“Carecen de imparcialidad”. Esa fue la frase que utilizó el Ministerio de Ambiente como argumento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para impedir que dos científicos brinden su testimonio sobre el proyecto Neptuno-Arazatí. La afirmación de la cartera se da en el marco del tratamiento de un recurso administrativo que tiene como objetivo la revocación de la licitación que fue otorgada al consorcio de empresas privadas Aguas de Montevideo, conformado por las compañías Saceem, Berkes, Ciemsa, Fast, para llevar adelante la iniciativa.
Este artículo podría comenzar haciendo referencia a normativas que Uruguay ratificó y buscan garantizar la justicia, la transparencia y la participación en temáticas ambientales, como el Acuerdo de Escazú, que casualmente también es el primer acuerdo en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Nunca está de más recordar, aunque parezca una obviedad, que el acceso a agua potable es un derecho humano y exigir su cumplimiento no es actuar en forma parcial.
Este artículo también podría comenzar con referencias a situaciones similares en las que organismos del Estado –con mayor o menor ímpetu– hicieron notar su malestar por declaraciones de científicos en ámbitos judiciales. Sin ir más lejos, en 2022, la Intendencia de Maldonado denunció a Omar Defeo y Daniel Panario, investigadores de la Facultad de Ciencias, por dar “falso testimonio” en su comparecencia como testigos técnicos ante la sede que determinó la suspensión de las obras en la rambla de Punta Colorada. En este caso, el intento de deslegitimación tuvo como respuesta un fuerte respaldo a los científicos desde la sociedad civil organizada y la academia.
Sin embargo, es esencial comenzar contando quiénes son los investigadores que se han visto impedidos –hasta el momento, el TCA puede volver a convocarlos– de brindar su testimonio. Se trata de Luis Aubriot y Marcel Achkar, ambos integrantes del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Tienen una larga trayectoria y gracias a ellos conocemos un poco más cómo funciona el mundo que nos rodea. Por nombrar tan sólo un ejemplo, ellos determinaron que la gigantesca floración de cianobacterias del verano de 2019, que cooptó las playas de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, se originó en los embalses del río Negro. Este descubrimiento es fundamental para mitigar el impacto de futuros eventos y entender la necesidad de centrar la acción en la cuenca de ese río.
A su vez, los investigadores también han defendido sus disciplinas y hallazgos. Formaron parte de un artículo científico, escrito por más de media centena de investigadores, que buscó responder a un paper en el que se afirmó que no hay relación entre la agricultura y las cianobacterias. Por otra parte, en 2022, junto con otros diez investigadores e investigadoras, elaboraron una serie de recomendaciones para mejorar el abastecimiento de agua potable en el sur del país.
Como si fuera poco, recientemente, otra de sus investigaciones, que fue publicada en la revista arbitrada internacional Estuarine, Coastal and Shelf Science, demostró que en la zona de Arazatí –donde se busca instalar el proyecto Neptuno– las floraciones se dieron en todos los meses de 2021. Alertaron que tener esta fuente de abastecimiento podría traer aparejados graves problemas sanitarios y económicos. Este último artículo es una de las razones por las que el MA entiende que los científicos no son imparciales. En este contexto, la diaria conversó con Aubriot y Achkar para conocer cómo se tomaron la situación.
Tan imparcial como un médico en pandemia
“Me deja sin palabras, realmente. Entiendo que son jugadas del ámbito legal, pero llama la atención pensar en que hay un requisito que es la imparcialidad. ¿Cómo testear la imparcialidad a un ciudadano, a un científico? ¿Cuál es la variable de medida para decir que determinada persona es imparcial y la voy a considerar como testigo y viceversa?”, se pregunta Aubriot. El investigador sostiene que el MA busca eliminar como prueba un artículo científico que fue revisado por pares, en referencia al trabajo que detectó las floraciones en Arazatí. Y profundiza: “La forma más contundente de comunicar nuestro trabajo es mediante artículos que son revisados por otros colegas, anónimos, del exterior. Nosotros publicamos el trabajo en una revista especializada en el funcionamiento de estuarios a nivel mundial. Tiene una trayectoria enorme vinculada a todos los artículos que han salido sobre el Río de la Plata. La revista analiza, cuenta con información previa y con revisores especializados en el funcionamiento del Río de la Plata. Fue allí donde mandamos el artículo, no a una revista que no tuviera trayectoria”.
