Tabaco, combustibles, bebidas alcohólicas, bebidas sin alcohol, cosméticos y vehículos son algunos de los productos que actualmente están gravados con el impuesto específico interno (Imesi). El nuevo artículo 468 de la ley de presupuesto, que se encuentra en el apartado del Ministerio de Ambiente y bajo estudio parlamentario, propone incorporar a la lista determinados plaguicidas, herbicidas y fungicidas.
En concreto, los agroquímicos que se propone que paguen Imesi son las “sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios comprendidos en las categorías 1a o 1b, según la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, y también “otros productos no comprendidos en las categorías anteriores que establezca el Poder Ejecutivo” en base a “previa evaluación técnica”. Las sustancias bajo las categorías 1a del documento Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que presentan corresponden a plaguicidas “sumamente peligrosos”, mientras la 1b refiere a aquellos considerados “muy peligrosos”. La normativa que espera ser aprobada incluye “los productos fitosanitarios y cualquier otro producto que contenga las sustancias activas”.
El presupuesto expresa que el impuesto consiste en “un monto fijo por litro o kilo, según corresponda, por sustancia activa enajenada o contenida en un producto”. En el texto exceptúan del pago “al uso de las sustancias activas utilizadas como materias primas en los productos comprendidos en el presente numeral fabricados en el país, con destino a ser comercializados”. “En este caso, el fabricante nacional abonará el tributo en la primera enajenación de los referidos productos, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior, salvo que la sustancia activa haya sido adquirida en plaza”, agrega. El valor máximo será 25 unidades indexadas por kilo/litro y la normativa permite al Poder Ejecutivo “fijar montos diferenciales” para las distintas sustancias activas de plaguicidas, “considerando criterios de peligrosidad para la salud humana y el ambiente”.
El artículo no pasó desapercibido y generó repercusiones. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que le “preocupan algunos impuestos que aparecen notorios y algunos impuestos que aparecen ocultos” en la ley de presupuesto, y citó como ejemplo de esta última situación el artículo que busca aplicar el Imesi a los plaguicidas más peligrosos. Apuntó que fue “redactado elípticamente” y que “va a encarecer enormemente los fitosanitarios que se usan en la agricultura, en la horticultura y en la granja”. De forma similar se expresó Walter Cervini, diputado del Partido Colorado, quien indicó que recibió con “sorpresa” el artículo, que está “lejos” de ser una herramienta “útil para el ambiente” y está “más cerca de ser un elemento de recaudación pura”.
Por otro lado, Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), manifestó a Verde News que, si tenía que leer el artículo “cinco veces para entender qué dice, ya hay algo raro”, y declaró que la normativa, que “puede mejorar la redacción”, es uno de “los puntos más delicados que hemos encontrado hasta el momento en la ley de presupuesto”. El representante de las gremiales agropecuarias definió que están “terminantemente en contra” del artículo y que, dada su redacción, “hay una posibilidad de que se encarezcan todos los productos fitosanitarios”. “A nosotros nos dicen la primera frase, [que el impuesto incluye] la categoría 1a y 1b. Si es eso poné la tasa, terminalo y ahí nosotros nos podemos callar la boca, pero, así como está, no. Esa es nuestra pelea; después los gobernantes gobernarán”, consideró. Durante la entrevista también cuestionó la modificación que pretende llevar adelante el Ministerio de Ambiente del Decreto 253/79, de la dictadura, que regula la calidad de los cursos de agua. A su vez, según consignó El País, durante su discurso en la Expo Prado, Ferber abordó la problemática de la calidad de agua en la cuenca del Santa Lucía y planteó que “ningún productor aplica nutrientes más allá de lo necesario, somos los primeros interesados en cuidarlos, pero no se puede pretender que el agua llegue igual que hace 70 años”.
Las autoridades de la cartera ambiental estuvieron el jueves en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados. Defendieron el artículo que pretende gravar los plaguicidas más peligrosos para la salud y el ambiente amparándose en que puede convertirse en una herramienta para desestimular su uso. Durante la sesión fueron varios los legisladores de la oposición que manifestaron su desacuerdo con la iniciativa. Por ejemplo, según consta en la versión taquigráfica, el representante del Partido Nacional Pablo Abdala declaró: “En este caso, creo que estamos encareciendo la producción. De las gremiales agrícolas, o algunas de ellas, hemos recibido reclamos de varios productores, en el sentido de que esto duplicaría el costo de insumos que son esenciales, y eso después se va trasladando en la cadena al consumidor final y a los precios. Por eso es que discrepamos; no tenemos dudas, discrepamos radicalmente con esta propuesta”. Ante este escenario, cabe preguntarnos: ¿qué datos tenemos hasta el momento?
