La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), junto con la Facultad de Química de la Universidad de la República, llevan adelante la tarea de vigilar que el agua potable en nuestro país cumpla con los parámetros establecidos en el Reglamento Bromatológico Nacional y otras normativas vinculadas. Se trata de un monitoreo complementario al que realizan los prestadores, que no busca ser representativo, sino que ayudar a fiscalizar. Tiene en cuenta aproximadamente 200 localidades y se toman alrededor de 500 muestras anuales. Mediante un pedido de acceso a la información pública, la diaria pudo conocer los resultados relevados entre 2021 y lo que ha transcurrido de 2022. Si bien gran parte de las muestras cumple con los parámetros establecidos para que el agua sea considerada potable, en 79 casos se detectaron incumplimientos.

En San Luis, Cuchilla Alta, Araminda, Pando (balnearios y ciudad de Canelones), Santa Ana, Blancarena (localidades de Colonia), Cuchilla del Ramírez (Durazno), Florida, Minas (Lavalleja), Guichón (Paysandú), Villa Indart (Rivera), Castillos, Santa Teresa (ciudad y balneario de Rocha), Mangrullo (San José), Treinta y Tres y Palmitas (Soriano) se detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La normativa determina que tendría que estar ausente en el agua potable. Se trata de un microorganismo que se encuentra en heces, suelo, agua y aguas residuales. Según la Guía para la calidad del agua de consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede generar “diversos tipos de infecciones, aunque rara vez causa enfermedades graves en personas sanas sin algún factor predisponente”. “Coloniza predominantemente partes dañadas del organismo, como quemaduras, heridas quirúrgicas, el aparato respiratorio de personas con enfermedades subyacentes o lesiones físicas en los ojos. Desde estos lugares puede invadir el organismo y causar lesiones destructivas o septicemia y meningitis”, suma.

También se encontró la bacteria Escherichia coli en Artilleros (Colonia), Cuchilla del Ramírez, Capilla Farruco (Durazno), San Gabriel (Florida), Minas (Lavalleja), Villa Indart (Rivera), 19 de Abril (Rocha), La Boyada (San José), Villa Soriano, Palmitas (localidades de Soriano) y Vergara (Treinta y Tres). Si bien el microorganismo está presente en la microflora intestinal de las personas y animales, en otras partes del cuerpo “puede causar enfermedades graves, como infecciones de las vías urinarias, bacteriemia y meningitis”, dice la OMS. Además, algunas cepas también producen diarrea aguda. La infección se asocia con la “transmisión de persona a persona, el contacto con animales, los alimentos y el consumo de agua contaminada”. Su presencia suele utilizarse como un indicador de la contaminación fecal del agua y la normativa uruguaya también establece que debería estar ausente.

Sobre las muestras en las que se encontró la presencia de estas bacterias, Ursea dijo que se siguió un protocolo que consiste en informar al prestador de servicio para que “realice los ajustes” y al Ministerio de Salud Pública (MSP). “Posteriormente se repite la toma de muestras en el o los puntos correspondientes por parte de la Unidad y se realizan nuevos análisis hasta que presenten resultados que cumplan con la normativa”, indicó.

Por otra parte, en Villa Serrana (Lavalleja), Illescas (localidad de administración compartida entre Lavalleja y Florida), Alejandro Gallinal (Florida) y Queguayar (Paysandú) se encontraron valores por encima del permitido de fluoruro. Generalmente, es utilizado en bajas dosis para combatir las caries. “Las cantidades añadidas al agua de consumo humano son tales que las concentraciones finales están en el rango de 0,5 a 1 mg/l”, plantea la OMS, aunque añade que en grandes cantidades puede tener “un efecto adverso sobre el esmalte dental y puede causar fluorosis dental leve”. El valor máximo permitido de la sustancia es de 1,5 mg/l y en Villa Serrana se detectó 1,95 mg/l. La Ursea informó que se trata de la primera vez que se toman muestras en la localidad y “se comunicó el valor obtenido a OSE”. En Alejandro Gallinal se encontró 1,59 mg/l, en Queguayar 1,56 mg/l y en Illescas 1,66 mg/l. En las tres situaciones, OSE presentó solicitudes de excepción para este parámetro al MSP, en base al decreto 375/011.

