Trabajador que sufre de enfermedades causadas por agroquímicos sigue buscando justicia para que nadie tenga que pasar por lo mismo

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Año a año millones de kilogramos de agroquímicos ingresan a nuestro país. Son herbicidas, fungicidas, insecticidas y más productos que, en su mayoría, son utilizados por la industria agropecuaria y forestal. Las organizaciones de productores, e incluso representantes de la clase política, definen a estos sectores como el “motor del país” y destacan los millones de dólares que generan en exportaciones. Sin embargo, también está la otra cara de la intensificación productiva que ha tenido lugar en las últimas décadas. Algunos ejemplos son la pérdida de pequeños productores, la contaminación de nuestros cursos de agua o la destrucción de ecosistemas y las afectaciones de salud denunciadas por comunidades rurales y causadas por los “venenos”.

Para las personas que viven en el territorio no es sencillo contar y evidenciar estas problemáticas. El tratar de hacerlo implica un gran sacrificio, tanto físico, emocional como laboral. La historia de Julio de los Santos y Susana Silva, compañeros y trabajadores rurales, se convirtió sin quererlo en símbolo de la lucha contra la contaminación por agrotóxicos y la defensa de nuestros bienes comunes.

Que no le pase a nadie más

Julio vivió sus primeros años en Rivera. A los 13 años se mudó a Canelones y, más o menos a esa edad, conoció a Susana, quien se transformó en su compañera tiempo después. En 2014 consiguió un trabajo en Arrozal 33, un poblado agroindustrial ubicado en el departamento de Treinta y Tres. Allí, sin ningún tipo de protección adecuada, reparaba maquinaria con restos de cáscara de arroz, de agroquímicos y de pintura, entre otras tareas. Su situación, tristemente, no es la única. Entre marzo de 2017 y setiembre de 2021, la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibió 35 denuncias por falta de acceso de trabajadores a los “instrumentos de protección correspondiente para la aplicación de productos fitosanitarios”. Las denuncias se distribuyen en 16 departamentos y se estima que la cantidad de casos en que esto sucede es mucho mayor.

El calvario de Julio comenzó dos años después de haber llegado a Arrozal 33, cuando surgieron los primeros síntomas de que algo no andaba bien. Era una lesión del aparato pulmonar, que diagnosticó el Banco de Seguros del Estado (BSE) en abril de 2017. En concreto, el médico internista y coordinador de la Central de Servicios Médicos del BSE, Carlos Oehninger, detectó que Julio era “portador de enfermedad pulmonar respiratoria neumonitis de hipersensibilidad por exposición a agrotóxicos químicos y polvo orgánico”, además de tener diabetes e hipertensión arterial. Por este informe, la Dirección Técnica de Prestaciones del Banco de Previsión Social consideró que estaba incapacitado para trabajar debido a la gran presión de la enfermedad.

El trabajador rural, que depende de una máquina que le proporciona oxígeno todo el tiempo y que apenas puede caminar, intentó conseguir justicia en nuestro país. Fueron años de espera y, en el ínterin, se sumó más documentación que vincula la enfermedad con la exposición a cáscara de arroz y sustancias químicas. Por ejemplo, como estableció Brecha, un informe del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas consideró que a Julio lo había enfermado su trabajo en el arrozal. Incluso los peritajes propuestos por la empresa, sin contrariar al Hospital de Clínicas, lo que hicieron fue plantear dudas de la fortaleza del “nexo causal”. Si bien en primera instancia la Justicia falló contra la empresa, el Tribunal de Apelaciones revocó esta sentencia y la Suprema Corte de Justicia ratificó esta última resolución.

Ahora Julio está intentando conseguir justicia a nivel internacional. Está cansado. Al preguntarle qué lo motivó a denunciar la situación, responde: “No lo moví tanto por mí, sino también para que no les siga pasando a más personas. Porque sabemos que hay muchas personas enfermas, incluso algunas han fallecido. Yo pienso que sería una buena idea tratar de ayudarlas. Hace poco perdimos un conocido que trajeron de Vergara por unos problemas pulmonares. Duró unos meses y falleció. Ahora quedó la señora con dos hijas”.