Los millones de plaguicidas que llegaron a Uruguay durante 2024
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tiene disponible en su página web la cantidad de sustancias activas de plaguicidas que son importadas y las cantidades formuladas en nuestro país. En 2024 fueron importados 31.088.298 litros/kilos de herbicidas, a las que se suman 2.896.535 litros/kilos de formulación nacional. Con respecto a los fungicidas, se importaron 2.216.480 litros/kilos y 1.348.514 fueron de formulación nacional. A su vez, otros 1.234.160 litros/kilos de insecticidas fueron importados y 982.082 más fueron de formulación nacional. Con estas cifras para un país tan pequeño, donde importamos ocho litros/kilos de herbicidas por persona, no es llamativo que existan investigaciones académicas que detectan, por ejemplo, que los agroquímicos incidieron en nacimientos con bajo peso y prematuros en localidades del litoral de Uruguay.
De los herbicidas importados, más del 60% (en concreto, 18.680.348 litros/kilos) corresponde a glifosato. Este herbicida figura en el documento Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que presentan como clase III, donde se encuentran los productos “poco peligrosos” para ese organismo internacional. Esto no quiere decir que el glifosato sea inocuo para el ambiente y la salud humana. Sin ir más lejos, en 2015, un grupo de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que también forma parte de la OMS, clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos” y mencionó que existe “fuerte” evidencia de genotoxicidad. Más aún, en junio de este año se publicó un artículo científico en la revista Environmental Health denominado, justamente, “Efectos cancerígenos de la exposición prolongada desde la vida prenatal al glifosato y a los herbicidas a base de glifosato en ratas Sprague-Dawley”.
Campo de soja en Nueva Helvecia (archivo, febrero de 2024).
Foto: Ignacio Dotti
El segundo herbicida más importado, según los datos del MGAP con 3.150.748 litros/kilos, es el 2,4D. Esta sustancia es definida por la OMS bajo la clase II, que corresponde a las “moderadamente peligrosas”. Le sigue el paraquat, con 1.575.344 litros/kilos, que también es clase II. Sobre este último tóxico, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina ha alertado sobre el peligro de su uso en nuestro país, más que nada en referencia a la salud de las comunidades. Incluso, en ámbitos internacionales como el Convenio de Róterdam, son varios los países que están buscando estrategias para regular su comercio internacional.
Al contrastar la lista de los herbicidas y fungicidas importados a nuestro país en 2024, ninguno se encuentra en las categorías 1a y 1b de la OMS, que hace referencia el artículo de la ley de presupuesto. De los insecticidas, el único que fue clasificado por la OMS bajo la categoría 1b fue la abamectina; en 2024 se importaron a Uruguay 66.128 kilos/litros de este producto. Es decir, la mayor parte de los plaguicidas que se utilizan en nuestro país se encuentran en la clase II y III de la OMS; sin embargo, no están exentos de generar problemas. Un ejemplo es el insecticida clorpirifos. Si bien fue definido por la OMS como “moderadamente peligroso”, a partir de movimientos locales que evidenciaron los efectos negativos que causa tanto en las personas como en los ecosistemas, ingresó recientemente al anexo A (donde están las sustancias que deben ser prohibidas) del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, aprobado por Uruguay. En nuestro país su presencia se ha detectado frecuentemente en cursos de agua, como la laguna del Cisne donde OSE tiene una toma de agua potable, en peces, e incluso una investigación reciente analizó la presencia del metabolito de clorpirifos en alumnos de primer año de escuelas de Montevideo, y se reportó una alta cantidad. Por otro lado, entre 2002 y 2011, provocó 126 intoxicaciones en personas. En 2024, se importaron 40.640 kilos/litros del producto.
La última actualización de la guía de la OMS es de 2019. En el documento se aclara que “los criterios de clasificación son pautas destinadas a completar, pero nunca a sustituir, los conocimientos especializados, el dictamen clínico bien fundado o la experiencia adquirida con un compuesto”, y, además, cada tanto tiempo, consideran que puede ser recomendable revisar la evidencia. Aquí cobra importancia la segunda parte del artículo de la ley de presupuesto, donde se establece que el Imesi también debe ser aplicado a otros productos que “establezca el Poder Ejecutivo” en base a “previa evaluación técnica”.
Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, dijo a la diaria que se optó por incluir en el articulado estas categorías porque actualmente “no hay una definición de los plaguicidas altamente contaminantes”, denominados por su sigla PAP. El jerarca planteó que las clases 1a y 1b de la OMS se centran en aspectos vinculados a la salud humana, pero las autoridades de la cartera quieren que también “se tenga en cuenta los aspectos ambientales, pero como no hay una definición de los PAP, no se podía poner en la norma jurídica del Imesi”, explicó. En los próximos meses, estarán trabajando junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la lista de los productos que serán gravados y en una definición de los PAP. Adelantó que, por ejemplo, evaluarán el paraquat y el clorpirifos.
