Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El cese de un jefe de Policía de Montevideo nunca es un hecho insignificante, y el del comisario retirado Erode Ruiz tiene aristas que llaman la atención. El detonante fue la difusión de que Ruiz venía manteniendo contactos con el frenteamplista Gustavo Leal, ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, sin comunicárselo formalmente a sus superiores, con quienes no tenía las mejores relaciones, pero esto es sólo parte de la historia.
Leal, que iba a ser ministro del Interior si Daniel Martínez ganaba las elecciones del año pasado, aportó su experiencia y sus contactos para cooperar con Ruiz en el manejo de varias situaciones complicadas, y esto no es por sí mismo algo cuestionable.
Sí es comprensible que al ministro Jorge Larrañaga le haya molestado estar al margen de los intercambios entre ambos, y cabe manejar la hipótesis de que la filtración de que esas reuniones se realizaban no fue casualidad. Sin embargo, Ruiz no era nada parecido a un “infiltrado” del Frente Amplio (FA), sino que está claramente identificado con el Partido Nacional, y nada indica que estuviera disimulando lo que hacía, ya que el viernes de la semana pasada recibió a Leal en la mismísima jefatura de Montevideo, donde su presencia no podía pasar inadvertida (y mucho menos si tenemos en cuenta que ese día se llevaba a cabo una reunión de jerarcas, a la que además Ruiz no asistió).
Por ahora, se puede sacar en limpio de esta historia una confirmación de que hay mar de fondo en el Ministerio del Interior, donde Larrañaga convive con viejos oficiales reintegrados a la plana mayor que tienen sus propias agendas, y con representantes de más de un sector político interesado en encabezar esa secretaría de Estado.
Mucho menos intrigantes son los motivos de las reiteradas embestidas contra la Fiscalía General de la Nación desde el oficialismo, y muy especialmente desde Cabildo Abierto. Los integrantes de la Federación Latinoamericana de Fiscales, que se dedican profesionalmente a investigar cuestiones mucho más complejas, expresaron su “profunda preocupación” por las “presiones que tratan de afectar directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”, y plantearon la hipótesis, muy verosímil, de que la intención puede ser “contaminar la investigación” de casos de violación de los derechos humanos. No señalaron de quiénes sospechan ni por qué, pero eso no hacía mucha falta.
Tampoco es un gran misterio por qué el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, se aventuró a decir en conferencia de prensa que “existe la presunción” de que ya había casos de covid-19 en Uruguay a mediados de febrero de este año, no advertidos por el gobierno anterior. Si este hubiera actuado de otra forma, comentó Alfie, el país podría haberse ahorrado muchos problemas y el proyecto de presupuesto sería menos restrictivo.
Como el director de la OPP no se destaca por sus conocimientos sobre medicina, parece muy probable que simplemente haya querido aportar un elemento más al relato oficialista que atribuye todo lo que anda mal a la “desidia” del FA.
Hasta mañana.