Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El año pasado, uno de los cuestionamientos al proyecto de ley de urgente consideración fue que implicaba tratar en forma acelerada numerosas cuestiones que podían y debían discutirse con detenimiento, sin encarar otras que, en el marco de la pandemia, sí requerían medidas urgentes. El debate sobre las prioridades del país mantiene vigencia, especialmente por el agravamiento de la situación que, desde hace ya diez meses, constituye una emergencia sanitaria.
Se reiteran las voces de alerta sobre problemas en ciernes para la atención de pacientes con covid-19. Médicos a cargo de centros de cuidado intensivo en hospitales públicos y privados temen que, si se mantienen las tendencias de las últimas semanas, el mes que viene haya insuficiencias importantes de personal de salud para ocuparse de las personas con cuadros más graves, y reclaman que las autoridades elaboren cuanto antes planes para hacer frente a esa situación.
Por otra parte, es evidente que la mejor forma de prevenir la sobrecarga de los centros asistenciales es desacelerar la propagación del virus. Para ello cada vez más especialistas recomiendan establecer mayores restricciones a la interacción social, y también mejorar los mensajes a la población sobre las precauciones necesarias. Sobre esto último, y sin necesidad de ser un experto, cabe agregar que brillan por su ausencia las campañas orientadas a sectores específicos cuya elaboración se había anunciado hace ya meses.
El hecho de que, en medio de la escalada de contagios, haya terminado la licencia veraniega anual de la construcción, y vuelvan a sus tareas unos 45.000 trabajadores, aumenta la necesidad de extremar precauciones. Al mismo tiempo, es notorio que los procedimientos diagnósticos se han enlentecido en vez de acelerarse.
En todos estos asuntos resulta obvia la necesidad de proceder con premura e incluso adelantarse a los acontecimientos, y esto sería así incluso si mañana comenzara la vacunación, porque de todos modos tenemos por delante un período crítico.
En otras cuestiones se verifican retrasos, o más bien la persistencia de peligrosas inacciones estatales. Es el caso de las normas sobre actividades rurales al aire libre cuando hay alertas meteorológicas: ayer, una vez más, murió un trabajador durante una fuerte tormenta, y tanto el sindicato del sector como la Institución Nacional de Derechos Humanos reclaman normas que permitan negarse a realizar esas actividades cuando hay riesgo de vida.
Tampoco parece ser prioridad la Fiscalía General de la Nación, cuyos recursos para funcionamiento e inversiones no aumentan desde 2015. La institución trata de adecuarse a las carencias de presupuesto; anunció que este año no podrá funcionar en forma autónoma su Unidad de Género, y probablemente cerrará dependencias en el interior del país, con la consecuencia indeseable de que la gente deberá recorrer mayores distancias para ser atendida.
Hasta mañana.