Una herramienta que no es “mágica” y necesita ser acompañada por otros cambios
Nario señaló que aplicar el Imesi a los plaguicidas altamente contaminantes se enmarca en las líneas de trabajo que llevan adelante para “promover la transición del sector agropecuario hacia modelos más sostenibles”, y admitió que no es una “herramienta mágica”. Enseguida apuntó que el objetivo del instrumento no es “recaudatorio”, sino que busca “cambiar un patrón de comportamiento” y “desplazar” el uso de las sustancias. “Esto es una herramienta para ayudar al resto de las herramientas que tenemos. Por sí solo no va a generar un cambio, pero sí reivindicamos el uso de instrumentos económicos como herramientas ambientales, como está establecido en el artículo 7 de la Ley General de Protección del Ambiente”, expresó. Al consultarle a dónde se dirigirá el dinero, respondió que, en principio, apostarán a que “vaya a Rentas Generales” y que “pueda usarse para promover bioinsumos y el apoyo a los productores en la transición de modelo de producción”. Sin embargo, aclaró que tampoco están “cerrados a que pueda haber un fondo” específico para la recaudación si este punto transmite mayor seguridad a la oposición.
El jueves, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados, Nario profundizó en el tema. “La inexistencia de desestímulo para los plaguicidas de mayor toxicidad no permite acelerar la transición hacia sistemas de producción más sostenibles, a la vez que, a nivel de los mercados internacionales, la presencia de residuos de estos plaguicidas altamente peligrosos puede poner en riesgo el acceso a estos. Este punto podemos unirlo con la información de precios, que es el otro componente importante. Un estudio realizado por el ingeniero agrónomo Santiago Guerrero, investigador de la Universidad Católica, muestra claramente que los precios de los plaguicidas altamente peligrosos están bajando a nivel global, lo cual es lógico al irse restringiendo los mercados, y eso hace que tengan un estímulo económico para introducirse frente a otras estrategias”, declaró.
Más adelante, apuntó que la alternativa a los plaguicidas altamente contaminantes “no necesariamente es un plaguicida con menos toxicidad” y que se puede apostar a otras herramientas, como los bioinsumos. Acotó que “son prácticas diferentes, de una forma de vincularse con la naturaleza y los sistemas productivos diferentes, como, por ejemplo, los cultivos de cobertura, que permiten en muchos casos combatir malezas con insumos que fortalecen a las plantas e implican menor necesidad de utilizar los pesticidas”. Sumó que “es un modelo que no necesariamente implica un incremento de costos, sino una transición hacia un modelo productivo diferente al que Uruguay tiene que ir si quiere seguir vendiendo sus productos y que esa producción no termine afectando la salud y el ambiente de los uruguayos y uruguayas”.
Sobre la aplicación del Imesi a los plaguicidas más peligrosos, también destacó: “En el período pasado, Uruguay transformó el impuesto al carbono, que es un impuesto a través del Imesi que desestimula el uso de combustible y premió la movilidad eléctrica. Estas son herramientas muy útiles. Nosotros lo vivimos personalmente cuando gestionamos la ley de bolsas a través de un instrumento económico. Ese instrumento económico, que fue cobrar la bolsa, implicó un cambio en el patrón de conducta y de consumo de las personas, lo que disminuyó de manera drástica el consumo de bolsas. Entonces, no cerremos la cabeza a utilizar herramientas económicas para los cambios de patrones. Esto no tiene un fin tributario”.
¿Y el glifosato?
Pese a no estar comprendido en las categorías más peligrosas de herbicidas, el glifosato, el agroquímico más importado en nuestro país, se ha demostrado que daña a organismos y ambientes, no sólo a nivel internacional, sino con estudios realizados por nuestra propia comunidad científica. Van aquí algunos ejemplos.
Una publicación científica publicada en 2020 demostró que el glifosato tiene efectos indeseados en arañas que ayudan a controlar plagas de cultivos.
Una publicación de 2019 analizó los efectos de la exposición conjunta a glifosato y clorpirifós en peces de agua dulce conocidos como “madrecitas” (Cnesterodon decemmaculatus). Encontraron [afectaciones perjudiciales a nivel de hígado, anormalidades nucleares, entre otras]/https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2020/3/agroquimicos-en-el-agua-investigacion-analizo-los-efectos-combinados-y-separados-del-glifosato-y-el-clorpirifos-en-madrecitas-peces-orilleros).
En 2021 un equipo de investigación de nuestro país demostró efectos altamente perjudiciales del glifosato a la exposición crónica en abejas, aun a dosis subletales.
Ampliando ese trabajo de 2021, en un artículo publicado en 2023, científicas de Uruguay demostraron que los agroquímicos que se proponen como sustitutos también resultan letales para las abejas.
Si bien no apunta directamente al glifosato, dado que es el agroquímico más usado, es alarmante que en 2023 una investigación haya detectado que el área protegida Parque Nacional Esteros de Farrapos, que está rodeada de cultivos con intenso uso de agroquímicos, es un “punto caliente” de anormalidades de anfibios.
En 2022 se dio a conocer que monitoreos de la Ursea encontraron glifosato en muestras de agua potable de Colonia, Maldonado, Lavalleja, Canelones y Florida.
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