Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Desde la campaña electoral del año pasado, destacados integrantes del actual gobierno nacional han sostenido que el déficit fiscal se debe, en gran parte, a “despilfarros” de sus antecesores frenteamplistas, y que por lo tanto es posible y necesario abatirlo mediante una racionalización del gasto público, sin afectar las políticas sociales e incluso mejorándolas.
Sin embargo, una serie de evidencias muestra que ese diagnóstico es incorrecto (no aparecen los presuntos desembolsos irracionales cuya eliminación permitiría, según se dijo, “ahorrar” 900 millones de dólares anuales), que la disminución buscada del gasto público es inviable sin afectar en forma importante las políticas sociales, y que efectivamente existe la intención de recortarlas. Todo esto queda muy claro en un documento interno del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al que accedió la diaria.
En el documento se asume la perspectiva de reducción presupuestal, pero se consideran muy excesivas las demandas en ese sentido del equipo económico, que pretende un ajuste a la baja en el Mides “de casi 30%”. Esto implicaría, según se afirma, una “mutilación” de las posibilidades de cumplir con los “cometidos centrales” y las “líneas estratégicas” del ministerio, en un contexto de crecimiento de la pobreza y de las demandas, y dejar abandonadas a las personas más vulnerables.
A su vez, una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou y le señaló algunas consecuencias de su “decreto de austeridad fiscal”, que dispuso topes para la ejecución presupuestal, la renovación de contratos y la cobertura de vacantes. Una de esas consecuencias será, según los sindicalistas, nada menos que dejar “totalmente desprovistos de personal” a “sectores de la administración central” y a organismos de otras áreas que desempeñan “funciones esenciales para el Estado”, no sólo en el terreno de las políticas sociales. Los representantes de COFE dijeron que Lacalle Pou, lejos de considerar equivocada esa preocupante proyección de resultados, les comentó que en muchos ministerios hay preocupación al respecto.
Dicho sea de paso, el Poder Ejecutivo decidió excluir de las disposiciones de ese decreto a varios organismos relacionados con el desarrollo científico, la tecnología y la innovación, pero no a todos, y la restricción se mantiene, por ejemplo, para la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, ha asumido voluntariamente el rol de abanderado de la política de recortes (de la que no parece ser el único responsable), y por lo tanto se convierte en un blanco fácil cuando maneja datos ajenos a la realidad para defender esa orientación. Alfie dijo que la Udelar “tiene un presupuesto enorme” pero que “en los últimos años no ha aumentado el número de egresados, de modo que el costo por egresado está aumentando”. Sin embargo, resulta que los egresos han crecido en forma sostenida durante los últimos 15 años.
Hasta mañana.