Aubriot compara su situación con otras profesiones, en las que es difícil ser “imparcial”. “Es como en el caso de los médicos y la pandemia. Es decir, no se puede llamar a un médico frente a una pandemia de coronavirus y pretender que sea imparcial. Va a pretender cuidar la salud de la población y tomar medidas de prevención. En nuestro caso pasa algo similar; nosotros estudiamos el sistema, tenemos un diagnóstico de lo que ocurre. Son aguas [las de Arazatí] peligrosas para potabilizar, con una altísima variabilidad en cuanto a la toxicidad y a las cianobacterias”, resalta. También agrega que los estudios previos que presentó el consorcio de empresas ante la cartera ambiental “no dan garantías de que se conozca realmente cómo funciona el sistema”. “Ellos [los abogados del MA] consideran parcialidad plantear dudas frente al proyecto. Tengo cuestionamientos, tengo una opinión y hay puntos que me parecen que no están bien”, insiste afirmando que le pareció excesivo que le eviten presentar sus argumentos ante el TCA.
Desvalorizar la ciencia
Por su parte, Achkar dice que la oposición del MA a que el TCA los escuche por “carecer de imparcialidad” es “un nuevo mecanismo para evitar la discusión de fondo del problema del proyecto Neptuno”. “Hay una serie de aspectos técnicos del proyecto que no se han discutido en ninguna instancia. Se sigue la misma lógica: evitar que se discuta en profundidad la pertinencia o no del proyecto. También me resulta lamentable que un egresado universitario se refiera así a docentes universitarios”, expresa el investigador.
Al mismo tiempo, considera que se está limitando a los científicos que quieran compartir su posición. “Al plantear que dos académicos que trabajan en el tema son testigos parciales y que un artículo científico sobre el centro del problema –la fuente de abastecimiento del agua bruta que van a tomar– no es pertinente, claramente se apela a una estrategia de desvalorizar la ciencia”, enfatiza. En este sentido, menciona que si se sigue la lógica de los abogados del MA, “ninguna persona podría ser testigo sobre el tema o, en el mejor de los casos, no tendría conocimiento sobre ninguno de los aspectos”.
Consultado sobre cómo tomó esta acción a nivel personal, Achkar comenta que “esperaba que se hiciera alguna cosa así”. “En cuanto a la resolución de estos temas a nivel nacional, es de las peores señales”, comenta. Aún así, espera que el tribunal analice la iniciativa “con la profundidad que se merece” y lanza una broma: “Les decía a mis compañeros de la Facultad que si yo fuera integrante del TCA y leyera estos argumentos, más querría escuchar a los testigos”.
Más discusión
Achkar considera que el rol de los científicos en los ámbitos de participación debe ser “identificar las limitaciones de las propuestas, ponerlas sobre la mesa, brindar toda su expertise para identificar limitaciones futuras y establecer posibles líneas de resolución de problemas”. Y es lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Entiende que el TCA para argumentar su decisión debe tener información de diferentes fuentes. “El Ministerio de Ambiente y OSE no tienen argumentos sólidos, porque si no, los hubieran colocado en sus escritos o documentos. Por ejemplo, nunca logramos que nos contestaran por qué eligieron Arazatí. Es una pregunta tan simple, tan tonta. ¿Por qué en ese lugar? Nunca logramos tener una respuesta. Frente a las incertidumbres, debemos apelar a la responsabilidad de los integrantes del TCA de analizar en profundidad el tema”, sostiene.
En la misma línea, Aubriot afirma que “nunca se discutió cuál sería nuestra futura fuente de agua a potabilizar” y no se utilizaron “todas las capacidades que tiene el país en este tema para definir la mejor”. “El proyecto, además de estar ubicado en una zona con alto riesgo de contaminación por toxinas que pueden generar un riesgo sanitario importante, también está en un lugar que tiene frecuentes ingresos de salinidad que pueden frenar el funcionamiento de la planta. Se prevé un pólder [reserva de agua dulce artificial] que aumenta los problemas de floraciones. Esta nueva planta, a la que se ha llamado alternativa, no lo es. Es una planta que va a adicionar un 20% a la red metropolitana. Frente a una situación de sequía como la que tuvimos, nos enfrentaríamos a una situación muy similar de tener que mezclar agua salada y agua dulce. Lo que queremos evitar es potabilizar agua de mala calidad, con toxinas de alto riesgo, y tener que sufrir los problemas de no estar generando agua potable para la población del sur”, plantea el investigador.
Aubriot manifiesta que al proyecto Neptuno-Arazatí se lo presenta como la solución a “todos los problemas de agua potable, cuando no es así”. “Además, será extremadamente caro para la sociedad, lo vamos a estar pagando de acá a 20 años. Entonces, si vamos a hacer algo extremadamente caro, espero que sea una solución. Ese es mi principal sesgo o parcialidad”, concluyó.
En un contexto de crisis climática y ecológica, causada –entre otros factores– por la falta de accionar de los tomadores de decisiones y donde las consecuencias son cada vez más palpables en la cotidianidad, es difícil que nuestros científicos se mantengan imparciales, en la definición estricta de la palabra. Quizás, también deberíamos preguntarnos si queremos que lo sean.