Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La emergencia sanitaria, ahora con 79 casos confirmados de coronavirus y 392 sospechosos, trae consigo diversas ansiedades. Algunas se deben a situaciones sociales que se agravan con el paso de los días y requieren medidas paliativas. Otras –no necesariamente justificadas– tienen que ver con el deseo de que aparezcan rápidamente perspectivas de regreso a la normalidad, o con la creencia de que eso sería posible si las autoridades adoptaran decisiones más drásticas.
También hay buenas noticias, como las relacionadas con el trabajo de investigadores de la Universidad de la República y del Institut Pasteur de Montevideo para desarrollar un kit de diagnóstico económico.
El PIT-CNT reclamó ayer la asignación de una renta básica a quienes están fuera del sistema de seguridad social; la postergación de los vencimientos de pagos de tarifas públicas, tributos, alquileres y tarjetas de crédito; controles de precios, y compensación de jornales perdidos en el servicio doméstico y en actividades de trabajo eventual, así como la negociación colectiva de los envíos al seguro de desempleo. Todo eso se suma a la demanda de postergación de los aumentos tarifarios, que la central sindical planteó anteayer junto con otras organizaciones sociales, y a la que se sumó ayer el Frente Amplio.
Las medidas exigidas requieren desembolsos que no es fácil afrontar en la actual coyuntura, pero son planteamientos en línea con los de la Organización Mundial del Trabajo, que pidió a los Estados “medidas urgentes, a gran escala y coordinadas, basadas en tres pilares: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos”.
Por ahora, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmó que los aumentos y otras medidas fiscales anunciadas antes de esta emergencia se mantienen, y anunció, sin dar detalles, que se están “analizando” otras, con la premisa de que “los motores de la economía no se pueden apagar”.
En lo referido a la voluntad de postergar las elecciones departamentales, se da una situación insólita. La Corte Electoral ya evaluó que no puede dar garantías de un proceso normal, pero antes había señalado que carece de potestades para cambiar la fecha, que está fijada en el artículo 77 inciso 9º de la Constitución: “el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales”, y le trasladó el tema a los partidos políticos. Lo que ocurre es que ningún otro artículo constitucional prevé expresamente la posibilidad de cambiar esa fecha por ninguna causa (ni siquiera por un desastre natural o una guerra). En opinión de algunos juristas y políticos, como la Constitución tampoco dice que la fecha no se pueda cambiar, y sí dispone, en otros artículos, obligaciones del Estado en materia de salud pública, sería legítimo postergar los comicios mediante una ley. Otros consideran indispensable una reforma constitucional aprobada en plebiscito, pese a que, obviamente, no tendría pies ni cabeza realizar una votación en todo el país para evitar una votación en todo el país.
Hasta mañana.