Año 2022. Luiz Inácio Lula da Silva, quien recién había triunfado en las elecciones de Brasil, viajó a Egipto para participar en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Una multitud coreaba su nombre en señal de alegría, mientras el mandatario ingresaba en la sede y prometía que en 2025 la reunión internacional sería en la Amazonia. Horas más tarde, varios jefes de gobierno tomaron la palabra para hablar sobre la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dar discursos con lindas promesas. En paralelo, hubo negociaciones que tuvieron como objetivo acordar metas y acciones concretas para reducir el impacto antropogénico en los ecosistemas. La sala estaba colmada de periodistas que reportaban sobre las novedades a los diferentes territorios del planeta.

La escena es tan sólo una muestra de que las COP de Cambio Climático cada vez van cobrando más protagonismo. La de este año tendrá lugar en la ciudad amazónica de Belén y existe una gran expectativa sobre los avances que puede suponer para el Sur global. Probablemente, lo que allí suceda recorrerá el mundo.

Sin embargo este artículo no trata sobre el cambio climático, sino sobre sustancias químicas peligrosas –como los plaguicidas–, sus repercusiones socioambientales, pese a que no se les presta igual atención a las reuniones de los convenios internacionales que tratan sobre esta materia, y a las problemáticas que esto conlleva tanto a nivel nacional como internacional.

Entre el 28 de abril y el 9 de mayo tuvo lugar en Suiza la COP de los convenios de Basilea, Róterdam y Estocolmo. Asistieron aproximadamente 1.600 personas, entre ellas 1.190 representantes de países (para hacerse una idea, durante la COP de Cambio Climático de 2022 asistieron más de 35.000 personas). Los tres acuerdos regulan diferentes aspectos vinculados a las sustancias químicas peligrosas, exigiendo diferentes medidas. Basilea trata sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación; Róterdam tiene por objetivo regular el comercio internacional de productos químicos peligrosos, aplicando un procedimiento de consentimiento fundamentado previo; y Estocolmo busca proteger la salud humana y el ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes –sustancias químicas que permanecen intactas durante largos períodos– tomando medidas para eliminar o reducir su producción, utilización, importación, exportación y emisión.

Existen varias situaciones que pueden ayudar a dimensionar la importancia de esta temática y lo que se decide en esta COP. Por tan sólo citar dos, los insecticidas y también contaminantes orgánicos persistentes DDT y Dieldrin, prohibidos desde hace varias décadas en nuestro país y también incluidos en los acuerdos, han sido detectados en la cuenca de la laguna Merín (DDT) y en la cuenca del río Santa Lucía (Dieldrín) en 2022 y 2023.

Clorpirifós: la lucha por prohibirlo en Uruguay y el mundo

María Isabel Cárcamo es la coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal) en Uruguay. Referente en el activismo contra sustancias tóxicas, participó en la COP de los convenios de Basilea, Róterdam y Estocolmo. En 2024, Rapal pidió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que prohíba el insecticida clorpirifós por entender que las regulaciones vigentes en aquel momento no eran la solución, recomendando entonces prohibir totalmente su uso.

En abril de este año, la cartera restringió el uso del agroquímico en los cultivos de arándanos, cebolla, ciruela, durazno, girasol, limón, mandarina, manzana, pera, pomelo, sorgo, pulgón de maíz y tomate. En la resolución se indica que a nivel regional el producto está prohibido en Argentina, Perú y está en proceso de reevaluación en Brasil. Además, Estados Unidos también lo restringió en algunos usos alimentarios y la Unión Europea lo prohibió en 2020. A su vez, detalla la normativa, “el ingrediente activo posee riesgos en diferentes organismos no objetivos, incluyendo insectos benéficos” como pueden ser los polinizadores, y el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de la Universidad de la República ha emitido informes sobre la toxicidad del clorpirifós. Añaden que la sustancia será propuesta para ingresar al anexo III del Convenio de Róterdam por el Comité de Examen de Productos Químicos. En esta lista se incluyen plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o severamente restringidos por razones sanitarias o ambientales.

