La visión de colectivos de San José sobre el proyecto Neptuno: “Hay intereses económicos y los prefieren antes que el patrimonio de un pueblo”

“Arazatí no es sólo arena, agua, sol y sombra, también es historia”, exclama Silvana Fernández, integrante del colectivo Tucu Tucu. Vivió toda su vida en Rafael Perazza, una pequeña localidad conformada por 1.239 personas según el último censo, que se encuentra a pocos kilómetros de Arazatí. Silvana dice a la diaria que esta parte de la costa de San José, junto a sus invaluables recursos naturales, forma parte de la identidad de los vecinos. Recuerda su niñez e ir al lugar junto a su padre, que se dedicaba a recolectar papas, uno de los principales cultivos de la zona. “Éramos pobres, íbamos en moto. Lo único que teníamos en ese momento era ir a Arazatí. Nosotros no íbamos a San José, no conocíamos Montevideo. Nuestra única felicidad estaba ahí”, plantea.

Silvana afirma que la zona “es del pueblo”. Sin embargo, allí se prevé instalar el proyecto Neptuno, que fue presentado en octubre de 2020 por el Consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. La iniciativa tiene como objetivo construir una planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción de 81 kilómetros, y los gobernantes aún discuten si construir o no el polder, una reserva de agua dulce. Según el informe de factibilidad elaborado por las mismas compañías y aprobado por el directorio de OSE, se prevén varios impactos ambientales y territoriales. La posible pérdida de vegetación y fauna, sumada a las alteraciones de la “configuración y dinámica costera por intervenciones”, son sólo algunos ejemplos.

La integrante del colectivo Tucu Tucu comenta que defienden el “derecho ambiental de que el espacio se mantenga tal como es: hermoso, libre de contaminación visual y sonora”, pero también “el derecho de las próximas generaciones a disfrutar de él”. Por esta razón, se oponen al proyecto Neptuno. “Si llegamos a perder a Arazatí y una no hizo nada, yo me muero. ¿Sabés todo lo que le debemos?”, inquiere Silvana, y enseguida explica que esta playa se encuentra tan arraigada en los habitantes de Rafael Perazza que hasta forma parte de su bandera, que se izó por primera vez en 2020, en el Día de la Mujer Rural. “Hay intereses económicos y los prefieren antes que el patrimonio de un pueblo”.

Arazatí privado

El sábado, el colectivo de vecinos, junto con la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, Hermandad Pro Derechos y otras organizaciones sociales, se hizo presente en Arazatí para mostrar su rechazo al proyecto Neptuno.

Silvana se encuentra en el medio de una ronda que la escucha atenta y sostiene un micrófono con las manos temblorosas. Dice que no está nerviosa, está emocionada. “La realidad ha venido mostrando en estos tres años que llevamos conformados, porque nacimos aquí como grupo en agosto de 2019, que teníamos y tenemos razón: Arazatí es de todos”, explica. Los vecinos que hoy integran el colectivo se unieron por primera vez para denunciar la tala de 52 árboles en la faja costera. Enseguida, ese mismo año, se sumó otro reclamo que se convertiría en su emblema y por el que aún continúan luchando: la remoción de una portera que impide el paso hacia una antigua bajada de la playa Arazatí.

Por este caso existía un juicio contra el empresario Alberto Voulminot, vinculado a Industrias Forestales Arazatí SA y propietario de terrenos contiguos al camino vecinal cercado. Según informaron los integrantes de la agrupación Tucu Tucu, fue impulsado por el edil del Partido Nacional Mario Guerra y el exedil del Frente Amplio Gonzalo Jara. En junio, la jueza Karen Ramos, del Juzgado Letrado de Tercer Turno de San José, falló en primera instancia a favor de Voulminot.

Frankil Fuentes, abogado de los ediles denunciantes, manifestó en ese momento durante una conferencia de prensa que “si esa sentencia se ratifica, rompe con los precedentes jurisprudenciales que existen en la materia desde la Suprema Corte hasta los tribunales. Genera los problemas que genera este tipo de situaciones, en las que las playas sobre el Río de la Plata se van acotando y van siendo de propiedad privada”. Fuentes agregó que “la gente, cada día, va a ir perdiendo acceso a los balnearios o playas, como está ocurriendo en otros departamentos también”. Días después, mientras transcurría el plazo en el que se podía apelar la sentencia, Fuentes y Diego Caracciolo –el otro abogado que llevó adelante el proceso– decidieron apartarse y abandonar el caso. Los vecinos están estudiando con qué medidas continuar.

Sofía Mansilla, también integrante del colectivo Tucu Tucu, relata a la diaria que durante las movilizaciones para que se quitara la portera “se enojaron políticos y propietarios”. “Nosotros estamos en una mesa de diálogo [con representantes de la Intendencia y el Legislativo departamental]. Cuando los consultábamos por todo este tema, nos decían que había un juicio y que hasta que no se terminara no podíamos tratar esta parte. Lo cierto es que ahora el juicio falló y todo sigue igual”, narra. En la actualidad, los vecinos y vecinas exigen que se declare a Arazatí como balneario. Aún esperan una respuesta del Ministerio de Ambiente y la Intendencia porque “está todo muy tomado con pinzas”.

