En diciembre de 2021, el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vetó el proyecto de una nueva ley forestal que había sido aprobado con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio por entender que vulneraba los derechos de “propiedad, libertad y trabajo”. Tras el cambio de administración, varios tomadores de decisiones –como los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti– manifestaron que era una posibilidad retomar el debate e incluso tienen previsto modificar normativas vinculadas al sector. En este contexto, Redes-Amigos de la Tierra presentó ante la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía una nueva propuesta con el objetivo de regular la actividad. María Selva Ortiz, integrante de la organización, señala a la diaria que en el caso de aprobarse una nueva ley forestal debe incluir “otras miradas” y que la iniciativa busca proteger “cuencas estratégicas para abastecimiento humano y para la biodiversidad”.
Ismael Díaz y Marcel Achkar son investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y también trabajaron en la propuesta de la organización socioambiental. “Venimos trabajando en las transformaciones territoriales e impactos ambientales de los cambios productivos. Particularmente estamos enfocados en la forestación. Uno de los impactos más importantes está vinculado a los recursos hídricos y, siguiendo [el artículo 47 de] la Constitución, entendemos que ningún cambio productivo puede comprometer o amenazar la producción de agua potable para abastecimiento de la población. En este sentido, se vienen constatando impactos desde hace muchos años y hemos avanzado muchísimo en la generación y procesamiento de la información. Por esta razón, entendemos que estamos en condiciones de avanzar hacia una propuesta que permita superar la normativa actual”, remarca Díaz. Aclara que su perspectiva no es de “prohibición”, sino de “ordenar la actividad”, y recuerda que la legislación actual, si bien ha tenido modificaciones, tiene casi cuatro décadas.
Achkar explica que para la creación de la propuesta se basaron en evidencias científicas actuales –más de 50 artículos– y que una buena parte “son investigaciones que financiaron las propias empresas forestales, esperando tener resultados de que no alteraban el funcionamiento hidrológico de las cuencas”. “Sin embargo, los resultados les dieron datos coincidentes con lo que veníamos planteando nosotros: la reducción [hidrológica] es importante y llega a porcentajes altos en períodos de bajas precipitaciones”, agrega.
El científico afirma que fueron “conservadores”, que optaron por una propuesta que pueda tener diferentes apoyos y, de esta forma, “generar el menor nivel de confrontación posible”. “En ninguno de los datos que manejamos para construir las premisas pusimos los peores escenarios o los datos más duros que resultaban de las investigaciones. Al contrario, fuimos conservadores, incluso muchas veces decíamos que estábamos siendo demasiado conservadores”, comenta. Manifiesta que existen ejemplos de normativas regulatorias de la forestación a nivel mundial, como en España o en Sudáfrica, que fueron “mucho más radicales e incluso retiraron la forestación de áreas que se entendían estratégicas para la producción de agua”. Sin embargo, clarifica que la propuesta que trabajaron junto con Redes-Amigos de la Tierra no gira en torno a retirar plantaciones existentes en la actualidad.
Coneat y más allá
En el texto de la propuesta, que se titula Zonificación y cuantificación de la superficie de prioridad forestal incompatible con funciones ecosistémicas fundamentales y usos prioritarios del agua para la sociedad uruguaya, recuerdan que “la superficie destinada a la producción de los monocultivos forestales ha registrado un crecimiento constante en Uruguay desde principios de la década de 1990”. Entre las razones que ponen sobre mesa están el “aumento de la demanda y el precio de la pulpa de celulosa en el mercado internacional” y la “concreción de reformas institucionales y políticas fuertemente orientadas a la promoción de la actividad forestal por parte de los sucesivos gobiernos uruguayos”. Sin embargo, sostienen que la actividad forestal con especies exóticas “ha desencadenado severos impactos ambientales, donde se destacan los cambios en el ciclo hidrológico a escala de cuenca, la sustitución y fragmentación de ambientes y hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad”. Lamentan que estos “impactos negativos” se suman a “un conjunto de impactos significativos en las dimensiones sociales, económicas y culturales”.
En el informe expresan que es pertinente “identificar y evaluar las zonas donde no debe autorizarse la expansión de la forestación, como punto de partida para anticiparse a nuevos impactos ambientales y a la profundización de los impactos existentes”. Sin ir más lejos, indica que el análisis para determinar dónde puede llevarse a cabo la forestación con exóticas “debe ser multidimensional”.
“El suelo no puede ser la única dimensión a considerar, ya que el uso del territorio tiene múltiples impactos en las funciones ecosistémicas, la biodiversidad y el agua, pero también a nivel socioeconómico y cultural. Determinar las áreas para la forestación con especies exóticas en función de las unidades de suelo Coneat es un enfoque reduccionista”, plantea. Esto es una referencia a que los suelos de prioridad forestal son definidos por ley “a partir de la interpretación y la clasificación de los grupos Coneat”. En concreto, son descritos como “aquellos suelos que, por sus propiedades, aptitud, clima, ubicación y demás características, son inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso”.
En el documento detallan que, actualmente, “la superficie de prioridad forestal alcanza 4,2 millones de hectáreas, lo cual representa el 26% del territorio agropecuario nacional”. Citan como ejemplo de esta falta de enfoque integral que existen suelos considerados de prioridad forestal en serranías porque “se parte de la idea de que esos suelos no son propicios para la actividad agropecuaria pese a ser ecosistemas fundamentales para la producción y cosecha de agua”.
