Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Quienes ocupan cargos de gobierno tienen la responsabilidad de hallar soluciones acertadas para los problemas en su área de competencia, y es muy conveniente que se trate de personas con un perfil adecuado, en términos de formación y de criterio. Parece muy obvio, pero no siempre ocurre.
Los procedimientos políticos habituales para la designación de jerarcas tienen mucho de reparto proporcional a los votos de cada partido y sector. Esto lleva a que las personas elegidas no sean realmente “las mejores para cada cargo”, (como prometió el presidente Luis Lacalle Pou y como lo habían hecho también muchos otros antes que él), sino las que decide promover el grupo al que “le toca” determinada posición en el Estado.
La “coalición multicolor” ya ha tenido que dar marcha atrás en varios casos, porque rápidamente se vio que las personas designadas no reunían las condiciones mínimas necesarias. Así sucedió, por ejemplo, con Gastón Bianchi en la vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos y con Miguel Loinaz en la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es positivo que se haya actuado pronto, pero sería aún mejor que se hubiera seleccionado con más cuidado desde el comienzo.
La nueva secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Rosario de Lourdes Pérez Perdomo, tiene un historial de publicaciones en redes sociales que sugiere escasa compatibilidad con las tareas que se le han encomendado. No es obligatorio, por supuesto, estar de acuerdo con las ideas y las acciones del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, pero llamarlo “guerrilla mafiosa” se puede considerar por lo menos descortés.
Y no es que Pérez Perdomo tenga tendencia a desbocarse sólo cuando se refiere a sectores de izquierda. En febrero de este año sostuvo que la vicepresidenta, Beatriz Argimón, “avaló” a un ministro que reconoció ser “políticamente responsable de homicidio”, y que por lo tanto “debería examinarse a sí misma un largo tiempo antes de pensar en juzgar a otros”. Además, su opinión sobre las políticas sociales, que apuntan justamente a resolver problemas de derechos humanos, tampoco parece muy pertinente. La flamante secretaria piensa que a menudo esas políticas consisten en que “te den a cambio de un voto”, para no tener que trabajar.
Cabe señalar que estas opiniones de Pérez Perdomo (como antes las del mencionado Gastón Bianchi) se pueden conocer porque no existe en Uruguay el llamado “derecho al olvido”, que les habría permitido a esas personas hacer desaparecer de internet el registro de expresiones suyas (privando así al resto de la población del derecho a conocer tales antecedentes). Esto estaba incluido en el borrador de proyecto de ley de urgente consideración, pero fue eliminado.
En el sector privado también es muy importante que las personas que ocupan cargos de responsabilidad tengan el perfil adecuado. Y cuando se trata de una institución que brinda enseñanza inicial, primaria y secundaria, como el colegio St. Claire de Punta del Este, es terrible que alguien que ocupó su dirección esté formalizado por explotación sexual de menores de edad.
Hasta mañana.