Este viernes, el Informativo Carve difundió que el proyecto de la represa que pretende construirse en Casupá fue catalogado como de “alto riesgo ambiental y social” por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que es el encargado de financiar la obra que costará 130 millones de dólares.
Según consta en el documento donde se emitió la clasificación, el proyecto tiene como objetivo “incrementar la seguridad hídrica” del sistema metropolitano de agua potable “en términos de calidad y cantidad de agua, mediante la construcción de una presa sobre el arroyo Casupá en la cuenca del río Santa Lucía”. A su vez, busca “asegurar una reserva de agua bruta para la provisión por hasta 60 días de agua” en “situación de sequía severa”.
El CAF determinó una serie de nueve “salvaguardas”. Estas son: la “evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales”, la “utilización sostenible de recursos naturales renovables”, la “conservación de la diversidad biológica”, la “prevención y gestión de la contaminación”, el “patrimonio cultural”, el “reasentamiento de población”, las “condiciones de trabajo y capacitación” y la “equidad de género”. “Dada la categoría de riesgo ambiental y social otorgada, en esta operación fueron requeridas medidas y planes especializados de mitigación y gestión ambiental y social, sustancialmente diseñados para atender las salvaguardas”, dice el texto del organismo financiero.
Trazado de alambrado en Casupá, enviado por OSE al Ministerio de Ambiente en agosto.
La iniciativa es rechazada por vecinos de Casupá y gremiales como la Federación Rural. Sin ir más lejos, en agosto se movilizaron y pidieron ser recibidos por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Entienden que la obra implicará “alterar definitivamente un paisaje rural vivo, afectar establecimientos productivos, desplazar familias, modificar caminos y formas de vida, inundar monte nativo protegido, comprometer sitios de enorme valor histórico y cultural y generar cambios permanentes sobre una de las zonas rurales más productivas y pobladas de Florida y Lavalleja”.
El 11 de abril de 2025, OSE —que es el proponente del proyecto— solicitó la reactivación del proceso de evaluación de la iniciativa ante el Ministerio de Ambiente. La represa fue clasificada como “C”, que incluye aquellas “actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda tener impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención y mitigación”. Esto implica que deben llevarse adelante estudios de impacto ambiental, puestas de manifiesto de los documentos para que la población pueda enviar comentarios y audiencias públicas. En junio, el ministro de la cartera, Edgardo Ortuño, dijo en entrevista con la diaria que están trabajando en “la actualización de los estudios”.
“Vamos a encarar con todo el potencial técnico interno y con asesoramientos externos para dar garantías y seguridad de que el proyecto planteado en todos sus aspectos es seguro y nos permitirá cumplir con el objetivo principal, que es resolver el abastecimiento de agua potable de casi dos millones de personas de aquí a 2050”, acotó. Además de la presa, el proyecto incluirá un área protegida asociada que, hasta el momento, no se ha difundido cuál será su delimitación.
Según la información disponible en el Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente, la represa tendrá un espejo de agua de 2.126 hectáreas, que será “construida con un cierre de 750 metros de longitud y una altura máxima de 30 metros, con un camino de circulación pública a lo largo del cierre con calzada de doble sentido”. En esta plataforma se encuentra disponible una pestaña específica con información sobre el proyecto. La última actualización es del 13 de agosto. Se trata de una misiva que envió Pablo Ferreri, presidente de OSE, a la cartera. Allí se adjunta un mapa donde se muestra el trazado del alambrado del embalse y dice que la empresa estatal “continúa avanzando en la actualización del estudio de impacto ambiental”.