Julio se refiere a Luis da Rosa, vecino de Vergara, ciudad que también está ubicada en Treinta y Tres, rodeada por cultivos. Junto con su familia, Da Rosa debió mudarse para que fuera viable acceder a un trasplante pulmonar. Especialistas le dijeron que “el mal acceso al sistema de salud, sumado a la exposición permanente a agrotóxicos inhalados”, lo hacía “implanteable”. Consiguió mudarse, pero no logró sobrevivir. En diciembre de 2023, Luis decía a la diaria: “A veces me pongo a pensar por qué me tocó a mí. Pero después pienso: el tema no es por qué a mí, sino que no les siga sucediendo a otras personas”.

Una preocupación y un pedido de ayuda: acceder al derecho a la vivienda

Julio está sentado en el living de una casita en Ciudad del Plata, en San José. Es la misma que la Institución Nacional de Derechos Humanos gestionó para que pudiera irse de Arrozal 33, junto con Susana y sus dos hijas, porque era peligroso para su salud seguir estando en aquel entorno. Enfrente tiene una mesa repleta de remedios. Lo enumera uno tras otro y estima que tiene que tomar alrededor de 30 por día. Dice que ya no puede sumar más porque no puede pagarlos. A modo de ejemplo, sólo uno de los medicamentos vale 7.000 pesos.

“El médico me dijo que el cuerpo se está secando de adentro para afuera y tengo los órganos afectados. Mi enfermedad está avanzando mucho”, explica. Cuenta que Susana también tiene problemas de salud vinculados a su trabajo en el arrozal. Una carta firmada por el doctor en Medicina Familiar y Comunitaria Ariel Díaz, fechada el 4 de octubre de 2019 y dirigida al Banco de Previsión Social, afirma que recibe atención en la policlínica Penino en conjunto con colegas del BSE y del Hospital de Clínicas desde 2017 por “una intensa exposición a agrotóxicos”. “Los diagnósticos principales son: microlitiasis renales, adenomatosis hepática múltiple con alteración funcional y enzimograma hepático, ameritando trasplante hepático. Desde Toxicología plantean que puede haber una relación entre el diagnóstico hepático y la exposición a agrotóxicos, por lo que sugiere mantenerla fuera de ese ambiente laboral”, indica el documento.

La preocupación que desvela a Julio es tener un techo para su familia. “Hace unos meses estuvo el Ministerio de Vivienda. Nos dijeron que era para actualizar los papeles. A los días nos llaman preguntándonos si no pensábamos salir a alquilar porque hace mucho tiempo que estamos acá. ¿Cómo alquilamos con la jubilación rural y lo poquito que me da el Banco de Seguros? Con esto me pago la medicación. Después nos volvieron a llamar para decirnos que hoy no teníamos el desalojo, pero que mañana no sabían. Van a venir en setiembre a hablar con nosotros y no sabemos qué va a pasar. Yo terminé más enfermo de lo que estaba. Si nos dan el desalojo, ¿para dónde vamos? No tenemos dónde ir. No queremos quedarnos en la calle o en un refugio”, expresa. Susana complementa diciendo que están “acostumbrados a estar en familia los cuatro juntos”. A través de una donación lograron conseguir un terreno y, por esta razón, están en búsqueda de ayuda para poder construir una casa (los datos para colaborar se encuentran al final del artículo).

“El día que falte yo ¿qué van a hacer ustedes?”, le dice Julio a Susana. “El Banco de Seguros me avisó que la renta que me dan, que no es mucho, si me muero, muere conmigo, porque la renta es personal. Lo único que le puede pertenecer a ella es una parte de mi jubilación rural, que son 20.000 pesos. ¿Qué le puede quedar?”, pregunta. Susana relata que “no es calidad de vida estar pensando continuamente en que te podés quedar en la calle”. En la charla, va recordando nombres de personas que les han tendido una mano con donaciones los últimos años. Julio hace hincapié en Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines. Él le dijo: “En la calle no te vas a quedar, te traigo para mi casa”. “Pero yo tengo una orden del Banco de Seguros, y por mi enfermedad no me puedo ir para la zona donde él vive”, lamenta. Julio enfatiza en que tiene más confianza “en la población que en las instituciones”. Susana agrega que todavía se está a tiempo de marcar un antecedente importante para que salga algo bueno de la situación por la que están pasando.

