“La decisión ya está tomada. La decisión es que vamos a firmar el contrato. Vamos a firmar Arazatí”, manifestó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante una conferencia de prensa días atrás. La declaración generó que organizaciones socioambientales emitieran un comunicado este miércoles en el que alertan sobre los “graves riesgos que implica la firma del contrato” del proyecto Neptuno-Arazatí. La iniciativa fue propuesta por el consorcio de empresas privadas Aguas de Montevideo y busca llevar adelante una planta potabilizadora en San José, que se abastecería del Río de la Plata. Enseguida, recordaron que “genera serias preocupaciones en materia legal, ambiental y de derechos humanos”.
“Esta iniciativa se presenta como una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana; sin embargo, no existe consenso sobre la seriedad y la eficacia de dicha solución. Quienes defienden y promueven el proyecto hoy en día son el consorcio Aguas de Montevideo, el actual presidente Luis Lacalle Pou y el Ministerio de Ambiente, que desde los inicios ha actuado como fiel promotor, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país”, señala la misiva firmada por diversas organizaciones, entre las que encuentran Nodo Acá el Neptuno No, Agrupación Tucu Tucu de San José, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, Red Unión Grupos de la Costa y Movimiento por un Uruguay Sustentable.
Por el contrario, subrayan que “el sector agrícola, agropecuario, la academia, representantes políticos de todos los partidos, reconocidas científicas/os nacionales e internacionales alertan sobre el grave impacto que significa el proyecto para el país, cuestionando empírica y científicamente su factibilidad y viabilidad”.
En el texto sostienen que Lacalle Pou anunció la firma del contrato en medio de “la transición política” y destacaron que “constituye un tema central por su importancia estratégica y por la enorme inversión que implica”.
Las organizaciones consideran que la firma del contrato es “imprudente” y lo resumen en cuatro razones. La primera versa sobre que existen “observaciones legales sin resolver”, como el recurso administrativo presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular la licitación, que aún continúa en curso. “A pesar de esta situación, se busca avanzar en la firma del contrato, una decisión que podría comprometer la economía del país y exponer a sus ciudadanos a consecuencias imprevisibles”, señalan. La segunda razón es que sostienen que el Río de la Plata es “una fuente insegura de agua potable” debido a “su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización”. “Esta propuesta pone en duda la seguridad hídrica de la población y podría generar costos operativos insostenibles”, afirman. Además, describen que la cuenca del Plata depende del manejo que realicen cinco países: Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Por otra parte, entienden que el proyecto Neptuno-Arazatí es “inconstitucional” porque genera la “privatización del agua”. “El contrato pretende ceder parte de la gestión del agua a una empresa privada, el consorcio Aguas de Montevideo, un acto que viola principios fundamentales de la Constitución. El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable”, sostienen las organizaciones en la misiva. Finalmente, argumentan que la iniciativa representa una “amenaza para el acuífero Raigón”. “Este riesgo podría comprometer la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona, puesto que es también fuente de riego para este sector”, añaden.
Por último, hacen un “llamado urgente a la reflexión y a la acción”. “No se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medioambiente. Invitamos a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir transparencia sobre un proyecto que afecta a todos los uruguayos”, sentencian.