Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es habitual que en las rectas finales de cada campaña electoral salgan a la luz denuncias y cuestionamientos que pueden afectar las intenciones de voto. En el caso de las departamentales, no empezaron ahora ni vienen de un solo lado, pero arrecian a medida que van quedando menos días para los comicios.
La cuestión, desde el punto de vista periodístico, es verificar los datos y evaluar su importancia como noticia, con independencia de que puedan beneficiar o perjudicar los intereses de algún partido. Ese tipo de efectos, además, siempre tiene algo de imprevisible: el denunciante puede quedar desprestigiado si queda la impresión de que “ensució la campaña”, y a veces un intenso intercambio de acusaciones no le sirve a nadie, porque instala la idea de que todos los políticos son igualmente malos.
El caso es que ayer, sin ir más lejos, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió presentar una denuncia penal contra Nicolás Chiesa, cuya responsabilidad en el Estado es ser director general de la Granja, pero que además actuó como apoderado de Mi Granja SA. Es atendible que se lo acuse, por lo tanto, del delito tipificado como “conjunción del interés público y el privado”.
Hace unos días, cuando se hizo pública esa conducta de Chiesa, el presidente Luis Lacalle Pou declaró que era “lamentable”, ya que “de los dos lados no puede estar”, pero el desenlace no fue el cese del jerarca, sino su decisión de no hacer más lo que ya había hecho.
También fue denunciado el nacionalista Pablo Caram, ex intendente de Artigas en campaña por la reelección (y con muy alta probabilidad de lograrla), pero no desde el FA sino desde el Partido Colorado. El candidato a edil Daniel Argañaraz señaló que, en un acto de campaña de Caram realizado en Baltasar Brum con participación de la diputada Valentina dos Santos, no se respetaron las normas sanitarias de distanciamiento físico y uso de tapabocas. Argañaraz asegura que no planteó este cuestionamiento para sacar rédito político, sino como médico gastroenterólogo, y que no pretende que nadie vaya preso.
Tampoco va a ir preso el diputado Alejo Umpiérrez, uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de Rocha, por atrasarse en el pago de deudas con varios gobiernos departamentales, pero desde el FA se consideró pertinente dar a conocer su situación de morosidad, alegando que “no está siendo honesto” y da un mal ejemplo.
En este marco, resulta reconfortante que se planteen discusiones sobre temas de mayor calado. En una mesa redonda realizada en la ExpoPrado, tres economistas debatieron sobre el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Hernán Bonilla, jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas; Aldo Lema, socio de Vixion Consultores, y Gabriela Mordecki, directora del Instituto de Economía de la Universidad de la República, plantearon opiniones diversas sobre la adecuación de ese proyecto al contexto internacional y nacional que puede esperarse en los próximos cinco años, y analizaron lo que significa sobre el rumbo de la nueva política económica gubernamental.
Hasta mañana.