Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
A medida que avanza el estudio del proyecto de ley de Presupuesto se descubren nuevas disposiciones polémicas. Quizá no hubo intención de ocultarlas por parte del Poder Ejecutivo, e iban a discutirse tarde o temprano, pero una presentación inicial habría ayudado a ordenar el debate. La ministra Azucena Arbeleche no realizó el lunes la conferencia de prensa que había anunciado a esos efectos, sin que sepamos aún por qué.
En lo que tiene que ver con el sistema de instituciones científicas públicas, el panorama es preocupante. En la mayoría de los casos disminuye el valor real de lo asignado, con las únicas excepciones del Institut Pasteur (al que se le ajustan por inflación los recursos de que disponía) y el Instituto Antártico (que recibe un aumento de 27%). Desde el Ministerio de Economía se le ha dicho a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que hubo un error al incluir en el proyecto qué montos se le destinan, pero todavía no se produjo una rectificación formal.
La importancia del trabajo científico para el país quedó de manifiesto durante la actual emergencia sanitaria, y desde el Poder Ejecutivo se anunciaron intenciones de potenciar el área, pero la iniciativa enviada al Parlamento no cumple con esa promesa. Para la Universidad de la República, como ya informamos, no se prevé ningún aumento presupuestal en el quinquenio, y esto por supuesto afecta, entre muchas otras tareas, a las de investigación y formación de investigadores.
Una tormenta se avecina en relación con el artículo presupuestal por el que el Poder Ejecutivo se adueña de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM). Desde el inicio y durante décadas, el proyecto (que reemplaza al viejo Mercado Modelo) fue ideado, realizado y gestionado por la Intendencia de Montevideo (IM), que invirtió en él 90 millones de dólares y designó hasta ahora a sus principales autoridades. Ahora el Ejecutivo, que ha aportado sólo un millón de dólares, quiere quedar al frente de la UAM y dejar a la IM sin representación en su directorio.
También causa revuelo la propuesta de aumentar más de 50.000 pesos nominales los salarios de los directores del Ministerio de Desarrollo Social. Como en el caso de la casi duplicación de sueldos para los presidentes de empresas públicas, las autoridades alegan que la masa salarial total disminuye de todos modos, quizá sin percibir que lo problemático es, precisamente, que haya incrementos sólo para los pocos que ya tenían mejor paga, mientras que a muchísimos más se les anuncian recortes.
Además, una cantidad no determinada de empleados públicos afronta la perspectiva de que su trabajo sea declarado excedentario, en el inicio de un proceso que puede terminar con su redistribución a cualquier otra área del Estado o con su obligación de acogerse a un retiro incentivado. En ningún caso está previsto que sea necesario el consentimiento de las personas afectadas.
Por hoy, dejamos sin actualizar en este espacio lo relativo al pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, cuya votación el Partido Nacional decidió postergar una vez más la semana que viene.
Hasta mañana.