La oposición del Ministerio de Ambiente (MA) y OSE a que científicos brinden su visión sobre el proyecto Neptuno-Arazatí ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el marco de un recurso de revocación y anulación de la iniciativa que presentó Redes-Amigos de la Tierra, generó rápidamente la respuesta de la comunidad científica y de organizaciones sociales.
El Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), el Consejo Científico del Área Geociencias del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitieron comunicados en rechazo a la situación y manifestaron su apoyo a los investigadores.
Recordemos que los organismos públicos justificaron su posición bajo el argumento de que los científicos que iban a brindar su testimonio “carecen de la condición de imparcialidad”. Al mismo tiempo, solicitaron que informes y artículos científicos, que fueron presentados como pruebas por Redes-Amigos de la Tierra, no sean incluidos en el tratamiento del recurso.
“Esta actitud del Ministerio de Ambiente y OSE desconociendo resultados obtenidos por la ciencia nacional e internacional pretende impedir una discusión profunda sobre aspectos de fondo del proyecto Neptuno, apelando a la estrategia de descalificar a los referentes en el tema e ignorar la evidencia científica”, señala el comunicado que elaboró la Comisión Directiva del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales.
Enseguida, se agrega que no pueden aceptar el cuestionamiento a la obligación de cumplir con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Udelar. Allí se establece que es competencia de la Universidad “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, bienestar social, los derechos de la persona humana”.
En la misiva manifiestan su “más firme apoyo” a los investigadores y consideran “inaceptable que se establezca un manto de duda sobre su probada capacidad y probidad”. Apuntan que “desde la ignorancia del método científico” se pretende “censurar a la ciencia nacional porque sus investigaciones de más de una década no avalan las intenciones de jerarcas que pretenden llevar adelante un proyecto descalificado por la evidencia empírica”.
Subrayan que OSE y el MA, con su proceder, “se alejan de su cometido/obligación de defender el derecho de acceso al agua potable y la preservación del ambiente, promoviendo la desinformación de la sociedad en general y de la justicia en particular, favoreciendo intereses privados contenidos en propuestas que, manipulando y ocultando información, buscan impulsar proyectos técnica y ambientalmente cuestionables, que deben ser discutidos en profundidad, disponiendo de información veraz y verificada científicamente”.
Más allá del caso puntual
Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias también rechazó la actitud de los organismos públicos de “vetar” el testimonio de los científicos. “Ante el agravio de considerar como inadmisible su declaración, alegando que ‘carecen de la condición de imparcialidad’, manifestamos nuestro apoyo a los científicos mencionados anteriormente, prestigiosos docentes e investigadores de nuestra casa de estudio”, apunta la misiva. En la misma línea que el IECA, subrayan que la actitud del MA y OSE “impide que se desarrolle una discusión profunda sobre los aspectos de fondo del proyecto Neptuno, apelando, una vez más, a la estrategia de descalificar a investigadores referentes en el tema”.
Los docentes declaran que este tipo de actitudes por parte de instituciones gubernamentales “atentan contra sus propias obligaciones y cometidos, siendo los mismos asegurar los recursos naturales para abastecer de agua potable a toda la población y proteger el medioambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación”.
Entienden que la situación va más allá del caso puntual y “pone de manifiesto la forma en que entidades gubernamentales, que representan a toda la sociedad uruguaya, enfrentan los problemas ambientales, acallando las voces de científicos y técnicos con conocimiento fundado sobre la protección de los recursos naturales”.
La contradicción de los organismos
El Consejo Científico del Área Geociencias del Pedeciba considera “inadmisible” que se plantee que los científicos “carecen de imparcialidad” y enfatiza que se trata de “prestigiosos investigadores”. “No podemos aceptar el manto de duda sembrado por estas instituciones estatales sobre la honorabilidad y credibilidad de nuestros colegas y la censura general a la ciencia nacional, solamente porque los resultados no avalan sus propósitos, mientras aceptan la propuesta de la empresa de recibo e imparcial”, afirma.
Asimismo, suma que “las acciones tendientes a asegurar la disponibilidad y calidad del agua potable para la población del área metropolitana y a su vez proteger el ambiente y los recursos naturales no pueden llevarse a cabo ignorando la última década de evidencia científica disponible y sin tomar en consideración las previsiones que de ella se desprenden”.
Precedente peligroso
Movus también emitió una declaración en la que apoya el recurso administrativo presentado por Redes-Amigos de la Tierra y repudia los argumentos esgrimidos por el MA y OSE para que los científicos no puedan testificar. “En los hechos, la negativa implica que cualquier técnico o académico que alerte sobre un impacto ambiental no podrá después deponer ante un tribunal por ese tema”, apunta el movimiento.
Entienden que “quizá el rechazo a los científicos se relacione con las imprudentes declaraciones del ministro [de Ambiente, Robert] Bouvier, antes de que su ministerio recibiera documentación de las empresas proponentes/adjudicatarias del proyecto, en el sentido de que el gobierno ya tomó la decisión y que el proyecto ‘se hace o se hace’”.
Por otra parte, Movus menciona que “negar la participación de técnicos y científicos en este asunto sienta un precedente muy peligroso, es contraria a los mejores intereses de Uruguay y sólo sirve a intereses empresariales que OSE y el Ministerio de Ambiente parecen proteger y promover, a favor de empresas que en las condiciones dadas en la licitación obtendrán un injustificable lucro a partir de dineros públicos”.