Según datos del MGAP, en 2021 el clorpirifós fue uno de los insecticidas más importados, con 130.658 kilogramos. Asimismo, su presencia se ha detectado en forma frecuente en cursos de agua, como la laguna del Cisne, donde OSE tiene una toma de agua potable, en peces, e incluso una investigación reciente analizó la presencia del metabolito de clorpirifós en alumnos de primer año de escuelas de Montevideo y se reportó una alta cantidad. Por otro lado, entre 2002 y 2011, provocó 126 intoxicaciones en personas.

Rapal integra la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN, por su sigla en inglés), que agrupa a más de 600 organizaciones de 127 países que trabajan para eliminar sustancias tóxicas y que estuvo presente en la COP. En un comunicado que Cárcamo compartió con la diaria, la red pide que el clorpirifós ingrese al anexo A –donde están las sustancias que deben ser prohibidas– del Convenio de Estocolmo y en el anexo III del Convenio de Róterdam (la inclusión en esta lista no impide su uso, pero la parte que exporta el producto químico debe notificar a la parte importadora y obtener su consentimiento previo). IPEN apunta que el insecticida es “altamente tóxico para organismos acuáticos, aves y vertebrados” y que tiene “una toxicidad aún mayor para los insectos”. “Existen pruebas fehacientes de su neurotoxicidad en el desarrollo humano”, resalta, y agrega que “más de 50 países de muy diversos climas, niveles de desarrollo económico y con diversas aplicaciones han conseguido prohibir las clorpirifós (total o parcialmente)”. Insisten en que “existen alternativas para todos los usos, incluidas alternativas no químicas” para la eliminación “progresiva” del producto.

La información sobre las negociaciones y acuerdos que tienen lugar en la instancia internacional no es fácil de conseguir. Una de las pocas coberturas es realizada por el Boletín de Negociaciones de la Tierra, que es definido como un “servicio de información equilibrado, oportuno e independiente sobre las negociaciones de las Naciones Unidas sobre medioambiente y desarrollo”. En el Boletín se indicó que, durante la instancia internacional, el clorpirifós ingresó en el anexo A (donde están las sustancias que deben ser eliminadas) del Convenio de Estocolmo, pero existirá una larga lista de exenciones específicas a dicha prohibición. Es decir, se podrá seguir utilizando en algunos casos. Cárcamo relató que Uruguay fue uno de los países que pidieron exenciones para algunos cultivos.

Paraquat y una decisión no acordada

Para Cárcamo la COP de los convenios de Basilea, Róterdam y Estocolmo debería ser más difundida para contar con “más información”. “Estamos hablando de temas que son muy complicados para la salud humana, pero se prioriza lo económico, lo productivo”, señala. “Creo que una de las razones por las que no es priorizado es porque en los tres convenios hay mucho poder detrás. Acá veo pasar –hablo a nivel general– un delegado con cinco personas de la industria. La industria toma la palabra en las plenarias, porque es parte de cómo se negocia. No estoy diciendo que esté bien o mal, pero sí hay que ver por qué se toman las decisiones”, señala. Enseguida pone sobre la mesa que “salir a decir esto en algunos países complica mucho”. “Afortunadamente, en Uruguay se puede hablar. Tengo contacto absolutamente con todos los ministerios y podés conversar, charlar, decir ‘mirá, acá hay alternativas’. Que después te den corte es otra cosa”, bromea, pero enseguida se pone seria y remarca: “Pero se puede conversar, en otros lugares no”.

En el informe del 5 de mayo del Boletín de Negociaciones de la Tierra se indica que, en el marco del Convenio de Róterdam, Uruguay se opuso a que el herbicida paraquat ingrese al Anexo III. Los otros países que estuvieron en la misma línea fueron Venezuela, Guatemala, Argentina, Ecuador y Paraguay porque, “en la práctica”, incluirlo en la lista constituiría “un obstáculo al comercio”.

Los países que apoyan su inclusión son Reino Unido, Maldivas, Suiza, los miembros de la Unión Europea, Trinidad y Tobago, Malí, Nepal, Irán, Bielorrusia, República Dominicana, Noruega, Nueva Zelanda, Irak, Camerún, Mozambique, Costa de Marfil, entre otros. En el boletín se describe que la Unión Europea recordó que la inclusión en el Anexo III del Convenio de Róterdam “no constituye una prohibición”. En este contexto, Brasil también apoyó la inclusión, “reconociendo que esta cuestión depende de las capacidades y situaciones nacionales”. Organizaciones sociales se expresaron a favor de incorporarlo en la lista “alegando efectos neurológicos en niños”, mientras que CropLife International, una asociación de comercio internacional de empresas agroquímicas, elogió “la eficacia del paraquat sobre las malezas resistentes” y se opuso a la medida.