A su vez, resaltan que “ante la evidencia acumulada de los impactos multidimensionales, el Ministerio de Ambiente toma en consideración cuatro grandes criterios para la clasificación de los proyectos forestales: aptitud de los suelos, ecosistemas naturales presentes, cobertura forestal en la cuenca y valor cultural y patrimonial”. “Específicamente en el criterio ‘cobertura forestal en la cuenca’ se establece que cuando la superficie forestal total de la cuenca supere un determinado umbral, el impacto del proyecto es significativo”, acota.
Forestación en áreas de conservación y cuencas importantes para abastecimiento de poblaciones
Los autores describen que la forestación exótica ocupó una superficie de aproximadamente 1,4 millones de hectáreas en 2022. “De la superficie forestada total en 2022, el 69% se localiza en suelos de prioridad forestal y el restante 31% en otros suelos. La forestación sigue, en términos generales, la distribución de los suelos de prioridad forestal y zonas cercanas, expandiéndose también por áreas de conservación y cuencas con tomas de agua para abastecimiento de agua potable para la población”, explican.
Enseguida, ponen sobre la mesa que “la superficie terrestre actual definida como área protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas alcanza las 279.166 hectáreas y las áreas adyacentes, 43.430 hectáreas. La superficie continental de las áreas Ramsar alcanza las 344.775 hectáreas y la superficie continental de las reservas de biosfera es de 1.137.392 hectáreas. La superficie continental bajo alguna figura de conservación es de 1.438.403 hectáreas, lo cual representa el 8,1% del territorio terrestre nacional. En 2022, se registró una superficie de 12.543 hectáreas de forestación en áreas protegidas del SNAP y 8.869 hectáreas en áreas adyacentes. Para el caso de las áreas Ramsar, en 2022 se registró una superficie forestal menor a las 1.000 hectáreas y de 72.030 hectáreas en las reservas de biosfera”, expresan.
A su vez, remarcan que “luego de más de 35 años de la Ley Forestal, la superficie forestada ocupa 1,4 millones de hectáreas, generando una serie de impactos en diversas dimensiones de los sistemas ambientales”. Sostienen que “uno de los principales impactos de la sustitución de praderas naturales por monocultivos forestales son los cambios en el funcionamiento del ciclo hidrológico, especialmente la disminución en el rendimiento hídrico en cuencas”, aunque también han reportado otros problemas, como “la repelencia al agua de los suelos, la disminución del stock de carbono orgánico y el aumento de la densidad aparente de los suelos”. “La forestación afecta a la biodiversidad debido a los cambios en las condiciones de los sistemas ambientales y a que las prácticas de cultivo implican la sustitución de la cobertura vegetal original provocando la reducción del hábitat de varias especies, en particular plantas vasculares y leñosas, anfibios y aves y la disminución de mamíferos”, destacan.
La propuesta
En este contexto, el equipo elaboró criterios con el objetivo de “operativizar la definición de zonas de incompatibilidad de expansión de la forestación con funciones ambientales y usos prioritarios para la sociedad uruguaya”. Por ejemplo, ven necesario que “la expansión de la forestación exótica a gran escala en ningún caso puede llevarse a cabo en suelos que no sean categorizados como suelos de prioridad forestal”. A su vez, “en ningún caso debe llevarse a cabo en zonas que se encuentren bajo una figura de conservación nacional o internacional” ni “en cuencas con tomas de agua superficial para el abastecimiento a la población”.
“La superficie total de los suelos de prioridad forestal es de 4,2 millones de hectáreas. En 2022, la superficie de suelos de prioridad forestal sin forestación exótica fue de 3,25 millones de hectáreas. De la superficie de los suelos de prioridad forestal sin forestación, 230.000 hectáreas se localizan en áreas que actualmente están bajo al menos una figura de conservación nacional o internacional y 677.000 hectáreas de suelos de prioridad forestal se localizan en cuencas con tomas de agua superficiales para el abastecimiento de agua potable a la población. De la superficie restante, 610.000 hectáreas de suelos de prioridad forestal tienen la particularidad de que, de forestarse en su totalidad, en las cuencas donde se localizan se excedería el valor de 40% de la cuenca, lo cual determinaría que el impacto fuera tipificado como significativo [...]. En síntesis, aplicando los criterios mencionados, la superficie de prioridad forestal experimentaría una reducción de 1,57 millones de hectáreas, la cual no estaría habilitada para la forestación exótica”, establecen con base de su propuesta.
María Selva Ortiz apunta que son necesarias “medidas urgentes” y destaca que la forestación debe analizarse desde una perspectiva de “justicia social y justicia ambiental”. Sobre las consecuencias sociales, indica que es necesario “un debate nacional muy amplio”. Sin ir más lejos, más de 90 organizaciones socioambientales, sindicatos, productores familiares y otros colectivos emitieron un comunicado en diciembre donde llamaron a un “diálogo profundo y abierto sobre el modelo de desarrollo” que tiene el país. La activista cuenta que presentaron la propuesta en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía como una forma de volver a ponerla en el centro después de la discusión vinculada al proyecto Neptuno-Arazatí. “Acá hay una propuesta concreta, con evidencia científica para esta cuenca y para todas, porque tenemos problemas muy graves en otros lugares del país con respecto al abastecimiento. Tienen que ser tomados con seriedad por los sectores políticos”, insiste. Han tenido intercambios con tomadores de decisiones y sus equipos técnicos para difundir la iniciativa. Próximamente la presentarán a la población y a la Comisión de Ambiente de Senadores.
