En 2025, más de 400.000 toneladas de frutas y verduras pasaron por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), ubicada en la capital departamental. En su página web es definida como el “mayor centro logístico y de comercialización mayorista de alimentos del país y uno de los más modernos de la región”. El Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo históricamente ha realizado análisis de pesticidas para constatar que los alimentos que pasan por el lugar cumplan con el Codex alimentarius, una serie de estándares internacionales incorporados a la normativa de nuestro país que regulan la producción, etiquetado e inocuidad de los alimentos.
En este contexto, el primer lunes de mayo, la diaria hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer los datos sobre pesticidas que recopiló la comuna en el período enero 2023 hasta mayo de 2026. Estos datos no se encuentran disponibles en formatos de libre acceso para los consumidores. En un primer momento, el gobierno departamental únicamente brindó los resultados de los monitoreos que realizó desde enero de 2023 hasta agosto de 2024. No explicó la ausencia del resto de la información.
El 29 de julio, tras hacer consultas por la falta de acceso al resto de los datos, llegó la respuesta de la Intendencia de Montevideo: “Corresponde agregar que desde el año 2025 y hasta inicios del 2026 se realizó el proceso de gestión de mudanza de laboratorio a la nueva locación en la UAM, lo que implicó una parada en la realización de análisis de plaguicidas, por la mudanza en sí misma, pero luego por la puesta a punto y validación de los equipos utilizados”. En este contexto, la diaria entrevistó a María Noel Battaglino, encargada de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo –que tiene bajo su órbita al Laboratorio de Bromatología–, y también a Adriana Cauci y Fernanda Risso, nutricionistas e integrantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación.
Los datos: tres sustancias prohibidas en la Unión Europea fueron utilizadas en Uruguay
Entre enero de 2023 hasta agosto de 2024, la Intendencia de Montevideo analizó 257 muestras provenientes de la UAM –en los datos no se separa la cantidad realizada en cada año–. Aclara que “los principios activos analizados son plaguicidas del grupo de los ditiocarbamatos en 174 muestras” y que en 31 de ellas se utilizó el “método multiresiduos”. Expresa que los productos buscados en los análisis multiresiduos fueron: metamidofos, diclorvos, trifluralina, atrazina, clortalonil, metil-clorpirifos, carbaril, difenilamina, linuron, clorpirifos, ciprodinil, imazalil, tiabendazol, tolilfluanida, procimidona, iprodione, etion, tebuconazol y más. Detectó la presencia de varios pesticidas en muestras de frutas y verduras. Fueron ubicados en 18 muestras de apio, mandarina, manzana, morrón, pera, bergamota, berenjena, frutilla y zucchini.
En dos muestras de apio se encontró la presencia de los fungicidas ciprodinil y difenoconazol; en tres muestras de mandarina se halló el fungicida imazalil. El difenoconazol también fue detectado en una muestra de morrón amarillo y el imazalil en bergamota y naranja. En seis muestras de manzana captó difenilamina. En cuatro de estas muestras de manzana, además de este pesticida, encontraron la presencia de más sustancias. En el primer caso, detectaron difenilamina, imazalil e iprodione. En el segundo, se descubrió difenilamina, iprodione y difenoconazol. En el tercero, identificaron difenilamina, iprodione y cipermetrina. Finalmente, en el cuarto, vieron la presencia de lambda-cialotrina, difenilamina e imazalil. La difenilamina también se encontró en una muestra de pera. Por otro lado, en una muestra de berenjena fueron hallados los fungicidas ciprodinil y procimidone. En otra muestra de frutilla se identificaron los fungicidas clorotalonil, ciprodinil y procimidone. El último también se localizó en una muestra de zucchini.
Tres de las sustancias detectadas en los análisis –iprodione, procimidone y clorotalonil– están prohibidas en la Unión Europea. Esta información puede chequearse en el buscador que tiene disponible la organización de países, donde detallan el estado de cada pesticida, junto con sus respectivos informes técnicos.
La Intendencia de Montevideo, en la respuesta al pedido de acceso a la información pública, señaló que “una muestra de zucchini presentó procimidone 0,1 ppm no habiendo límite declarado según Codex para ese plaguicida en esa matriz”. También acotó que “en una muestra de berenjenas se detectó procimidone por debajo del límite de cuantificación y tampoco el Codex presenta LMR [límite máximo recomendado] para ese plaguicida en esa matriz”. “Los análisis de ditiocarbamatos en ningún caso excedieron el LMR establecido por el Codex”, subrayó. Uno de los pedidos que hizo la diaria en la solicitud de acceso a la información pública fue que detallaran los pasos a seguir al momento de detectar incumplimientos y consultó sobre si existe un protocolo. “Ante la detección de un incumplimiento, tanto para residuos de plaguicidas como para otras determinaciones, el laboratorio informa para que los responsables de la toma de acciones estén en conocimiento”, esgrimió.
La mudanza
María Noel Battaglino es la encargada de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo; de esta repartición depende tanto el Laboratorio de Bromatología como el Servicio de Regulación Alimentaria. Tras ser consultada por la diaria sobre la ausencia de monitoreos desde comienzos de 2025 manifestó que, desde que asumió la nueva administración, comenzó “un proceso de reestructura que entendemos favorable porque tenemos un laboratorio de altísima tecnología y de gran potencial en cuanto a todos los servicios que se pueden brindar allí”.