Sofía explica que la zona de Arazatí “es la contención del acuífero Raigón” y que “los campos son riquísimos, hay mucho interés, demasiado interés: hacen lo que sea por volver a plantear al proyecto Neptuno”. Entiende que la iniciativa de la planta potabilizadora y la portera forman parte de una misma corriente que busca privatizar el lugar. “Es injusto, no hay igualdad; las costas tienen que ser de libre acceso, es de sentido común. La costa no es del gobierno tampoco, es de toda la población. El tema es que se nos adueñaron”, afirma. Sofía relata que, para colmo, en conversaciones con las autoridades no se les daba información precisa y les decían que el proyecto Neptuno “iba a ser en Cufré”, a 80 kilómetros. “De a poquito nos iban mostrando las cartas”, dice.

“Se suman porteras y alambrados, se expide la Justicia y Arazatí se volvió privado. El proyecto Neptuno tiene la aspiración de sacrificar a Arazatí y a todo Rincón del Pino dejándolo sumergido en lagos de agua, de barro y de caños. Nosotros no vamos a callarnos y seguiremos eligiendo hacer visible el atropello constante que hemos sufrido quienes amamos este lugar. Es un espacio de encuentro”, apunta Silvana, que, desde su visión, se debe recuperar la historia de este sector de la costa.

Exigir justicia por Yamandú

Silvana, mientras lee la proclama de su colectivo, recuerda a Yamandú Rodríguez, activista de la agrupación Hermandad Pro Derechos (HPD), que los apoyó durante su camino de militancia. “Dio su vida por creer en un mundo solidario y justo”, indica. Según un comunicado de la organización que publicó M24, el 7 de junio “fue hallado muerto en la pieza de un hotel de la ciudad de Montevideo. El día miércoles 8 de junio de 2022 la Policía comunicó el hallazgo a una de las agrupaciones de las que Yamandú formaba parte, la que, inmediatamente después, se comunica con nuestra agrupación. La Policía dice haber buscado contactar a sus familiares. Finalmente HPD los contacta”. A partir de este punto, afirman que la información suministrada fue “errática y escasa, negándoles el acceso al informe que debería haberse realizado sobre tan terrible hecho”.

“Creemos que la acción policial y judicial no ha sido la correcta, ya que se procedió a retirar el cuerpo del lugar sin realizar las debidas diligencias ante un caso de muerte dudosa. Tampoco se le hizo una autopsia, algo que se debería haber hecho debido a que el cuerpo de nuestro compañero presentaba claros signos de violencia. En el informe médico se notifica su fallecimiento por causas cardiorrespiratorias sin asistencia, no se menciona los golpes que Yamandú presentaba”, se describe en el comunicado. Agregan que son “varias las irregularidades” y “con ello crece el desconcierto por las anomalías del caso, de las cuales las autoridades competentes encargadas de nuestra seguridad y de que se imparta justicia no se hacen cargo”.

La organización exige que los hechos sean investigados. Recuerdan a Yamandú como una persona que “trabajó sin descanso toda su vida para ayudar a las personas menos favorecidas, logrando generar acciones de protección y amparo y acceso a los derechos a los más vulnerables, a tal punto de sobreponer la vida de los demás sobre la suya propia”.

Reunión con Lacalle Pou

Marcos Míguez, secretario del Agua de FFOSE, comenta a la diaria que la actividad del sábado en Arazatí en rechazo al proyecto Neptuno fue “para darles respaldo a los vecinos y vecinas”, y adelantó que este miércoles se reunirán con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Es la primera autoridad del gobierno que nos recibe. A Adrián Peña [ministro de Ambiente] le pedimos, se lo llamó, yo presencialmente se lo dije en un Consejo del Frente Marítimo y del Río de la Plata. Nunca nos recibió”, agregó. A su vez, Míguez plantea que “si no quieren escuchar al sindicato, porque piensan que es poner palos en la rueda, que empiecen a escuchar a los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones sociales, a los catedráticos. Ahora la academia está saliendo a marcar su posición”. Según apunta, el sindicato se enfocará en la necesidad de empezar a cuidar las fuentes hídricas que se utilizan en la actualidad para suministrar agua potable.

Ramón Parra, secretario de FFOSE, también señala que no se puede permitir “que violen el artículo 47 de la Constitución, cuando en 2004 la población decidió que el agua es un derecho humano fundamental, esencial para la vida, y que su servicio debe ser prestado por personas jurídicas estatales”. Entiende que “no puede venir una empresa privada a potabilizar el agua” y que este punto lo defenderán a “capa y espada”. “Votamos que todo el proceso del agua tiene que ser prestado por personas jurídicas estatales”, remarca.

“Toda la gestión de nuestros recursos hídricos debe contar necesariamente con la participación, gestión y control de la ciudadanía. Esta parte no hemos logrado que se cumpla. Lo que sabemos del proyecto Neptuno es lo que sale en la prensa. No es solamente que nosotros no lo sepamos, no lo saben los científicos. Tenemos limnólogos que son consultados hasta del exterior, pero acá no se los consultó para ver si es viable. No intervino Salud Pública. ¡Vaya si Salud Pública tiene que intervenir en la calidad del agua que vamos a tomar! No se hizo un estudio de impacto ambiental desde el punto de vista social. ¿Quién estudió el impacto social que va a tener esto en las poblaciones, los trabajadores, los pescadores?”, se pregunta Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.

Sosa sostiene que el proyecto Neptuno “es la punta del iceberg” y opina que “la única forma de pararlo” es “con gente en la calle”. Mientras tanto, a sus espaldas, un grupo de militantes canta: “Arazatí es popular, fuera privados que la vienen a saquear”.