María Isabel Cárcamo, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal) en Uruguay, tuvo una reunión con Leonardo Olivera, director general de Servicios Agrícolas (DGSA), y Fernanda Maldonado, directora general de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la semana pasada. La referente en el activismo contra sustancias tóxicas dijo a la diaria que habló con las autoridades sobre diferentes temas durante más de una hora.

Denunció “los impactos que están teniendo los agrotóxicos sobre los polinizadores” y puso sobre la mesa un trabajo publicado en una revista del grupo Nature, firmado por 59 investigadoras e investigadores de América Latina –incluidos uruguayos de diferentes instituciones–, en el que se reporta que en la región se pierde el 30% de las colmenas al año. Se trata del primer estudio estandarizado de nuestra región sobre la problemática, que detectó que Uruguay estuvo por encima del promedio, con pérdidas de entre 32% y 38% en los años analizados. “Es todo un problema para los apicultores, pero no solamente para ellos, sino por todo lo que significan los polinizadores para la agricultura en general y para el ambiente”, planteó Cárcamo.

Cabe resaltar que los insectos polinizadores, pese a su alarmante declive, aportan más de 22.500 millones de dólares al año en distintos cultivos de América Latina. “Les pregunté [a las autoridades] si tenían algún registro de cuántos apicultores habían abandonado el rubro. No lo tenían muy claro”, acotó.

En este sentido, según Cárcamo, también intercambiaron sobre la modificación a la normativa que trata sobre los registros de aplicaciones de agroquímicos. En 2022, a partir del diálogo entre el MGAP y las gremiales agropecuarias, se optó por disponer que funcionen de forma “voluntaria” por el plazo de un año. En la decisión se incluyó a las empresas que realizan fumigaciones a terceros, que estaban reguladas en la normativa anterior. La flexibilización generó el fuerte rechazo de trabajadores asalariados rurales, apicultores y la academia. Sobre este punto, la integrante de la Rapal dijo que no se le brindó “absolutamente ningún dato específico” vinculado a la cantidad de registros de aplicaciones. “Ellos son los que tienen que poner las reglas, no el productor”, exigió.

Debate: ¿prohibición total del clorpirifós?

“Nosotros teníamos otro objetivo con la reunión: les queríamos pedir que prohibieran el clorpirifós. Es un insecticida que ya tiene restricciones y se vende bajo receta profesional en Uruguay. Sin embargo, esto no quiere decir que la gente no lo compre. Además, ¿quién controla que tenga receta y los usos específicos [que se hacen del pesticida]? Olivera me mostró otra regulación que elaboraron por la cual van a restringir más su uso, aunque todavía no se ha presentado. Pero la solución no es restringirlo, es eliminarlo. Sabemos lo que está causando, como la pérdida de colmenas”, apuntó Cárcamo.

En 2019, la DGSA emitió una resolución en la que extiende la exigencia de presentación de receta profesional para la compraventa de productos insecticidas formulados a partir de diferentes ingredientes activos, entre ellos, el clorpirifós. En el documento se menciona que el producto tiene una “destacada utilidad para el desarrollo de numerosos cultivos de importancia económica y para la seguridad alimentaria del país”; también dice que la decisión se tomó por sus “posibles consecuencias adversas” y para “un mayor control”. Admite que “el uso inadecuado de estos insecticidas con reconocida peligrosidad para las abejas puede provocar una disminución importante en la actividad de estos insectos polinizadores”. En la resolución, a su vez, se advierte que el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico “ha indicado que el clorpirifós es uno de los ingredientes activos asociados a casos de intoxicaciones involuntarias y casos de autoeliminación”. Cabe resaltar que su aplicación está prohibida “diez días antes y durante la floración”.

En 2021, según datos del MGAP, el clorpirifós fue el insecticida más importado, con 130.658 kilogramos. Su presencia se ha detectado de forma frecuente en cursos de agua –como la Laguna del Cisne, donde OSE tiene una toma de agua potable–, en peces, e incluso una investigación reciente analizó la presencia de metabolitos de clorpirifós en alumnos de primer año de escuelas de Montevideo y se reportó una alta cantidad. Asimismo, entre 2002 y 2011, provocó 126 intoxicaciones en personas.

