Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cuando los partidos que hoy forman parte del gobierno nacional eran opositores, uno de sus grandes problemas fue que, al contar el Frente Amplio con mayoría parlamentaria, el foco de interés estaba por lo general en los debates internos de esa fuerza política, ya que de ellos dependía qué iniciativas se aprobaban. Ahora se invierten en gran medida los papeles.
Por comodidad, nos acostumbramos a mencionar el proyecto de ley de urgente consideración con las iniciales LUC, como si ya fuera una ley aprobada, cuando aún estaba en borrador. Eso potenciaba la idea de que la “coalición multicolor” iba camino a realizar con rapidez los cambios que había prometido. Sin embargo, la vida ha demostrado que los acuerdos entre el Partido Nacional y sus socios no estaban tan definidos, y pese a las negociaciones previas persisten numerosas discrepancias.
En el fin de semana continuaron las discusiones, sin acuerdos sobre varios artículos. Entre ellos, se destacan los referidos al aumento de penas para menores de 18 años, a la eliminación de monopolios que gestiona ANCAP, a las exigencias para que los terrenos privados ingresen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a la creación de la figura penal de “agravio a la autoridad policial”, al porte de armas cortas por parte de militares retirados, y a la habilitación de la propiedad anónima de tierras.
Con esos temas sobre la mesa disminuye el destaque que reciben las objeciones al proyecto planteadas por la oposición frenteamplista y por organizaciones de la sociedad civil, como las referidas a las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que el Ejecutivo propuso crear, y cuyo primer titular sería el actual diputado nacionalista Gerardo Amarilla.
En el terreno de urgencias más acuciantes, el análisis de los datos sobre seguros de desempleo preocupa y están planteadas grandes incertidumbres sobre lo que ocurrirá con las personas amparadas por ese beneficio cuando termine el período de subsidio. Al mismo tiempo, hay situaciones que no pueden esperar, y dado que el Poder Ejecutivo no aceptó la propuesta de asegurar una renta básica a quienes se han quedado sin ingresos, la Intendencia de Montevideo decidió redireccionar fondos para transferir 6.000 pesos mensuales, durante dos meses, a quienes viven en pensiones capitalinas y no tienen con qué pagarlas, para evitar que queden literalmente en la calle. No es lo mismo, pero sin duda sirve.
Cabildo Abierto, además de participar en las discusiones del Senado, marca su perfil de otras formas. Una de ellas es ocuparse, en forma más bien simbólica, de algunas cuestiones que fueron manejadas por el actual oficialismo durante la campaña electoral del año pasado, pero que todos saben que no se resuelven en forma tan sencilla. Una es la exigencia de personería jurídica para los sindicatos, que requeriría ajustar a su vez los requisitos para otorgar la personería, poco adecuados a la realidad de ese tipo de organizaciones, pero da la impresión de que lo que más interesa a los conducidos por Guido Manini Ríos es poder decir que quisieron cumplir.
Hasta mañana.