¿La crisis que tuvo lugar en 2023 fue efectivamente del agua o hídrica, como se la denominó, o se trató de una crisis −aún vigente y más amplia− que versa sobre cómo manejamos los sistemas que nos rodean, de los que formamos parte y dependemos? Esta fue una de las preguntas que intentamos poner sobre la mesa en la diaria durante aquellos meses en los que el agua no potable salía por las canillas de la mitad de la población que vive en nuestro país, que los cursos de agua se transformaron en tierras resquebrajadas, junto con una larga lista de consecuencias. Este mes −un año y cinco meses después de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dejó sin efecto el decreto por el que se declaró la emergencia hídrica en la zona metropolitana− el Ministerio de Ambiente (MA) publicó en el Observatorio Ambiental Nacional un documento denominado Plan de monitoreo del río Santa Lucía: Informe de actividades y presentación de resultados del año 2023, elaborado por la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental.
Los resultados deberían alertarnos y alentarnos a pedir la toma de acciones para proteger una de las principales cuencas destinadas al abastecimiento de agua potable de Uruguay, como lo viene haciendo hace más de una década la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. A lo largo del informe se detallan incumplimientos que van desde la detección de plaguicidas prohibidos desde hace décadas, hasta el incumplimiento en el 100% de las muestras en los valores de fósforo en siete de ocho subcuencas analizadas. Sin ir más lejos, en el documento se afirma que de las 16 variables con valores de referencia en el decreto 253/79, 12 de ellas han incumplido con este valor al menos en una ocasión, durante 2023.
El informe
El objetivo del informe es “evaluar la calidad del agua del río Santa Lucía y sus principales afluentes” a partir de datos recabados en 2023. Los técnicos definieron 27 estaciones de monitoreo distribuidas en ocho subcuencas; a su vez, durante el año realizaron los seis muestreos que estaban previstos en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Sin embargo, advierten que “debido a la sequía que afectó a la región, muchos cursos se encontraron cortados, completamente secos o con un nivel de agua muy bajo, por lo que varias estaciones no pudieron ser controladas”. Un ejemplo es el embalse de Paso Severino.
En total, a lo largo del año, se analizaron 109 parámetros, de los cuales 84 corresponden a principios activos de plaguicidas. Esto supone un paso más para conocer el estado de situación de la cuenca, ya que en 2013 la institución contaba con la capacidad de analizar apenas seis principios activos; en 2019 la capacidad de análisis de plaguicidas se amplió a 41 y durante este ciclo se duplicaron la cantidad de principios activos que pueden detectarse en el agua. En el documento se indica que para evaluar la calidad del recurso, los resultados fueron contrastados con los estándares fijados para la clase 3 del decreto 253/79 −sobre este punto volveremos más adelante−, las modificaciones sugeridas por el grupo Gesta Agua y la Mesa Técnica del Agua.
Los técnicos del MA manifiestan que, “en términos generales, todos los cursos de agua mostraron mejores niveles de cumplimiento en la cuenca alta, con gradual deterioro en el tramo medio y hacia la desembocadura”. Enseguida, describen: “El fósforo total y nitrogenados son los parámetros que presentan mayor irregularidad en la cuenca del río Santa Lucía. Dentro de los nitrogenados, el nitrógeno total es el que mayor incumplimiento presenta. Se observa que, de las ocho subcuencas muestreadas, en seis de ellas se incumple con el 100% de lo establecido con el estándar. Por otro lado, el parámetro que registró la menor frecuencia de cumplimiento del estándar de calidad fue el fósforo total: se observó que de las ocho subcuencas que se lograron monitorear, en siete de ellas no se cumplió, en un 100%, con lo establecido en el decreto 253/79”.
La cartera detalla que este comportamiento está asociado al “aporte de nutrientes de origen difuso desde la cuenca hidrográfica, que se va incrementando por importantes aportes desde fuentes puntuales establecidas en las subcuencas del sistema”. “Por ejemplo, los cauces menores, como los arroyos Canelón (Grande y Chico), Colorado y arroyo de la Virgen, son los que tienen una mayor influencia en el aporte de nutrientes, y son a su vez los cursos que tienen un 100% de incumplimiento de la norma. Por lo tanto, este fenómeno de acumulación y exportación de sustancias aguas abajo en la red hidrográfica, donde se encuentran los cursos de mayor orden, es esperable y su magnitud depende del balance entre los aportes de la cuenca y la actividad biológica del sistema”, dice el documento.
