El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y una delegación del ministerio visitaron este miércoles la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que se encuentra analizando el proyecto de presupuesto quinquenal enviado por el Poder Ejecutivo. El jerarca defendió la política del gobierno en ambiente, destacó las obras para reforzar el sistema de agua potable y defendió la introducción en el proyecto de un artículo que modifica el impuesto específico interno (Imesi) que paga la producción de productos fitosanitarios.

En una rueda de prensa, Ortuño comentó que el presupuesto es “positivo” para el ministerio, en tanto “plantea recursos y lineamientos para el fortalecimiento de la institucionalidad del país”. “Lo más importante”, comentó, es la asignación de recursos para dos “prioridades fundamentales”, como es el “tema del agua y la gestión de residuos”.

En ese sentido, dijo que el presupuesto apuesta a la construcción de un sistema de información hídrica, ya que se detectó que una de las cosas que sucedieron en 2023 durante la sequía fue la “falta de información”, y a su vez se le asigna a la Dirección Nacional de Aguas la “responsabilidad de emitir las alertas o advertencias de sequías o inundaciones”, con el fin de “adelantarnos”.

En cuanto a la gestión de residuos, comentó que este gobierno “profundizará” una política impulsada por la anterior administración vinculada al “trabajo con las intendencias” para promover una gestión “más sostenible”, enfocándose en el reciclaje y en la valorización de los residuos. Se buscará que el enterramiento de residuos sea el mínimo posible y se apuntará al cierre definitivo de los vertederos a cielo abierto. En ese sentido, aseguró que el resto de los partidos manifestaron “acuerdo” en esta política.

En lo que no hubo acuerdo fue en un artículo del presupuesto que modifica el Imesi que pagan los productores de productos fitosanitarios (plaguicidas, fungicidas, agroquímicos, etcétera) y lo lleva a un valor máximo de 25 UI por litro o kilogramo de la sustancia. Ortuño defendió esta propuesta y aseguró que se trata de una iniciativa para “promover la producción sostenible y para desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes, de alta afectación al ambiente y a la salud humana”.

El jerarca aseguró que ya ha mantenido reuniones con los productores agropecuarios, quienes utilizan los fitosanitarios, para “avanzar en este camino” y, según dijo, espera que “no sólo no suponga un sobrecosto que afecte la competitividad”, sino que la “potencie”, ya que permitirá dar respuesta a las “exigencias de los mercados internacionales”.

“Ya hemos tenido rechazo de producción nacional por contener plaguicidas; lejos de estar generando una complicación para el sistema productivo, lo que estamos haciendo es apostar por el valor agregado ambiental como un valor distintivo de la producción nacional”, aseguró.

Este artículo no cayó bien en la oposición. El diputado colorado Walter Cervini dijo a la prensa que recibió con “sorpresa” esa modificación, que está “lejos” de ser una herramienta “útil para el ambiente” y, en cambio, está “más cerca de ser un elemento de recaudación pura”.

“Este es un impuesto que estaba allí escondido y que aparece y nos preocupa”, aseguró. Por esa misma dirección fue el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, quien comentó también en diálogo con la prensa que le preocupa esta introducción.

“Es una carga tributaria más de las que venimos discutiendo y debatiendo que tiene este presupuesto, porque nos hemos concentrado quizás en todo lo que tiene que ver con el impuesto global, el impuesto Temu, pero nos olvidamos de que también se carga desde el punto de vista tributario en la producción agropecuaria”, dijo el legislador, y señaló que “no hay evidencia” en el mundo que indique que un impuesto de este estilo desestimule el uso de estos productos.

“La excusa es desalentar, pero la herramienta es fiscalizar, o sea, tener una carga tributaria que pese más sobre la producción agropecuaria. Y estamos convencidos de que no va a desalentar. No hay una política de fondo, es pura recaudación”, comentó.

Ortuño: el proceso de evaluación de impacto ambiental de Casupá se logrará con la “mayor rigurosidad”

Ortuño también respondió sobre las obras de infraestructura que se planea llevar a cabo durante este quinquenio, sobre todo la construcción de la represa en Casupá, Florida, y la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes. En esa dirección, descartó el proyecto que fue aprobado esta semana en la Junta Departamental de Colonia, que establece la construcción de una potabilizadora en Juan Lacaze, una iniciativa similar a la que estaba propuesta para construir en Arazatí, San José.

El ministro comentó que esa iniciativa “no resuelve el problema fundamental”, que es “garantizar y asegurar el abastecimiento de agua potable de la totalidad de la demanda” del área metropolitana, que es de 600.000 m³ promedio de agua por día. Esa propuesta, dijo, tiene una capacidad de producción de 200.000 m³, pero además, añadió, tiene un “problema de edad de agua”, en tanto el recurso se afectaría en su calidad en el trayecto de Juan Lacaze al área metropolitana.

Hay un tercer elemento, aseguró, que tiene que ver con los “sobrecostos”. La propuesta que se plantea tiene un costo de 400 millones de dólares, apuntó, mientras que la iniciativa del gobierno, que implica la construcción de Casupá y las obras en Aguas Corrientes, tiene un costo de 350 millones de dólares.

“Claramente el gobierno ratifica que la mejor solución es atacar el problema principal, asegurar que tengamos una reserva de agua dulce suficiente para que las plantas en Aguas Corrientes puedan abastecer a la totalidad, no a una tercera parte, de la demanda de la población”, comentó.

Ortuño señaló que la obra de Casupá es “imprescindible” porque “ya quedó demostrado que sin mayores reservas de agua dulce nos quedamos sin capacidad de producción” y la “gente lo termina pagando con agua salada en la casa, comprando agua en el supermercado o con los calefones rotos”.

El jerarca aseguró que el gobierno se está “tomando los tiempos que sean necesarios” para que el proyecto “se haga de la mejor manera y con todas y las mejores garantías” de que el proceso de evaluación de impacto ambiental “se haga con la mayor rigurosidad”. En ese sentido, dijo que OSE está actualizando los estudios, mientras que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) se encuentra generando estudios propios, al igual que la Dirección Nacional de Aguas. A su vez, informó que se firmó un acuerdo con la Universidad de la República, especialmente la Facultad de Ingeniería, para que “haga su propio estudio”. “Será un insumo fundamental para el ministerio establecer las medidas de compensación que efectivamente vamos a atender en su totalidad”, sentenció.

Andújar dijo que le “preocupa” también la “falta de previsiones presupuestales” para llevar adelante la obra en Casupá. Aseguró, por otra parte, que hay “inversiones que se reducen mucho”, sobre todo aquellas vinculadas al cierre de los vertederos a cielo abierto.

“El Ministerio de Ambiente en el gobierno pasado ejecutó 17 millones de dólares. Y el nuevo gobierno, con respecto al cierre de vertederos a cielo abierto, plantea 40 millones de pesos por año, que sería el equivalente a cinco millones de dólares. No llega a ser un tercio de la inversión que se hizo en el gobierno pasado”, sentenció.