¿Qué fue lo que sucedió y por qué Uruguay se expresó en contra de sumar el paraquat en el Anexo III? “Todos los países, cuando vienen a estas reuniones, tienen acuerdos previos. En la decisión de toda sustancia intervienen los ministerios de Ganadería, Relaciones Exteriores, Salud y Ambiente. Ellos se reunieron en Uruguay y tomaron la decisión de que no iban a hablar del paraquat, iban a hablar de otras sustancias apoyando que se pusieran en la lista del Convenio de Róterdam. Por ejemplo, el fention [insecticida], que en Uruguay no se usa [se prohibió en 2019]. En el caso del paraquat, el que dijo que no se incluyera en la lista fue el Ministerio de Ganadería. Aparentemente, por la información que nosotros hemos tenido, no fue esa la posición que traía Uruguay. Esa posición fue exclusivamente del Ministerio de Ganadería, del representante”, expresó Cárcamo. la diaria confirmó que la situación generó cortocircuitos a la interna del gobierno.

Cárcamo agrega: “Desde nuestra visión, ¿qué es lo importante? Que el paraquat se está usando. Lo dijo el ministerio, no era lo que tenía que decir en la reunión y ahí es donde se armó cierta dificultad, porque se había tomado otra decisión, pero se está usando una sustancia que es muy tóxica, sobre todo para los aplicadores. Eso se ha repetido, una y otra vez. Incluso, en otras reuniones de estos mismos convenios, el Ministerio de Salud Pública lo ha dicho”. En este sentido, Cárcamo adelantó que Rapal pedirá reuniones con las carteras de Salud, Ganadería, Agricultura y Pesca, Ambiente, y Trabajo y Seguridad Social.

El paraquat estuvo entre los herbicidas más importados en 2021. En Uruguay está prohibido su uso como desecante y tiene su venta condicionada a la emisión de receta profesional. En 2023, la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió una advertencia sobre el uso de paraquat en soja y recordó que está prohibido para este uso.

Incentivar la participación y cooperación

IPEN planteó en su comunicado varios asuntos que deberían ser tenidos en cuenta en los tres convenios. Considera vital que los países que participan en los convenios de Basilea, Róterdam y Estocolmo fomenten una “mayor cooperación y coordinación” entre los diferentes acuerdos. Piden adoptar medidas que giren en torno a “la prevención y lucha contra el tráfico y el comercio ilegal de productos químicos y residuos peligrosos”. Recalcan que “el comercio ilegal de productos químicos y residuos peligrosos perjudica la salud humana, el medioambiente y afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo”. Por otro lado, exigen que los estados que ratificaron los convenios de Róterdam y Estocolmo proporcionen información sobre los casos en los que se incumpla el convenio.

Otro de los puntos en los que hace hincapié la red gira en torno al “desarrollo de capacidades”. Indica que “deben reforzarse y priorizarse los mecanismos de asistencia técnica y transferencia de tecnología para la eliminación efectiva de los contaminantes orgánicos persistentes enlistados y la introducción de alternativas progresivas”. Subraya que también debe proporcionarse “asistencia financiera y técnica para apoyar la aplicación sostenible a largo plazo de la supervisión de los contaminantes orgánicos persistentes”. Considera fundamental la participación de ONG y la sociedad civil en el “diseño y la ejecución de los proyectos”, y agregan que “este criterio debería incluirse en evaluaciones e informes” que hacen los países.

Sin dudas, la mayor participación de la academia y organizaciones sociales, además del acceso fácil a información de calidad sobre diferentes aspectos que hacen al uso de sustancias químicas peligrosas y la posición de los países, enriquecería este tipo de conferencias internacionales y las discusiones que se dan allí. En estos espacios está en juego mucho, por ejemplo, las decisiones sobre qué tipo de plaguicidas deberían estar prohibidos y cómo deberían ser las transiciones para abandonarlos.