En esta línea, el informe describe que, mediante la aplicación del índice de estado trófico en cada punto de muestreo, observaron que la cuenca “se caracteriza por presentar aguas con características que van desde una buena calidad de agua a una muy mala calidad de agua, es decir, desde mesotróficas a hipereutróficas”. Sin embargo, hay malas noticias porque, “del total de cursos monitoreados, se observó una mayor frecuencia de aguas con características hipereutróficas, concentradas principalmente en las zonas de la desembocadura del curso principal”. En este sentido, el informe dice que al comparar los resultados del índice del año 2023 respecto a los de 2022, los cursos estuvieron dentro de la misma categoría, salvo por dos excepciones.
Mapa de calidad de agua en base a la aplicación del Índice de Estado Trófico (IET) durante 2023 elaborado por el Ministerio de Ambiente.
En el informe técnico del MA se detalla que “de las 16 variables con valores de referencia (decreto 253/79, modificativos y tomadas de otros países), 12 de ellas han incumplido con este valor de referencia, al menos en una ocasión, durante 2023”. “De estas, algunas reflejan situaciones puntuales sin riesgo directo para el ecosistema, mientras que otras muestran un incumplimiento crónico por lo que resulta necesario poner atención sobre ellas para mitigar potenciales complicaciones que afecten tanto al ecosistema per se, como a la comunidad”, advierten.
Los plaguicidas
De los 84 principios activos de plaguicidas analizados, 38 fueron cuantificados al menos en una oportunidad. A 13 compuestos no se les pudo asignar un valor en ninguna de las muestras, pero “llegaron a ser superiores al límite de cuantificación de la técnica”. Aquí debemos prestar atención porque “de los principios activos cuantificados, sólo cuatro tienen límites (propuestos por el grupo Gesta Agua)”.
Por otro lado, los técnicos del MA constataron la presencia de Clordano Cis, Dieldrin, Heptacloroepóxido, Mirex y Metil paratión. Esto “incumple con lo sugerido por el grupo Gesta Agua”. Parte de los últimos plaguicidas se encuentran en el anexo III del Convenio de Róterdam −que Uruguay aprobó−, que incluye plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o severamente restringidos por afectaciones sanitarias o ambientales. Por tan sólo nombrar un ejemplo, ya en 1968 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prohibió el uso de insecticidas clorados formulados a base de Dieldrin −uno de los plaguicidas que se detectó la presencia en la cuenca del río Santa Lucía en 2023, según consta en el informe−.
Sin ir más lejos, este producto fue detectado en cuatro ocasiones en la cuenca del río Santa Lucía, dos ocasiones en la cuenca del arroyo Canelón Grande, una vez en la cuenca del arroyo de la Virgen y dos más en la cuenca del río San José. El Heptacloroepóxido fue encontrado en cuatro ocasiones en la cuenca del río Santa Lucía, en una ocasión en la cuenca del arroyo Canelón Grande, otra en la cuenca del arroyo de la Virgen y en dos ocasiones más en la cuenca del río San José. A su vez, también se incumplió lo sugerido por el grupo Gesta Agua al hallarse el insecticida Mirex en cuatro ocasiones en la cuenca del río Santa Lucía, dos veces en la cuenca del arroyo Canelón Grande y otra en la cuenca del río San José. Por otro lado, el Metil Paratión fue encontrado en seis ocasiones en la cuenca del río Santa Lucía, dos en la cuenca del arroyo Canelón Grande, una en la cuenca del arroyo de la Virgen y tres en la cuenca del río San José.
La lista de plaguicidas detectados es larga, aquí se nombraron tan sólo algunos ejemplos. Los datos se encuentran en la página 155 del informe, que está disponible al final de este artículo.
Debates urgentes y pendientes
Hace unas semanas, un artículo que publicó El Observador generó polémica por la presencia de contaminación fecal en las playas de Montevideo. En nuestro país, los cursos o cuerpos de agua se deberían clasificar en cuatro categorías según sus usos preponderantes actuales o potenciales. Cada clase tiene determinados estándares y valores máximos y mínimos permitidos −como vimos, y por tan sólo nombrar un ejemplo, existe un gran debe en materia de plaguicidas−. Durante la discusión, uno de los puntos cuestionados fue que las playas de uso recreativo integran la clase 3, que según el decreto 253/79 son las “aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyo producto no se consume en forma natural o en aquellos casos que siendo consumidos en forma natural se apliquen sistemas de riego que no provocan el mojado del producto”. Esto resulta llamativo porque en la legislación existe la clase 2b que debería abarcar las “aguas destinadas a recreación por contacto directo con el cuerpo humano”. El hecho generó indignación, con razón.