La discusión internacional

Cárcamo recordó que en la actualidad se está discutiendo la inclusión del clorpirifós en el anexo A –donde se enumeran los productos químicos que deben ser eliminados– del Convenio de Estocolmo, un acuerdo internacional que regula el tratamiento de sustancias tóxicas, como los contaminantes orgánicos persistentes. La Unión Europea, que ha eliminado progresivamente el clorpirifós de su territorio –por ejemplo, no autorizándolo como sustancia activa–, consideró en 2021 que era necesario tomar medidas más amplias y propuso la iniciativa, que, hasta el momento, no ha prosperado.

Nuestro país adhirió al acuerdo hace más de dos décadas. En este contexto, la activista planteó: “¿Cuál va a ser la posición de Uruguay en la próxima reunión del Convenio de Estocolmo? Debería apoyar la inclusión del clorpirifós para ser eliminado globalmente. Esta fue la pregunta que le hice a Olivera y no la contestó”. Afirmó que es “muy probable” que la problemática sea tratada en la próxima Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en 2025.

“La sustentabilidad, la agroecología son todas palabras que suenan lindo, pero que no significan nada si no hay acción. [...] Hay que poner el debate sobre la mesa. Uruguay, lo he observado en reuniones internacionales a las que voy, es el mejor alumno. Habría que ponerle un diez en todos los convenios, pero llega a casa y hace lo que la industria le dice. Espera hasta el último minuto y, cuando no le queda otra, levanta la mano para apoyar”, dijo Cárcamo, quien enseguida recordó que el clorpirifós es un “plaguicida altamente peligroso”.

Más datos del insecticida

En febrero de este año, IPEN –una red global de más de 600 organizaciones de 127 países que trabajan para eliminar sustancias tóxicas– publicó un trabajo llamado La amenaza mundial de los plaguicidas altamente peligrosos, bajo la autoría de Sara Brosché, doctora en Ciencias Ambientales con especialización en contaminación farmacéutica y ecotoxicología de mezclas. En Uruguay, la Rapal ayudó a la red a obtener información. El objetivo del documento es “apoyar los esfuerzos realizados en el marco del Convenio de Estocolmo” y brindar conocimiento para que se tome una “decisión firme” sobre la inclusión en el anexo A de plaguicidas, entre ellos, el clorpirifós.

En el trabajo se define al clorpirifós como un insecticida organofosforado de amplio espectro que, además de “ser muy tóxico para los insectos, incluidas las abejas y otros polinizadores”, también es “altamente tóxico para muchos organismos acuáticos, como peces, ranas y crustáceos, además de organismos que viven en el suelo, como las lombrices de tierra, y muchas especies terrestres, especialmente aves”. Se informa que su uso “se autorizó en más de 88 países, y actualmente se calcula que se utilizan unas 50.000 toneladas métricas al año”, y son China e India dos de los “mayores productores” del mundo.

En el documento se menciona que es un “neurotóxico e impide el desarrollo normal del sistema nervioso”. “Por ejemplo, la exposición prenatal e infantil al clorpirifós se relaciona con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y con el deterioro en el desarrollo de las capacidades mentales y motoras de los niños pequeños”, explica el trabajo.

Enseguida, se aclara que el clorpirifós “puede causar daños neurológicos en adultos” y generar impactos tales como “alterar el sistema hormonal tiroideo”. “Los informes de miembros de IPEN muestran que el clorpirifós es uno de los plaguicidas más utilizados en muchos países. Se importa y se utiliza en grandes volúmenes, en vastas extensiones agrícolas y al aire libre, así como en el interior de los hogares y otros espacios. Suele haber muchas marcas y formulaciones diferentes disponibles”, describen. Al mismo tiempo, plantean que se “ha documentado contaminación ambiental, exposición humana e impactos sobre la salud en muchos países, como Indonesia, India, México y Chile”, además de haber detectado la presencia de residuos de clorpirifós en alimentos.