Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Dos fallecimientos y decenas de contagios de covid-19 en centros de larga estadía para personas mayores llamaron la atención sobre problemas de larga data en esos establecimientos, a los que se suele llamar “residenciales de ancianos”. Son problemas sobre los que se trabaja desde hace años, aunque algunos integrantes del actual Poder Ejecutivo hablan como si los hubieran descubierto en los últimos días. En realidad, la mayor parte de la ciudadanía sabe que en tales instituciones, como en las de reclusión y en varias otras, se viven a menudo situaciones atroces, pero es más fácil hacer como si no se supiera.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo anoche que al gobierno nacional le “preocupa mucho” que de los 1.208 residenciales registrados sólo 41 estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) (eran 25 de 940 el año pasado). Hace bien en preocuparse por ese motivo, pero de hecho no es el único que lo debe preocupar.
Estos centros no son instituciones sanitarias, aunque la población residente en ellos tenga casi siempre problemas de salud: el eje de su tarea es brindar cuidados. El MSP controla algunos aspectos de su funcionamiento, otros le corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, y la capacitación de los cuidadores está específicamente a cargo del Sistema Nacional de Cuidados (SNC). La proporción de las instituciones que cumplen con todos los requisitos es aun menor que la de las que están habilitadas por el MSP.
El proceso es lento y gradual, porque muchos de estos establecimientos sólo son económicamente viables en la precariedad, y si se procede a clausurarlos no hay alternativas accesibles para las personas residentes.
Anoche el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, comparó el problema con el de las personas en situación de calle, pero las diferencias son muchas más que las semejanzas, porque no se trata de proveer sólo platos de comida, baños y camas.
En los últimos años comenzó el desarrollo del SNC, que implica intervenir en un área mucho más amplia y compleja que la de los centros de larga estadía, ir elevando los mínimos de calidad y aproximarse en forma gradual a una cobertura universal, con una distribución más justa del trabajo (que implica, entre otras cosas, cuestiones de género). Por algún motivo, anoche Delgado y Bartol no se refirieron a esto.
Quizá sea bueno que este aspecto de la emergencia sanitaria nos ponga ante la vista cuánto queda por hacer, y qué costos sociales pueden tener los retrasos y las insuficiencias estatales. Pero sería ilusorio creer que, una vez “descubierto” el problema, es posible aplicar con rapidez y eficiencia algunas medidas para que “esto no vuelva a suceder”.
Mientras tanto, siguen las discusiones sobre el proyecto de ley de urgente consideración, que abarcan sus disposiciones relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y con la habilitación del porte de armas para militares retirados, entre otras cuestiones. Ante situaciones como las de muchos centros de larga estadía, que Bartol calificó con razón de “espeluznantes”, cabe preguntarse una vez más si el Poder Ejecutivo está evaluando bien a qué le llama urgente.
Hasta mañana.