El valor máximo permitido de cloro en el agua potable es de 2,5 mg/l y se ha establecido, según la Ursea, “considerando las propiedades sensoriales del agua”, como puede ser el gusto o el olor, y “aspectos operativos”. Si bien no se vincula el producto con posibles afectaciones a la salud, es conveniente no traspasar los 5 mg/l y en tres muestras se halló un valor por encima de esta cifra. Según se explicó desde la unidad, se trató de casos “puntuales” y se continúa monitoreando.

Valores de arsénico por encima del permitido

En Ombúes de Lavalle, Riachuelo (localidades de Colonia), Carlos Reyles (Durazno), Sarandí Grande, Independencia (localidades de Florida), Lorenzo Geyres, Queguayar (localidades de Paysandú), Mangrullo, Kiyú, Puntas de Valdez (localidades de San José), La Concordia y Santa Catalina (localidades de Soriano) se encontró arsénico por encima de los niveles permitidos. El arsénico se encuentra “distribuido extensamente por toda la corteza terrestre”, señala la OMS. Sin embargo, en las aguas subterráneas, “las concentraciones pueden ser significativamente elevadas”. Ingerir el elemento de forma crónica puede causar “lesiones dérmicas como hiperpigmentación e hipopigmentación, neuropatía periférica, cáncer de vejiga y de pulmón, y enfermedad vascular periférica”. “Las lesiones dérmicas fueron el síntoma observado más comúnmente y se producen después de períodos aproximados de exposición de por lo menos 5 años. Se observaron efectos sobre el sistema cardiovascular en niños que consumieron agua contaminada de arsénico (concentración media de 0,6 mg/l) durante un promedio de 7 años”, expresa la organización.

En nuestro país, el valor máximo permitido de arsénico es 0,02 mg/l. En Lorenzo Geyres se descubrió 0,038 mg/l. La Ursea explicó que “se encuentra en proceso de finalización la instalación de un tratamiento de ósmosis inversa para dar solución al incumplimiento”. En Santa Catalina se encontró 0,0371 mg/l en 2021. El ente gubernamental informó que “OSE está trabajando en la implementación de una solución” y que “le está dando seguimiento”. En Kiyú se identificaron dos incumplimientos, uno de ellos alcanzó 0,0356 mg/l. Ursea planteó que “OSE está trabajando en el proyecto para instalar una planta de remoción con tratamiento convencional”. Estos tres casos fueron los que obtuvieron la cifra más alta de arsénico. En los diez restantes, también se están buscando diferentes caminos para que los valores vuelvan a estar por debajo del máximo permitido, según manifestaron las autoridades.

Atención a las cianobacterias

La microcistina-LR es una toxina de las cianobacterias, considerada “una de las más frecuentes y tóxicas” por la OMS. “Si bien pueden estar presentes en los peces, moluscos y mariscos de cuerpos de agua en las que proliferan las cianobacterias, la exposición humana a las microcistinas se da en gran parte a través del agua de consumo humano o el uso recreativo de aguas con floraciones de cianobacterias”, se afirma en la Guía para la calidad del agua de consumo humano. Afecta principalmente el hígado, se han publicado pruebas de “su papel como promotor tumoral” y también se han documentado “numerosos casos de envenenamiento en el ganado y en la fauna silvestre”. En 2006, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer clasificó a la microcistina-LR como un “posible cancerígeno”, en el Grupo 2B.

El valor máximo permitido de microcistina-LR es de 1 µg/L; en tres muestras de Juan Lacaze (Colonia) se encontraron 2,03 µg/l, 1,20 µg/l y 2,5 µg/l. En Mercedes, Soriano, otras dos muestras arrojaron la presencia de 1,84 µg/l y “>5,0” µg/l. A su vez, se suma otro resultado, que es impreciso, en Paso de los Toros (Tacuarembó), donde también se determinó que había “>5,0” µg/l. Todas estas muestras fueron tomadas en usinas cuando el agua se encontraba en estado bruto. Ursea manifestó que “en todos los casos en que se obtuvieron valores en el agua bruta mayores a 1 µg/l, los valores en el agua potabilizada resultaron conformes”.