“Es un proceso. Una mudanza de un laboratorio no es solo llevar los equipamientos de un lugar para otro, sino que lleva todo un tiempo de acondicionamiento y de calibrar los equipamientos para que puedan volver a generar los resultados confiables”, aseguró. Declaró que el laboratorio es de “primer mundo” y que han completado la “adquisición de nuevos equipos”. “Eso tiene que ir acompañado también de ingreso de personal. El cambiarnos de lugar desde el centro de Montevideo a la zona de la UAM ha generado alguna dificultad con respecto a los funcionarios. Hubo funcionarios que no aceptaron trasladarse hacia ese lugar y hay que generar una reposición de las vacantes”, sumó.
La jerarca señaló que están trabajando con la UAM en “un proyecto de cómo retomar la puesta en marcha de los estudios nuevamente”, lo definió como “prioridad” y planteó que la situación no se debe a “algo que no hemos estado atendiendo”. “Hemos estado concentrados en encontrar todos los recursos y las articulaciones interinstitucionales para poder llevar adelante esta puesta en marcha de volver a hacer los estudios. Estamos trabajando en una articulación no solo con la UAM, también estamos pensando en otros organismos que tienen que ver con este control. Si bien nosotros tenemos la capacidad de hacer los estudios, todo el proceso de control depende de varios organismos. No es solo de la intendencia. Creemos que en breve va a haber anuncios”, comentó.
Battaglino expresó que la presencia de plaguicidas en frutas y verduras le genera “preocupación”. En este sentido, enfatizó que su división tiene “la capacidad de hacer testeos”, pero “no es solo detectarlos [a los pesticidas], después hay que generar los mecanismos de cómo se va a controlar, cómo se va a fiscalizar, cómo se va a sancionar a los que no cumplen”. “No tiene sentido detectar si no vamos a actuar. Es una preocupación que tenemos, nosotros queremos detectar, emitir alertas y que se tomen medidas. En eso se está trabajando y hay voluntad de los organismos en esta línea”, aseguró.
Por otro lado, investigadores alertaron en 2023 que la cantidad de análisis que realizaba la comuna departamental venía descendiendo y que no podían considerarse representativos de las toneladas de frutas y verduras que pasan por la UAM –y, en su momento, el Mercado Modelo–. En este contexto, la tomadora de decisiones declaró que se “necesita aumentar la capacidad del laboratorio de procesar muestras” aunque también puso sobre la mesa que “hay un costo asociado a los reactivos” y deben discutir quién los debe abonar. “Estamos negociando cómo vamos a trabajar”, concluyó.
El derecho de saber qué consumimos
Adriana Cauci y Fernanda Risso son nutricionistas e integrantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación. A lo largo de su carrera han explorado la problemática de plaguicidas en alimentos. Hace dos años están trabajando en un proyecto que involucra a las frutas y hortalizas. “Identificamos la presencia de diversos plaguicidas en proporciones importantes de muestras de alimentos analizados por el Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo, incluyendo sustancias restringidas o prohibidas en otras jurisdicciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. Los análisis fueron realizados entre abril de 2019 y julio de 2024, incluyeron más de 20 tipos de alimentos y totalizaron 570 muestras analizadas”, resaltó Cauci.
Enseguida, afirmó que parte de las sustancias “tienen demostrado efectos nocivos a nivel de disrupciones endocrinas” y otras también “efectos neurotóxicos”. “Nos despertó la interrogante de cuáles son los mecanismos de control y fiscalización que existen en relación a todo esto. Está comprobado que a nivel de la salud pueden generar afecciones a largo plazo, tras exposiciones crónicas. Ahora estamos haciendo análisis del entramado institucional vinculado a los mecanismos de regulación y fiscalización, para poder identificar los puntos críticos asociados al control de los plaguicidas en frutas y hortalizas”, adelantó la investigadora.
Risso complementó resaltando que gran parte de los estudios vinculados a plaguicidas suelen estar centrados en “el nivel de exposición a trabajadores o los centros poblados más cercanos a las fumigaciones”. “La diferencia de este estudio es que pretende analizar el alimento en sí. Si bien hay algunos antecedentes, no son tantos los que abordan los residuos que existen a nivel del alimento”, sumó. Sin ir más lejos, recientemente la diaria Ciencia publicó un trabajo donde detectaron glifosato por encima de los límites máximos en seis de 12 alimentos de Uruguay.
Risso declaró que el objetivo de su trabajo consiste en promover “que la población conozca lo que está consumiendo”. “Obviamente que no queremos ir en contra de que sigan consumiendo frutas y verduras, que son alimentos sumamente importantes para todos y todas. Nosotras somos nutricionistas, es lo que más queremos, pero también queremos que las personas tengan acceso a alimentos que no les provoquen daño. Ahora nos propusimos frutas y hortalizas. Mañana puede ser la leche, por ejemplo. La idea es seguir investigando en otros grupos de alimentos”, aseveró y remarcó que no buscan generar “pánico” con los resultados.
Por su parte, Cauci entiende que los datos también deberían ayudar a “fomentar la producción agroecológica y orgánica a nivel país” e incluso iniciar la “transformación de los sistemas productivos para que sean realmente sostenibles y garanticen la salud de todos y todas las consumidoras, así como de los propios productores”. “La soberanía alimentaria busca esto: poder definir qué producimos, qué consumimos y quién los produce. Estamos hablando de alimentos que son dirigidos al consumo humano y las personas que los consumen no saben su origen. ¿Quién lo produjo? ¿Fue un productor familiar? ¿Fue un productor que responde a cuestiones más vinculadas al capital? ¿De dónde viene? ¿Qué plaguicidas se utilizaron? ¿Qué formas de producción fueron utilizadas? Me parece que es clave poder entender qué es lo que estamos comiendo para poder decidir qué es lo que compramos como consumidores y qué políticas son necesarias para mejorar. No podemos decidir si no conocemos cómo se produce”, finalizó.