Topolansky: “Hay un gobierno que tiene la orientación de ocuparse de estas cosas”

Julio y Susana intentaron tener contacto con figuras relevantes de la política y otros ámbitos para buscar apoyo. Entre las puertas que tocaron estuvo la chacra del expresidente José Mujica y la exvicepresidenta Lucía Topolansky tiempo atrás. “Tuvimos una charla general sobre la vida. Una cuestión humana, nada más. El muchacho, que tuvo toda la situación penosa y que trabajaba a nivel rural, quería venir. Pepe ya estaba enfermo pero no estaba tan mal, es decir, no estaba tan cerca de la muerte porque fue hace bastante tiempo. A nosotros nos pareció bien que viniera, estuvimos un rato, tomamos unos mates, nos sentamos y conversamos. Fue una reunión linda porque vos aprendés mucho. Desgraciadamente, estos temas nunca están en la agenda pública”, recuerda la referente del Movimiento de Participación Popular a la diaria. Enseguida remarca que los trabajadores rurales son los que están en una situación “más embromada”.

Al consultar a Topolansky sobre si estaba al tanto de la situación de la vivienda de Julio y Susana, plantea que actualmente no tiene “más detalles”, que pensó que “estaba solucionado el tema”, pero que “hay un gobierno que tiene la orientación de ocuparse de estas cosas”.

Un posible juicio internacional: “Tenemos esperanza”

Julio continúa buscando acceder a la justicia, esta vez a nivel internacional. “La primera etapa fue presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien evalúa si eleva o no el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presentamos la denuncia y fue aceptada. Pasamos a la segunda etapa. El Estado uruguayo contestó, nos notificaron. Nosotros volvimos a contestar, en lo que es la tercera etapa. Ahora estamos a la espera de la decisión de la comisión sobre si decide elevar el caso a la Corte o no, o si plantea otras instancias como alguna audiencia”, señala Santiago Mirande, abogado del trabajador rural.

Mirande afirma que la denuncia fue presentada contra el Estado uruguayo por “su responsabilidad tanto legislativa y ejecutiva como judicial”. “Legislativa, en cuanto a lo mal, o insuficientemente, que regula el tema en Uruguay. Ejecutivamente lo mismo, a través de decretos. En general, la normativa sobre agroquímicos y trabajadores rurales es o inexistente o insuficiente o deficiente. Y en lo judicial también es responsable el Estado uruguayo, pero no por haberle dado o no la razón a Julio. Un juicio se puede ganar o perder, pero sí [es responsable] por la manera en que se hizo el juicio y por la manera en que se le dice que no”, manifiesta. Apunta que “lo grave de este tema es que la Suprema Corte de Justicia uruguaya, cuando le dio la razón a la empresa en contra de tres peritajes médicos en favor de Julio, la señal que le dio a la sociedad uruguaya es que vale más la opinión médica de un juez que la de un médico. En eso no estamos de acuerdo”, afirma.

Mirande puntualiza que fueron vulnerados los derechos “a la vida, a la libertad, a la salud, a la dignidad de Julio y su familia y, por supuesto, el tema de la vivienda está incluido”. “Así como el Estado uruguayo tuvo la posibilidad y no lo hizo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una sentencia que dicte sobre el caso, o con un estándar como se le suele decir, tiene la posibilidad de enviar una señal para que otros trabajadores puedan reclamar o para prevenir que esto no ocurra más”, declara. Expresa que tienen “esperanza” y confían en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos brinde justicia para los trabajadores rurales.

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