Sin embargo, es necesario formular preguntas: ¿por qué se generan las cianobacterias?, ¿se están tomando medidas para evitar su aparición?, ¿deberían estar presentes en los recursos hídricos de donde se toma el agua a potabilizar teniendo en cuenta sus peligros? Además, las preguntas son necesarias cuando, a partir del proyecto Neptuno –presentado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, reunidas en el consorcio Aguas de Montevideo–, se construirá una nueva planta potabilizadora en Arazatí, San José, que tomará agua del Río de la Plata. Actualmente, científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República están advirtiendo que en la zona donde se instalará la planta tuvieron lugar floraciones en todos los meses de 2021.

La presencia de herbicidas

El valor máximo permitido de glifosato, el principio activo de uno de los herbicidas más vendido a nivel mundial, junto con AMPA, su principal metabolito de degradación, es de 700 µg/l. En los datos que brindó Ursea se encontró su presencia en las usinas de agua filtrada, previo a clorar, de San Ramón, Costa Azul (ciudad y balneario de Canelones), Nueva Palmira (Colonia), Fray Marcos (Florida), José Pedro Varela (Lavalleja) y Punta Ballena (Maldonado). En tres casos se trató de “presencia no cuantificable” y en los tres restantes fue de “<10,4” µg/l. Además, Ursea detectó la presencia de 2,4-D, otro principio activo utilizado en herbicidas, en las usinas, previo a clorar, de Bella Unión (Artigas) y Durazno, y también en la “usina, salida” de Minas (Lavalleja). Su valor máximo permitido es 30 µg/l y en todos los casos se constató “<1” µg/l.

Según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el glifosato fue el principio activo que más se importó en 2021, con 6.325.958 kilogramos de activo. Para la OMS, pertenece a la clase III y es considerado “poco peligroso”. Sin embargo, es un producto que ha estado rodeado de controversias. Sin ir más lejos, en 2015, un grupo de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), que también forma parte de la OMS, calificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos” y mencionó que había evidencia “fuerte” de genotoxicidad. A su vez, el segundo principio activo que más se importó también apareció en los resultados de Ursea. El año pasado entraron 852.434 kilogramos del principio activo 2,4-D a Uruguay. Para la OMS, forma parte de la clase II y es “moderadamente peligroso”.

Poner el ojo en el origen del problema

“¿Qué significa ‘valores permitidos’ cuando las personas pueden estar expuestas por tiempos largos a sustancias potencialmente cancerígenas y generadoras de otras enfermedades? Hay que poner en duda el concepto de ‘umbrales permitidos’ de estas sustancias, se debería aspirar a que no estén presentes”, expresó a la diaria Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Enseguida, recordó que el volumen de principios activos de agrotóxicos que se utilizan en el territorio uruguayo, si se lo considera por cantidad de habitantes, “es bastante superior al de otros países de la región”.

“Si liberamos sustancias al ambiente, en algún compartimento de la naturaleza van a ir a parar: en el suelo, en la vegetación, animales, incluso en los humanos, y una parte importante termina en los reservorios de agua. En las décadas del 70 y 80, estaba la ficción de que ‘desaparecían’. Es claro que no es así, por arte de magia no van a desaparecer”, apuntó. El científico considera que estamos en un camino sin salida, donde “destruimos una fuente hídrica, comenzamos un proceso de abandono y la sustituimos por otra”. Aquí es donde deberíamos poner el ojo, en el origen del problema: la contaminación de nuestras fuentes hídricas. Achkar finalizó: “Los procesos de degradación no son irreversibles, pero es urgente tomar medidas. Sin embargo, las medidas van en contra de la lógica del agronegocio, que prioriza lo económico sobre lo ambiental. En tanto se continúe con el camino de intensificación agraria, la posibilidad de tener recursos naturales, y en particular agua de buena calidad, se van reduciendo”.