que tenía una playa olvidada con un privado atento a hacer su negocio? Amamos esa playa. Esto es un pueblo unido, nosotros jamás vamos a permitir que ustedes pongan un pie ahí”, dijo Silvana Fernández, integrante del colectivo Tucu-Tucu. Contó a la diaria que “nunca” recibieron “información del ministerio ni de la Intendencia, nadie sabía lo que era Neptuno”. “Tuvimos que rescatar información. Nos unimos con los científicos, nos unimos con la Clínica de Litigio de la Facultad de Derecho, hicimos una medida cautelar, la ganamos, vamos por el juicio. Esto que se está tratando acá es inconstitucional”, afirmó.
El único camino que permite bajar a la playa para acceder a la zona donde el proyecto Neptuno-Arazatí pretende instalar la toma de agua se encuentra cerrado desde hace mucho tiempo. En 2022 tenía una puerta de madera fácilmente manejable. El 3 de setiembre había una puerta de metal con púas que hacían imposible el paso. “Propiedad privada. Prohibido pasar. Peligro de incendio”, dice un cartel colocado sobre la estructura. Únicamente se puede llegar al sitio atravesándola o caminando kilómetros por la playa.