En este contexto, un punto que pasó desapercibido en el debate consiste en que otros cuerpos de agua, como la cuenca del río Santa Lucía, que se extiende por Florida, San José, Canelones, Lavalleja, Flores y Montevideo y es la fuente de agua potable para la mitad de la población del país, también integra la clase 3. Cabe mencionar que en el decreto existe la clase 1, que incluye las “aguas destinadas o que puedan ser destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional”. Sin embargo, no ha sido prioridad incluir una de las principales fuentes de agua potable de Uruguay bajo esta clasificación, que modificaría los estándares con los que tiene que cumplir.
Es más, en 2022, el limnólogo Guillermo Chalar realizó un pedido de acceso a la información pública al MA donde se le informó que la laguna del Sauce, ubicada en Maldonado, es el único cuerpo de agua en todo Uruguay clasificado como clase 1, y que los demás “cuya cuenca tributaria sea mayor a diez kilómetros cuadrados se encuentran clasificados como clase 3”. En aquel momento, el científico manifestó que estábamos “en falta con la realidad” porque “si estamos sacando agua potable de la cuenca del río Santa Lucía, clasifiquemos la cuenca del río Santa Lucía como de abastecimiento de agua potable”. Aún seguimos en falta.
Por otro lado, en 2024, la Intendencia de Canelones solicitó a la cartera ambiental que la laguna del Cisne, principal fuente de agua potable de la Costa de Oro, también se incluya como clase 1. En torno a este cuerpo de agua se está gestando un conflicto socioambiental por la instalación de un nuevo barrio privado que vecinos aseguran que la pone en riesgo. Esto quiere decir que la problemática trasciende el uso recreativo de las playas: incluye hasta el agua que sale por nuestras canillas y abarca más de una frontera departamental.
Un llamado a la acción
“Hace rato que venimos bregando por que se cambie la clase del río Santa Lucía. Su cuenca está llena de industrias, principalmente agroindustrias, que tiran sus efluentes al río cuando esta cuenca le da el agua potable a más del 60% de la población del país. Debería ser declarada clase 1, es un viejo anhelo que tenemos”, dice Marcos Umpiérrez, integrante de la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía.
La organización desde hace más de una década se encuentra organizada para protegerla, aunque gran parte de sus integrantes están movilizados por este objetivo desde la recolección de firmas para la modificación del artículo 47 de la Constitución en 2004. “Si la cuenca del río Santa Lucía no es definida como clase 1, no sé qué cuenca se lo merece. Es increíble, más cuando se está hablando de seguridad hídrica, la sequía y cuando se están proponiendo planes que son contrarios a los intereses de la población, como el proyecto Neptuno. Me parece importante dejar en claro que lo que se está haciendo con el proyecto Neptuno es, entre otras cosas, desatender la problemática de la cuenca del río Santa Lucía”, agrega.
Umpiérrez subraya que el informe con los datos de 2023 sobre la calidad del agua no fue presentado en la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía. Según la página web del MA −que se encarga de convocar a estas instancias de participación− la última sesión tuvo lugar el 29 de junio de 2023, hace más de un año. En este sentido, el integrante de la asamblea expresa que las instancias han sido “ineficientes” y “desestimulan” la participación. “Son ámbitos que, como no son vinculantes y sólo son de asesoramiento, no han tenido realmente un gran impacto en la mejora de la cuenca”, señala. Sin embargo, puntualiza que es “raro que cuando precisaban avalar el proyecto Neptuno, hicieron tres comisiones de cuenca seguidas en enero” de 2023. “Mientras se discute Neptuno, en el Santa Lucía está pasando todo lo contrario a lo que debería pasar: se sigue impactando fuertemente la cuenca”, añade.
Sobre las conclusiones del informe, Umpiérrez declara: “La preocupación más grande es que hay un montón de sustancias químicas que están prohibidas desde hace años. Está bueno tener una foto y datos, pero siempre hay que preguntarse qué vamos a hacer con la información. La acción posterior no está clara”. Por otro lado, indica que no se brinda información sobre cómo repercuten en el proceso de potabilización la detección de los plaguicidas. “Realmente tengo una visión bastante oscura del futuro si no cambiamos la perspectiva de lo que vamos a hacer con nuestros bienes comunes. Hoy por hoy, al agua se la está pensando como un recurso para hacer negocios y el agua es el elemento básico y fundamental de la vida. No podemos tratar aquello que da vida como una mercancía y es lo que se está haciendo ahora, no sólo con este gobierno, sino que también con los gobiernos anteriores”, concluye el integrante de la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía, que discute “desde siempre la forma en que el modelo productivo incide en las cuencas, en el agua y en el territorio, así como también los impactos sociales que genera”.
.