Tener que consumir decenas de fármacos por día y dormir conectado a un tanque de oxígeno, no poder trabajar ni ayudar en las tareas de la casa, no resistir caminar más de dos cuadras, sentir dolor en las articulaciones y tener que hacer una dieta que no puede costear es parte de lo que aqueja a Julio de los Santos, un hombre de 44 años que trabajaba como mecánico en el Arrozal 33 en 2016, cuando empezaron los primeros síntomas de su enfermedad: lesión del aparato pulmonar, tal como lo diagnosticó el Banco de Seguros del Estado (BSE) en abril de 2017. “Portador de enfermedad pulmonar respiratoria neumonitis de hipersensibilidad por exposición a agrotóxicos químicos y polvo orgánico”, escribió Carlos Oehninger, médico internista y uno de los coordinadores de la Central de Servicios Médicos del BSE, en un informe médico del 24 de octubre para el Banco de Previsión Social; en él deja constancia que De los Santos se atiende en ese centro y en la mutualista Médica Uruguaya, que tiene diabetes e hipertensión arterial, que padece de insuficiencia respiratoria severa y que “por su enfermedad profesional es rentista con una discapacidad de 30%”.

De los Santos empezó a trabajar en octubre de 2014 en el Arrozal 33, una agroindustria situada al este de Treinta y Tres –próximo a la Laguna Merín y a 30 kilómetros de Vergara–, que es un pueblo dedicado al arroz (tiene 110 viviendas en las que residen los trabajadores). Antes ya había trabajado como mecánico y chofer en una empresa del departamento de Canelones. Fue a la escuela hasta los siete años y medio, pero eso no le impidió dominar el trabajo de herrería, chapa y pintura, al que se dedicó a hacer en el arrozal, en donde trabajaba sin ningún tipo de protección reparando maquinaria con restos de cáscara de arroz, de agroquímicos y de pintura fresca, incluso cortando y soldando tanques para hacer conductos de agua, algo que no debería ocurrir. No tenía vestimenta ni máscaras adecuadas, y lo único que había eran ventiladores de pie, en lugar de extractores que alejaran los humos metálicos. Un día empezó a sentir un fuerte dolor “en la espalda y en la paleta”, señala. Fue varias veces al médico en Vergara, pero le decían que eran dolores musculares; un día empezó a vomitar y se desvaneció. Los primeros estudios arrojaron que tenía micosis pulmonar: las radiografías mostraron los pulmones llenos de manchas y otros estudios detectaron cascarilla de arroz. Fue derivado al BSE. No mejoraba y lo internaron por siete días en CTI; ya ahí le diagnosticaron fibrosis pulmonar, hipertensión y diabetes. No volvió a trabajar en el arrozal, pero seguía viviendo allí, donde vivía con su esposa y las dos hijas de ella, que también trabajaba en el arrozal.

Acciones estatales

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) tomó contacto con el tema en diciembre de 2017 y jugó un rol clave. Supo que el trabajador estaba buscando un lugar en el que vivir porque estaba permanentemente expuesto a las fumigaciones que iban a los cultivos de arroz, pero pasaban por encima de las viviendas. Las gestiones de la INDDHH lograron concretar, en abril de este año, la mudanza de De los Santos y su familia (su esposa también está de licencia médica) a Ciudad del Plata, en San José (próximo a la familia de ella); el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) pagará por dos años la vivienda en respuesta a la situación de “emergencia sanitaria”.

La intervención de la INDDHH implicó un pedido de informes a varios organismos estatales que dejaron constancia de los incumplimientos de la empresa en la protección de los trabajadores, la falta de “un plan integral de salud ocupacional de riesgo de puestos de trabajo y plan de vigilancia médica”, el incumplimiento de la normativa de acopio de objetos en desuso, sustancias químicas, tarrinas de plaguicidas, y la falta de análisis de calidad del agua. Además, se detectaron dificultades de los trabajadores y la población para hacer denuncias.

El 31 de julio, la INDDHH emitió un informe de recomendaciones que resume todo el caso. Expresó que “el Estado uruguayo no ha cumplido con el deber de prevención” y que “las políticas públicas implementadas en el caso no garantizaron efectivamente el derecho a la vida, la salud y al medioambiente sano de las personas afectadas”. Entre otras cosas, la INDDHH recomendó “fortalecer la actuación articulada de los organismos involucrados, de manera que las mismas resulten preventivas y efectivas a través de la generación de un protocolo de actuación único que involucre a todos los organismos del Poder Ejecutivo competentes”; definir subcategorías dentro de la zona rural para delimitar perímetros de exclusión de fumigación y elaborar un protocolo sanitario para escuelas rurales; difundir información sobre riesgos para la salud y el medioambiente e implementar un plan de manejo de residuos.

El informe de la INDDHH dejó constancia que la Intendencia de Treinta y Tres, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el MVOTMA no proporcionaron información. Mariana Mota, directora de la INDDHH informó a la diaria que el MGAP contestó recientemente al pedido de informe; respondió que, en 2016 a raíz de una denuncia, constataron que al fumigar “no se respetaba la distancia mínima de centros poblados y escuelas y se consideró una falta grave aplicándose una sanción que está en discusión en proceso administrativo”, detalló Mota. La Dirección Nacional de Medio Ambiente sigue sin responder, dijo Mota. Según supo la diaria, el Ministerio de Salud Pública no ha avanzado mayormente: si bien hay un plan de inspección para ir al lugar, tienen pendiente concurrir.

“No hay una respuesta clara del Estado”, evaluó Mota, que señaló que falta trabajar en la coordinación interinstitucional –porque “como que se va disolviendo la responsabilidad entre unos y otros”– y tener una mirada global, que implique el seguimiento de los incumplimientos, y un “abordaje sistemático” que mire a futuro. Dijo que hay daños al suelo, al agua y “un grado de afectación gravísimo” de la salud de los trabajadores, pero que queda la sensación de que “esa dimensión no está presente todavía”.

En paralelo, el caso está en el Juzgado Letrado de Trabajo de 8º Turno a cargo de la jueza María del Rosario Berro: De los Santos reclama una indemnización de la empresa por el daño sufrido en la exposición laboral. La empresa niega que la enfermedad tenga que ver con su actividad en la empresa. El miércoles se desarrolló la tercera audiencia, en la que declararon un médico de Vergara, Oehninger, y se mostró que la historia clínica anterior al pasaje de De los Santos por la empresa sólo contenía consultas por afecciones puntuales, como gripes. Tal como publicó el periodista de Treinta y Tres Aníbal Terán en La Juventud, los abogados de De los Santos, Justino Moraes y Marcela Burastero, recusaron a la jueza por no ofrecer garantías de imparcialidad: en declaraciones a El País, Berro opinó que el caso no era lo que parecía, que la afección de De los Santos tenía relación con el tabaquismo y no con los agroquímicos, que el abogado del arrozal era “brillante”, y que esa empresa había sido la primera arrocera en tener un técnico prevencionista; por otra parte, los abogados denunciaron que en las audiencias la jueza no dejaba terminar de hablar a los testigos del afectado. Berro no aceptó el planteo y resolvió continuar con el caso, aunque un tribunal deberá expedirse si ella puede continuar, o no. Pese a que las audiencias son públicas, Berro no permitió a la diaria presenciar la tercera audiencia, y tampoco le permitió el ingreso a Antonio Rammauro, abogado de la INDDHH.